COP de Escazú: Región pone plazo de seis años para mejorar situación de defensores ambientales

La Tercera Conferencia de las Partes (COP3) del Acuerdo de Escazú concluyó este miércoles en Chile con la aprobación de un plan para concretar la promoción y la seguridad de los defensores ambientales en la región.

El plan propone ejes prioritarios y acciones estratégicas para implementar en cada país firmante a lo largo de seis años hasta abril de 2030, y generar con ello un cambio tangible en el reconocimiento y la protección de quienes defienden la naturaleza en Latinoamérica y el Caribe.

Los cuatro ejes prioritarios del plan proponen por un lado generar conocimiento sobre la situación actual de las y los defensores ambientales y sus amenazas y fomentar que haya un reconocimiento a la labor que ejercen y su importancia.

Otro eje apunta a generar instancias para fortalecer las capacidades de estas personas para la defensa del medio ambiente, y por último que exista una cooperación internacional para implementar estas medidas y un seguimiento y revisión del plan en cada paso.

Para el primer eje, los países elaborarán un diagnóstico sobre la situación de los defensores ambientales y los instrumentos que existen de prevención, protección y sanción. El segundo eje apunta a actividades de conmemoración y reconocimiento al trabajo de defensores.

Para el tercer eje se implementarán leyes y programas, por ejemplo, para capacitar a operadores de justicia y otros actores relevantes en temas ambientales. Por último, se establecen instancias periódicas de evaluación del plan y la presentación de informes para dar cuenta del cumplimiento de los objetivos.

Protocolo para Chile

Durante la COP, el Estado de Chile presentó un nuevo protocolo suscrito por el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Defensoría Penal Pública, Carabineros y la PDI.

El instrumento tiene por fin coordinar a estas instituciones para mejorar la respuesta del Estado y su articulación ante los casos de violencia o amenazas contra defensoras y defensores ambientales y de derechos humanos.

El protocolo se aplicará cuando las personas que defienden los derechos humanos y de la naturaleza estén expuestas a sufrir lesiones o amenazas a sus derechos fundamentales, y se puede activar con la solicitud de cualquier persona, institución u organismo.

Si el hecho es constitutivo de delito se derivará al Ministerio Público para adoptar medidas de protección para la persona y su familia, y en caso de no serlo la Mesa de Coordinación Interinstitucional también podrá implementar otro tipo de medidas.

La Subsecretaría de Derechos Humanos habilitará un portal digital con información sobre las medidas específicas del protocolo y con un canal de denuncias o solicitudes de activación. La mesa interinstitucional realizará un informe mensual de los casos tratados con el protocolo.