Filtración de comisión secreta complica relaciones con EE.UU. y tensiona a diputados

Con incredulidad reaccionaron algunos diputados cuando ayer miércoles se supo de la filtración de una sesión de la comisión de Relaciones Exteriores en que participó la embajadora de Estados Unidos, Bernadette Meehan. 

Fue la misma Meehan quien expresó su disgusto a los integrantes de la comisión. A través de un correo —relevado por Johannes Kaiser— la diplomática expresó su molestia debido a que un parlamentario presente habría filtrado de forma “inexacta” parte de la conversación que se sostuvo en la instancia. 

“Aunque los organizadores le aseguraron que el debate sería confidencial y se celebraría a puerta cerrada, los detalles de este se filtraron a la prensa de forma inexacta. Por lo tanto, la embajadora Meehan no celebrará más reuniones informativas sobre el Programa de Exención de Visado en este momento”, menciona el correo.

La filtración corresponde a la nota publicada por El Mostrador, en que se relata lo discutido en la sesión del pasado martes 16 de abril en la comisión de RR.EE. 

En la publicación, la fuente parlamentaria aseguró que la exposición de la embajadora “fue súper técnica la intervención. Nos mostró cómo había sido el trabajo entre servicios estadounidenses y chilenos, como el registro civil y la PDI. También nos explicó que había un par de legisladores y sobre todo grupos en ciertos estados de Estados Unidos, que han pedido cortar la Visa Waiver a Chile por ciertos casos donde ha habido robo a casas en lugar no habitado. Son casas millonarias, que no son visitadas regularmente. Sin embargo, los chilenos que se han detectado son casos contados”.

Corporacion presentará demanda

Una vez instalada la polémica, los miembros de la comisión —Vlado Mirosevic (PL), Tomás de Rementería (PS), Catalina del Real (Partido Republicano), Félix González (PEV), Carme Hertz (PC), Cristián Labbé (UDI), Cristhian Moreira (UDI), Francesca Muñoz (PSC), Diego Schalper (RN), Stephan Schubert (Ind. Repu.), Raúl Soto (PPD) y Alberto Undurraga (DC)— quedaron en una incómoda posición. 

Más aún, cuando la presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC), instruyó al secretario de la corporación, Miguel Landeros, analizar la situación para eventualmente presentar una demanda, lo que se terminó concretando. 

Fue el mismo Landeros quien confirmó este jueves el ingreso de la acción judicial por el posible “incumplimiento del artículo 246 del Código Penal”. 

Dicho artículo menciona que “el empleado público que revelare los secretos de que tenga conocimiento por razón de su oficio o entregare indebidamente papeles o copia de papeles que tenga a su cargo y no deban ser publicados, incurrirá en las penas de suspensión del empleo en sus grados mínimo a medio o multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales, o bien en ambas conjuntamente”. 

Es decir, una suspensión de hasta seis meses y una multa —en el grado máximo, de $1,3 millones. 

“Como se trata de una comisión parlamentaria, donde había funcionarios de la Cámara y parlamentarios, lo que hicimos fue presentar la denuncia. Acá tenemos que resguardar el principio del secreto y velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias”, comentó el secretario de la Cámara. 

Condena transversal

Algunos de los diputados que estuvieron presentes en la comisión salieron a condenar el hecho. Sin embargo, en el Congreso no se fían de este tipo declaraciones, tomando como ejemplo al diputado Miguel Mellado (RN) quien filtró a la prensa una conversación privada con el Presidente Gabriel Boric, y antes de admitir su responsabilidad, condenó el hecho.

Igualmente los diputados integrantes de la instancia dieron sus descargos. El diputado Diego Schalper (RN) calificó como “lamentable” la situación y valoró la denuncia interpuesta por la Secretaría de la Cámara. 

“Como miembro de la Comisión de Seguridad, lo que más lamento, especialmente cuando hay una comisión investigadora en marcha, es que habíamos varios que queríamos invitar a la Embajadora de Estados Unidos para que pudiera entregar la información que eventualmente tiene sobre el asesinato del Teniente Ojeda. Este tipo de situaciones lo que hacen al final es perjudicar a ese tipo de investigaciones, a la labor parlamentaria y al prestigio del Congreso”, añadió el diputado RN. 

Raúl Soto (PPD), también miembro de la comisión, señaló que la filtración es “grave” y llamó al filtrador a revelar su identidad y pedir disculpas. 

“Ojalá que la o las personas que cometieron esta filtración, que puedan también decirlo públicamente, que puedan reconocer el error, que se autodenuncien y a partir de allí se genere una certeza, porque lamentablemente acá pierde credibilidad la Comisión de Relaciones Exteriores como interlocutor válido, pierde credibilidad la Cámara de Diputados y el Poder Legislativo”, apuntó el diputado.