Ricardo Camargo www.ricardocamargobrito.com

Hablar del golpe de estado de 1973 y de la dictadura que le siguió implica adoptar, aunque no se tenga conciencia de ello, un léxico particular. Para muchos, sin embargo, ello no es una elección. Se trata de las condiciones de posibilidad del habla histórica que habitualmente se imponen estructuralmente —a la vieja usanza de la ideología dominante. Hoy ese léxico es el de los derechos humanos. Un repertorio que ha reconducido la discusión al plano de la “memoria”: de aquéllos que murieron o desaparecieron y de sus victimarios, ¿cuál es la performatividad de dicha operación? En primer lugar, despolitizar la vida. En efecto, si hay algo natural en la vida es que ella nunca es abstracta, siempre de desenvuelve enraizada en procesos históricos concretos que la califican (politizan) y afectan en su propia condición natural. Así la vida que se asesina y la que resiste son siempre vidas concretas que incorporan en su propio valor universal dicha concreción. Aislar la vida de su devenir histórico es matarla nuevamente o moralizar su resistencia.

Es cierto, sin embargo, que la alusión al “contexto” ha hecho posible —no sólo en Chile— la justificación velada de la muerte, pero convengamos que ello es una operación burda que lo que termina haciendo es en verdad reforzar la inmunización y abstracción de la vida como el ethos dominante que el discurso los derechos humanos ha popularizado.

Los homenajes, por ejemplo, a los muertos, desaparecidos y torturados —hoy llevados a límites casi místicos— que omiten el contexto político en que dicha vida sucumbió o resistió, resultan ideológicamente violentos. No sólo recalifica a luchadores y militantes —que fueron muertos por estar enraizados en procesos abiertos de transformaciones radicales de las estructuras sociales y económicas (la lucha por el socialismo; por la derrocamiento de la dictadura, etc.)— en simples “víctimas” de una violencia inentendible, misteriosa y por lo mismo más intimidadora, originada más allá de cualquier contexto. La abstracción en tal sentido despolitizada es siempre más violenta que la universalidad concreta.

Ahora bien, si lo que queremos es hablar en serio de una política de la vida en oposición a una política sobre la vida (o de muerte), el atravesamiento por el “barro” de la concreción histórica resulta inevitable.

¿A qué se debe esto? Hoy más que nunca (desde el siglo XVIII en adelante, al menos) a que con la subsunción formal (y luego material) del trabajo por el capital, la vida ha devenido en objeto principal de la política. Más aún, la política se ha hecho una con la vida, mediante la administración de las poblaciones (de sus natalidades, mortalidades, higiene, salud, habilidades, etc.). El hacer vivir y dejar morir Foucaultiano hoy es posible leerlo en toda su dimensión: hay vidas que son imprescindibles producir, a saber, la vida del capital humano productivo, con habilidades no sólo técnicas sino fundamentalmente afectivas, de estilos, de pensamiento (o si se quiere de ideología). Y otras que simplemente se dejan morir. En tal sentido —y si se piensa bien—la verdadera operación biopolítica masiva (que afectó a millones) que llevó a cabo la dictadura militar chilena, comienza cuando la matanza de unos miles (luchadores y militantes) concluye. Es entonces, cuando la producción de vida de capital productivo —desde su habilidades técnicas hasta sus deseos productivos-consumidores— tiene lugar (a ello se les llamó las “siete modernizaciones”, y afecto a la salud, la jubilaciones, la educación, la organización del trabajo, etc.).

Lo curioso de este proceso —una curiosidad trágica— es que en la medida en que se extendía la hegemonía del discurso de los derechos humanos (esto es, se naturalizaba la moralidad abstracta), se consolidaba a la par la violencia de la política sobre la vida, esto es, de la vida neoliberal que se imponía más allá de todo alegato, y se dejaban morir otras vidas: la vida comunitaria, la vida pública (incluía las instituciones de educación y salud, como las Universidades, liceos, hospitales, consultorios). Lo peculiar de ese proceso —una peculiaridad cómica— es que los sectores políticos democráticos que más habían abogado por la defensa de los derechos humanos (algunos de ellos habían incluso sufrido en carne propio la represión dictatorial, como el ex-ministro Sergio Bitar) terminan aceptando silentes la violencia biopolítica impuesta por la dictadura. Más aún, profundizan las “modernizaciones” y otorgan legitimidad a la vida neoliberal producida (y como nadie, dejan morir ‘activamente’ las vidas alternativas, comunitarias y públicas; piénsese por ejemplo en el Crédito con Aval del Estado!). Esa es la historia trágico-cómica de la Concertación.

Es por ello que hablar del golpe de estado a 40 años de su ocurrencia y de la dictadura que le siguió es también hablar de la Concertación y de la violencia de la vida productiva (capital humano) impuesta y que ella ayudó a invisibilizar y extender. Hablar del golpe es finalmente mostrar el léxico desde el cual se habla, sus performatividades, sus operaciones ideológicas, sus violencias dichas y no dichas. Dentro de todo ello, la moralidad abstracta de los derechos humanos es quizás el discurso ideológico por excelencia y la obsesión reciente por el perdón, su artefacto más filoso. ¿No convendrá, por tanto, dejar ya los homenajes y volver a la política, una que se oponga a la violencia ejercida hasta hoy sobre la vida y que imagine nuevas vidas, tal y cual lo hicieron aquéllos a los que se homenajea en la “memoria”?