El informe de Fiscalía Militar que acusó a Carabineros de violencia innecesaria en las movilizaciones de Aysén

A las 9:30 horas de esta mañana, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, recibirá en las dependencias del organismo a Teófilo Haro, el aysenino que perdió el ojo derecho tras recibir un disparo de Carabineros, en el marco de las manifestaciones que se desarrollaron en esa región el año 2012, bajo la consigna ‘Aysén: Tu problema es mí problema’.

El mecánico de 49 años llegará a la casona de Eliodoro Yáñez acompañado de su abogado Cristián Cruz para denunciar detalles del juicio que lleva en su contra el teniente Coronel Víctor Follert Alarcón, el uniformado a cargo del personal responsable del orden público de la zona.

En la cita, Haro denunciará además los obstáculos procesales que ha tenido, como que el Jefe de la Defensoría Jurídica de la Dirección de Justicia de Carabineros, Jaime Elgueta, -quien integra la corte de la Fiscalía Militar- también defiende jurídicamente a Follert.

Esto luego de que la Fiscalía Militar Letrada de Ejército y Carabineros de Coyhaique estableciera que, cuando Teófilo Haro fue atacado por los uniformados, recibiendo un impacto de perdigón en su rostro y otro en su pecho, “no había un incidente que requiera intervención policial”.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Haro se reúne con personal del Instituto de Derechos Humanos. Ya en ese entonces, cuando fue trasladado al Hospital Salvador donde finalmente perdió la visión de su ojo derecho, declaró haberse encontrado con un Carabinero oculto “detrás de un árbol”.

“Me disparó en el rostro, altiro. Caí al suelo y de ahí llega él y me pone otro disparo más en el pecho, y me dijo: ‘Aquí te rematé’, y me dejó ahí”, señaló en la oportunidad, provocando que el comisario de Aysén, mayor Sergio Gálvez anunciara una investigación administrativa.

Así, la jurisdicción militar, según el documento al que tuvo acceso El Dínamo, luego de establecer la ocurrencia secuencial de los hechos ocurridos la noche del 16 y la madrugada del 17 de febrero del 2012, estableció finalmente que el teniente Coronel Víctor Follert Alarcón es autor de los delitos de “violencia innecesaria, lesiones graves gravísimas, falsedad de palabra y falsificación de documentos referidos al servicio de las Fuerzas Armadas”.

Los 4 delitos del Teniente Coronel Para llegar a establecer la autoría de los delitos, la Fiscalía Militar Letrada de Ejército y Carabineros de Coyhaique realizó una secuencia cronológica de los hechos de la noche del 16 de febrero, fecha en que el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla estaba en la región reunido con autoridades locales y dirigentes sociales.

Para esto, se analizaron cerca de 30 partes e informes policiales, además de la transcripción de las comunicaciones radiales, de los informes médicos de Teófilo Haro, la copia de constancias policiales y la nóminas de personal en servicio de Carabineros, entre otros documentos. Además se tomó declaración a una treintena de personas, entre ellos los involucrados, las que luego fueron analizadas por la Policía de Investigaciones.

Tras eso, se pudo establecer una seguidilla de delitos por los cuales el Teniente Coronel de Carabineros Víctor Foller Alarcon fue sometido a proceso como autor.

Respecto a Teófilo Haro, al uniformado se le acusa de causarle “lesiones graves gravísimas”. El texto señala que “en el momento de las lesiones no hay incidente que requiera intervención policial” y que el uniformado actuó “de forma sorpresiva y a cortísima distancia”, disparando contra Haro “el arma de fuego que porta a la cabeza y luego un segundo disparo al tórax”.

El informe señala que debido al disparo, Haro “perdió definitivamente el ojo derecho, con ceguera permanente”, producto de un estallido ocular. Además quedó con ceguera parcial de su ojo izquierdo por el impacto del proyecto. Todo esto equivale a “una discapacidad física del 50% y sensorial de un 70%, ambas de carácter permanentes por lo que el ofendido ha quedado inútil para el trabajo, además de notablemente deforme en su rostro”.

Foller también es acusado de “violencia innecesaria causando lesiones graves a Claudio Palma Guzmán”, otro manifestante que la noche del 16 de febrero fue detenido violentamente. Según el informe, cuando el manifestante se alejaba de los desórdenes, fue alcanzado por un disparo de la escopeta antidisturbios, el que fue percutado “directamente al cuerpo” a una distancia de 15 a 20 metros, quien terminó en el suelo, semi inconsciente y con heridas graves.

Según la fiscalía militar, si bien Claudio Palma habría estado participando en las alteraciones del orden público “al momento de ser lesionado, no portaba armas o elementos que justificaran ser reducido por medio de disparos con la escopeta antidisturbios, menos cuando se alejaba del lugar”.

El tercer delito por el que es acusado Foller es el haber falseado su palabra respecto a asuntos del servicio.

Esto, porque el oficial a cargo del personal que opera en situaciones de control de orden público tiene la obligación de dejar constancia en la Central de Comunicaciones de Carabineros, Cenco, cada una de las etapas secuenciales del protocolo institucional, referido al uso gradual de los elementos disuasivos, como gases lacrimógenos y carros lanza agua, además de las razones de su uso.

Pese a esto, aquella noche de febrero, Foller obvió por algunas horas esa información, lo que para Fiscalía Militar es ocultar deliberadamente “la realidad de sus órdenes y acciones al no dejar constancia de los hechos”.

Además, en ese reporte Foller dio información falsa de su ubicación, lo que “tendría el evidente objeto de situarse a esa hora en un lugar distinto y alejado de aquel donde se lesionó a Tedófilo Haro, pretendiendo de esta forma y en su conjunto con la totalidad de informes verbales falsos, encubrir sus actuaciones y quedar descartado de cualquier tipo de responsabilidad de orden administrativo, disciplinario y o judicial”.

Estas declaraciones además afectaron directamente a el suboficial Héctor Aburto Castro, quien resultó dado de baja de Carabineros, pese a que según el informe “!no habría tenido grado de participación alguna en estos hechos ni conocimiento de la ocurrencia de los mismos en el momento y lugar, que sucedieron a más de 90 metros”.

Finalmente, el cuarto delito por el que está acusado Foller es la Falsificación de documentos referidos al servicio de Fuerzas Armadas, ya que en su constancia de los hechos, se atribuye participación a supuestas “personas enmascaradas” un supuesto “lanzamiento de bombas molotov” en contra del personal de carabineros y un supuesto “informe inmediato de “ fuerzas disuasivas.

Sin embargo, el documento explicita que “no existe antecedente alguno que siquiera permita presumir la presencia de enmascarados, no hubo lanzamiento de bombas molotov y no hubo constancia ni informes inmediatos”.

Esto, tendría como “único objeto desvirtuar la realidad misma para fines posteriores a fin de justificar el desmedido e irregular uso de medios y disuasivos químicos”.

El texto de 24 páginas tiene fecha del 7 de junio de 2013 y está firmado por el Capitán (J) Claudio Jara Olivares y autorizado por el Empleado Civil de Planta del Ejército, Ernesto Jara Correa; Fiscal Militar y Secretario de la Fiscalía Militar Letrada de Ejército y Carabineros de Coyhaique, respectivamente.

Follert quedó detenido en la casa de huéspedes de Carabineros, ubicada en Santiago esperando el procesamiento a cargo del fiscal militar Claudio Jara.

EL EXCESO POLICIAL

El informe de Fiscalía Militar además permite establecer ciertos hechos que reflejan el actuar policial que fue duramente cuestionado por los dirigentes sociales, debido a su violencia, descriterio al gran uso de elementos disuasivos y provocación. Esto porque según el documento, antes de las manifestaciones del 16 de febrero, en un bus policial había “tres escopetas antidisturbios calibre 12 , con 400 cartuchos con perdigones de goma, tres carabinas lanza gases calibre 37 mm y 404 municiones y 120 granadas lacrimógenas de mano”. Sin embargo, según el documento, “se hizo uso de 969 cartuchos antidisturbios de calibre 12, 905 granadas lacrimógenas calibre 37 mm. Y 626 granadas lacrimógenas de mano”. Además, establece que se incurrió a una “abierta infracción a los “protocolos institucionales de control de orden público”, en cuanto a Dialogar Contener, Disuadir, Despejar, dispersar y finalmente Detener”. Además por que entre los manifestantes había menores de edad y mujeres” Esto, “sirvió como provocación que generó fuertes y violentas reacciones por parte de los manifestantes en contra de los funcionarios policiales”.