Escuché a una madre decir que como ella no tiene dinero, su hijo está siendo tratado de manera injusta por los tribunales de justicia. Se equivoca. No solo está recibiendo un trato distinto, sino que está siendo ignorado, o al menos así ha sido este año. La lentitud del sistema es el problema, alegan los fiscales y los políticxs y la gente lo cree, porque está acostumbrada a la tardanza en toda cuestión que involucre al Estado. También se equivocan.
El hijo de una popular animadora de TV, pasó como una ráfaga por la cárcel, a pesar de ser acusado de parricidio. Lo trasladaron a una clínica especializada donde esperó el juicio a buen resguardo.
Una razón que se utiliza es que cuando los delitos son muy graves, de sangre o contra la propiedad privada y pública, la demora es peor. Sin embargo, otro hijo, de padre y familia conocida, atropelló a un hombre y lo mató. Huyó del lugar y se escondió. Después, más tarde, cuando se habían activado hilos poderosos, se entregó y fue absuelto. No estuvo ni un minuto preso, ni cautelar, ni preventiva, nada. Es un delito de sangre agravado con abandono de la víctima. Sin contar con el estado de ebriedad. Un misterio que quedó a gusto del juez, ya que al huir, las horas hicieron su trabajo y no fue posible saberlo. ¿Sería un peligro para la sociedad este joven?
Atropellar a alguien es un accidente, que nadie quisiera vivir. Pero no prestarle ayuda, no llamar y esperar junto a la víctima, tratando de salvarla, son reacciones no ya de buena crianza, sino de mínima humanidad. ¿Es entonces la justicia igual para todxs en nuestro país?
Depende. Cuando el presidente responde que los presxs de la revuelta deben seguir detenidos con preventivas que parecen sentencias, es sospechoso. Cuando un expresidente declara que deben continuar detenidos porque quemaron la semana pasada cuatro buses del Transantiago (aunque no hayan sido ellos; recuerde que están en la cárcel). Cuando un subsecretario aparece por la TV asegurando que la delincuencia no será permitida, en referencia a los y las jóvenes de una revuelta social, es el momento que el gobierno se transformó en juez.
Y por si quedan dudas, entonces, nos habla un funcionario público que, conociendo las leyes y sabiendo que existe la presunción de inocencia, pero sobre todo, consciente que cada proceso es diferente, los mete a todos en un mismo saco. Eso es un acto irresponsable, mañoso, pero conveniente. Así, el gobierno envía un mensaje oblicuo y la gente entiende que ya fueron juzgados y cumplen cárcel por los destrozos.
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Las razones para detenerlos fueron los testimonios de Carabineros. Como si sus palabras bastaran y no conociéramos de sus montajes y mentiras en ocasiones anteriores, al obedecer órdenes de superiores corruptos.
Cuando los perseguidos son personas bien vestidas, con muchos abogados, de hablar educado y capital económico, son inocentes de entrada. Ellos sí pueden “equivocarse” o “calcular mal” o ponerse de acuerdo para engañar a un país entero, no es que roben, solo “se equivocan”. Con paciencia lo aceptamos. Sabemos que el dinero mueve los hilos del poder y estos señores están cubiertos de oro; es un riesgo molestarlos y que después se vayan, llevándose sus lingotes.
Alguien tiene que pagar, siempre es así. Y quién mejor que los que no tienen abogados dedicados solo a ellos, los que tiran piedras, los que protestan y saquean y más encima agreden a los indefensos carabineros.
Esos policías que usan armas reales y ríen contentos cuando apuntan a los ojos, que usan gases aliñados con toxicidad extra, en cómodos spray manuales, para empapar los rostros de detenidos ya reducidos en el suelo, se dan esos gustitos porque se saben inmunes. Ellos no pasarán encarcelados diez meses en prisión preventiva. Si de empujar a un joven por un puente se trata, si de disparar al cuerpo a menores desarmados, si de herir e incluso matar se trata, no es tan grave. Alcanzarán a estar detenidos una semana y luego pasarán la cautelar atendidos en sus domicilios o, en el peor de los casos, en una comisaría a buen resguardo.
Esta desigualdad de la justicia es conveniente para el presidente, porque es política. Él puede echar mano a esta imprecisa cantidad de jóvenxs detenidos, especialmente cuando se le desarma su entorno y es urgente enviar un mensaje de severidad, de mano dura, a ese sector que ya no lo apoya porque encuentra que ha sido débil en esto del orden público. Son la mejor carta y la razón está en no dejar duda a la opinión pública respecto a que ellos son los grandes delincuentes. A pesar de que los saqueos, los incendios, los portonazos, los robos en domicilios, asaltos en plena calle a vista del vecindario, han aumentado en los últimos meses.
Por otra parte, está la desesperación de madres y padres, que claman por un debido proceso, que ruegan que juzguen a sus hijos. Ellas no entienden que el ministerio del Interior debe instruir a los tribunales para que la demora continúe. Hay mucho rédito político en juego. Si después resultan inocentes, el sistema hizo su trabajo y ya está.
Que se entienda bien. Esto no es tan burdo como que Piñera manda una orden y listo. Es necesario hacer guiños, mandar recados, hablar al oído o derechamente hacer una llamada. Como la que el presidente realizó a la entonces ministra de Justicia, el año 1982 cuando fue declarado reo por fraude y se fugó y mantuvo escondido hasta que las condiciones le fueran favorables. La propia ministra, confesó compungida, que no pudo negarle la libertad al pertenecer a una familia amiga y tan querida.
Es lamentable que tantas mamás y papás, hijxs, parejas, abuelxs, no tengan el número de celular del actual ministro. Tal vez si se los facilitan, alcanzan a estar con sus hijos para Navidad. Porque si el presidente Piñera lo logró con un dictador, imagínense lo que sería posible ahora, en plena democracia.