Una Agenda Energética para el nuevo ciclo de acumulación empresarial

El presente texto forma parte del
Cuaderno de Coyuntura, Nº4,
editado por el Centro de Estudios
Nodo XXI

A fines del 2010 no dejó de llamar la atención una penetrante y ampliamente difundida campaña publicitaria en que se alternaban dos situaciones: por un lado, un partido de fútbol a estadio lleno jugado con iluminación artificial, y del otro una mujer que enciende un secador de pelo, el cual al activarse ocasiona el apagón de las torres de iluminación del estadio. Con esta propaganda el empresariado buscaba alertar del supuesto caos energético que se avecinaba si no se cambiaba radicalmente el rumbo de la política energética. Pese a haber convocado a una Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico, a partir de la cual el Gobierno lanzó la Estrategia Nacional de Energía 2012-2030[1], las imágenes que rememora el empresariado son otras: por un lado las masivas movilizaciones contra el Proyecto Hidroaysén que surgen como reacción a la aprobación del proyecto por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén en 2011; y por otro, un año antes, cuando el mismísimo Ministro del Interior, descolocado ante la interpelación realizada en pantalla por Felipe Camiroaga sobre el Proyecto Barrancones cerca de Punta Choros, acusa recibo de la petición e indica que conversará el tema con el presidente Piñera[2].

Lo cierto es que, ya a fines del gobierno de la Coalición por el Cambio, cundía en el empresariado chileno una mala evaluación del desempeño de Piñera en materia energética, que resultó incapaz de retomar las riendas en esta materia y quebró relaciones con el gran empresariado. Esas coyunturas, sumadas a la oposición activa de las comunidades locales involucradas en estos proyectos, evidencian el creciente malestar con la forma de llevar adelante proyectos de desarrollo energético. Efectivamente, se instala, como en otras áreas de la vida social, un reclamo de amplias franjas de la sociedad que denuncian, aunque de manera menos nítida que en el conflicto educacional, la subsunción de la calidad de vida frente al poder incontrarrestable de los intereses empresariales. Malestar que, además, la institucionalidad política no es capaz de procesar.

Este nuevo escenario de incertidumbre no sólo golpea a una parte del empresariado, específicamente a aquel ligado a esta rama de la economía, y que goza de los beneficios de un mercado altamente concentrado; más profundamente, significa un golpe directo a la pretensión elitaria de retomar el esquivo camino del crecimiento económico sostenido. Este estancamiento se explica por razones estructurales como la baja productividad de la economía, una fuerza laboral poco calificada y una reducida capacidad de agregar valor más allá de la extracción de recursos naturales; pero también por el alto precio de la energía y por las dificultades para aprobar nuevos proyectos de inversión.

La incapacidad de Piñera para conducir la política energética hacia el objetivo trazado por la élite empresarial produce un vacío de conducción política en un área considerada estratégica. Este espacio busca ser llenado por la Agenda Energética de Bachelet que, capitaneada por el ministro Pacheco, apunta a recuperar el tranco de inversión en esta materia. Y con ello, mejorar las condiciones de acumulación del empresariado nacional y extranjero.

A continuación se interroga respecto al papel que cumple la Agenda Energética presentada por Bachelet. Una respuesta tentativa puede ser que esta política busca resolver la diversificación de la matriz energética, en particular la reducción de la participación de combustibles fósiles en ella; la elevada concentración del mercado energético; y la tensión entre las necesidades del crecimiento económico y el desenvolvimiento de un modelo de desarrollo sustentable. En cambio otra puede ser que la Agenda Energética es una forma de cumplir con la demanda empresarial, en orden a movilizar los recursos y la autoridad del Estado para destrabar los conflictos que impiden el despliegue de este sector. En un escenario, el Estado lleva adelante un proyecto de sociedad, tomando decisiones estratégicas que resguardan los intereses de toda la población; mientras que en el otro, lejos de la imagen instalada en torno a la prescindencia estatal en la actividad económica, este se pone al servicio de regular los conflictos que impiden la concreción de los intereses empresariales, a saber, retomar el tranco del crecimiento económico.

1. La importancia de la Energía para el empresariado chileno

El neoliberalismo chileno enfrenta hoy una serie de desafíos estratégicos que buscan desatar una serie de nudos que dificultan el ensanchamiento de la capacidad productiva nacional. El empresariado, al menos a nivel de sus principales conducciones, es consciente de este proceso, y una buena síntesis del conjunto de demandas que este sector de la sociedad plantea, se encuentran en la presentación que Andrés Santa Cruz (mandamás de la CPC) realizó en ENADE 2013[3]. En ella, son claramente identificables los siguientes elementos:

i) El desarrollo implica incrementar la capacidad de crecimiento potencial de la economía a un 5%;

ii) Ello requiere un incremento de las tasas de inversión a un 28% del PIB;

iii) Adicionalmente se requieren reformas a la institucionalidad laboral, al sistema educativo y al de capacitación;

iv) Ello requiere de un proceso de modernización del Estado que incremente la fortaleza institucional, en un marco basado, en palabras de Santa Cruz en “confianza, acuerdos y respeto”; y

v) Se necesita con urgencia destrabar las inversiones en el sector energético.

El reclamo empresarial por una política energética clara se ha vuelto crítico, dado que se intersecta con varias de las áreas del programa con el que interpelan al Estado. Por un lado, la falta de proyectos implica un aumento en los costos y por ende una menor producción, impactando negativamente en el crecimiento de la economía[4]. Pero junto con ello, la movilización de las comunidades y la judicialización de los proyectos han erosionado al máximo la institucionalidad diseñada para procesar este tipo de conflictos. Por ende, el escenario actual implica mayores barreras de entrada tanto a inversiones productivas que requieren energía como insumo, como a inversiones directamente asociadas a energía.

A partir del diagnóstico anterior, el empresariado ha instalado con fuerza que la inestabilidad del escenario energético se explica por falta de inversión asociada a la judicialización de los proyectos y a la oposición tenaz de las comunidades. Ambos elementos conspirarían no sólo contra la tramitación de los proyectos vigentes, sino que representan un fuerte desincentivo al ingreso de nuevos proyectos de inversión que han migrado a países como Colombia, México o Perú. Por otra parte, ambos elementos son parte de un escenario que, a juicio de los empresarios, se ha agudizó por responsabilidad del gobierno de Piñera.

2. Las complejidades actuales del mercado de energía en Chile

Para comprender mejor el funcionamiento del mercado energético chileno y sus actuales complejidades, cabe recordar que a partir de las reformas implementadas en 1982, el sistema se organiza en tres fases separadas: generación, transmisión y distribución de energía. Estas tres actividades son desarrolladas íntegramente por capitales privados, en un contexto de altísima concentración de mercado. Un estudio encargado por la Fiscalía Nacional Económica[5] para caracterizar los niveles de competencia en este sector, afirma que tanto los mercados del Sistema Interconectado Central como del Sistema Interconectado del Norte Grande son altamente concentrados, sin la entrada de actores relevantes durante los últimos años a excepción de cambios en la propiedad de las compañías que ya dominan el sector. Entre 2001 y 2012, afirma el estudio, las tres empresas controladoras del mercado (Endesa, Colbun y AES Gener) representan cerca del 90% de la capacidad instalada total del SIC. Por otra parte, si se observa la venta de contratos en el mismo período, las tres generadoras mantienen la misma participación.

Esta situación, que de acuerdo a los autores es de carácter oligopólica, implica que “las empresas son conscientes del impacto que tienen sus decisiones sobre los equilibrios de mercado. (…) Por ello, los inversores eléctricos no sólo basan sus decisiones de inversión sobre series históricas de precios, o previsiones futuras, sino que también tienen en cuenta consideraciones estratégicas que están ligadas a la intensidad de la competencia en el mercado. En otras palabras, los precios de la electricidad pueden ser elevados sin que ello incite necesariamente la expansión de la capacidad”[6]. Es en este escenario de un mercado dominado por tres actores, donde tienen lugar algunos de los rasgos más conocidos sobre la situación energética del país: el aumento en los precios, el cambio en la composición de la matriz energética con un fuerte crecimiento del carbón, el aumento creciente de la demanda, y la movilización activa de las comunidades y organizaciones sociales para oponerse a los proyectos.

Tal vez el indicador más visible de las complejidades de la producción de energía es el del aumento de precios. Por un lado, afecta a toda la población chilena, que ve incrementarse los precios de las cuentas de electricidad, y por otro significa el reclamo permanente del empresariado por el aumento en los costos que implica esta alza, con el consiguiente efecto en cuanto a disminución del potencial de crecimiento económico y pérdida de competitividad, situación que es frecuentemente expuesta por los medios de comunicación. Por ejemplo, La Tercera, en su edición del 7 de junio de 2012, muestra datos de la OCDE y la Agencia Internacional de Energía, para resaltar que los precios de electricidad para hogares son en Chile un 60% más caros, en relación al promedio de los países de la OCDE. Ello además en el contexto de un alza de estos precios de un 365% entre 1998 y 2012.

Grafico 1: Participación de distintas fuentes en la matriz energética SIC – SING 1996-2014

Fuente: Elaboración propia en base a Estadísticas de Generación Bruta SIC – SING, Comisión Nacional de Energía.

Este contexto de precios altos se relaciona también con los cambios que ha experimentado la matriz energética a partir de circunstancias externas, cuestión que puede observarse en el gráfico 1. En él se aprecia que, a contar de la segunda mitad de la década de 2000, comienza un proceso de carbonización de la matriz energética, originado como respuesta a la crisis de abastecimiento del gas argentino. Dado el hecho que en Chile las decisiones de política energética se toman en el mercado, resulta obvio que el interés empresarial optara por la tecnología más económica en términos de inversión inicial, y menos riesgosa como inversión en términos de la disponibilidad del recurso (a diferencia de tecnologías como por ejemplo la hidráulica o eólica, en que la disponibilidad del recurso depende de factores climáticos). Todo ello generando, por supuesto un nocivo efecto ambiental, que percibe la sociedad en general y en particular las comunidades directamente afectadas por este tipo de proyectos.

Otro de los elementos que agrega mayor complejidad y que pone en jaque el objetivo empresarial es el aumento de la demanda. En relación a este aspecto, un estudio de la Universidad Mayor[7] plantea que al proyectar un crecimiento de 4% del PIB en los próximos diez años, es posible vislumbrar una demanda del doble de la actual. Para ilustrar esta tendencia, el gráfico 2 muestra la evolución del consumo de energía eléctrica:

Gráfico 2: Distribución de energía eléctrica por tipo de cliente 1997-2011

Fuente: Elaboración propia en base a Series Mensuales Generación y Distribución Eléctrica, INE.

En el gráfico 2 se aprecia, por un lado que la tendencia al aumento en el consumo es transversal en todos los consumidores de energía eléctrica. Pero junto con ello, muestra que la minería e industria explican en conjunto el 60% de la demanda eléctrica, mientras que el consumo residencial demanda solo el 16% del total. La minería, por su parte, consume un 30% de la electricidad generada en el país. Esto último, si bien es consistente con la relación entre demanda eléctrica y crecimiento del PIB en un país minero como Chile, implica un subsidio implícito de los hogares hacia la actividad económica. En efecto, el escenario de alzas en los precios afecta tanto a la actividad económica como al consumo residencial, en circunstancias que es la minería el principal destino de la energía generada. Energía que en el caso de la minería privada implica un costo adicional que pagan los hogares para sostener una actividad extractiva que deja exiguos ingresos fiscales.

Finalmente, este escenario es coronado por masivas movilizaciones sociales, organización activa de comunidades afectadas, y una estrategia de judicialización de proyectos de generación de energía, que han hecho visibles los numerosos ripios y enormes vacíos de las instancias de evaluación ambiental. Fundamentalmente, son reclamos que apuntan a un deterioro de la calidad de vida de las comunidades producto de la modalidad de desarrollo primario exportadora vigente, y, en la medida que son atendidos por los tribunales, golpean significativamente los intereses empresariales. Las empresas generadoras estiman que por proyectos “judicializados” hay cerca de 8500 MW detenidos, asociados a una inversión equivalente de US$ 25.000 millones[8].

La suma de todos estos elementos implica un obstáculo abierto al despliegue del interés empresarial, especialmente en lo relacionado con la movilización social, que establece un contrapeso al primero y le resta legitimidad social. En este escenario, el gobierno de Piñera implicó además el debilitamiento temporal de la relación entre empresariado y Estado, con el primero mostrando incapacidad de orientar la política estatal, y el segundo cediendo a la presión ciudadana para recuperar la esquiva popularidad, pero sin capacidad real de imponer una agenda que fuese representativa de esos intereses sociales.

3. La respuesta de la Concertación: Máximo Pacheco y la Agenda Energética

Frente a este escenario de estancamiento energético, Bachelet incorpora dentro de su programa de Gobierno la idea de elaborar una Agenda de Energía como compromiso para los primeros 100 días. Y junto con ello, en el marco de su pretensión de dar inicio a un nuevo ciclo político y social, instala la necesidad de un desarrollo energético que sea capaz de conciliar la protección del medio ambiente y el interés de las comunidades, con el requerimiento de incrementar la producción y así satisfacer la demanda requerida para encaminarse al crecimiento económico. Ya instalada en el gobierno, la primera señal que entrega es de tranquilidad para el empresariado: Máximo Pacheco, ex director del Grupo Luksic, amigo de Andrónico Luksic y Bernardo Matte, compañero de colegio y amigo de Rafael Guilisasti (ex presidente de la CPC), y sobrino de los jerarcas del Grupo Matte, es nombrado Ministro de Energía[9], con lo cual se garantiza línea directa entre Gobierno y empresariado.

¿Qué valor tiene esta señal en cuanto a los contenidos de la hoja de ruta que se propone el Gobierno? Tras una serie de reuniones con distintos actores y trabajo de equipos técnicos, el 15 de mayo del presente año se da a conocer la Agenda Energética, cuyos ejes más sustantivos son:

– Establecer un nuevo papel del Estado, que sea capaz de articular una visión común y de largo plazo sobre política energética. Para ello, las líneas de acción más relevantes son: i) el fortalecimiento de la institucionalidad del Ministerio de Energía; ii) el fortalecimiento de ENAP como empresa de hidrocarburos del país (reformando el gobierno corporativo y comprometiendo una capitalización de la empresa); iii) la elaboración de una Política Energética basada en un proceso de diálogo amplio; y iv) el apoyo al Ministerio del Medio Ambiente en el mejoramiento de la regulación ambiental.

– Reducir los precios de la energía, a partir de mayor competencia, eficiencia y diversificación en el mercado energético. Para ello se definen como líneas específicas: i) el rediseño de las licitaciones de suministro de clientes regulados y ii) la promoción del uso del GNL en la matriz energética en reemplazo del diésel.

– El desarrollo de recursos energéticos propios, para lo cual plantea: i) el apoyo al desarrollo hidroeléctrico con criterios de sustentabilidad; ii) estimular la integración de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) para el cumplimiento de la Ley que fomenta su uso; iii) promover el desarrollo de un mercado de ERNC de autoconsumo; iv) promover el desarrollo de la energía geotérmica.

– Mejorar la conectividad de la transmisión energética. Para ello apunta a: i) realizar estudios que determinen cambios al marco regulatorio del sistema de transmisión del país; ii) la interconexión entre el SIC y el SING; iii) Fortalecimiento de la interconexión regional.

– En materia de eficiencia energética, plantea: i) una Ley de Eficiencia Energética y ii) medidas para masificar la creación de proyectos de eficiencia energética.

– Establecer un impulso a la inversión en Infraestructura Energética

– Incorporar participación ciudadana por medio de un proceso de ordenamiento territorial y el diseño de estándares e institucionalidad para el desarrollo participativo de proyectos.

Tras la difusión de la agenda, las voces críticas han sido muy tenues. Y llama poderosamente la atención el grado de unanimidad con que el empresariado ha recogido la propuesta. En ese sentido, hay una serie de hitos que dan cuenta de cuál es el sector mayormente favorecido con este conjunto de iniciativas. En primer término, el día 10 de junio, el Comité de Ministros anunciaba el fin definitivo del Proyecto HidroAysén. Y mientras figuras de la política de manera transversal celebraban la noticia, entre las cuales por ejemplo el ex candidato presidencial del PRO “felicitaba al Gobierno por su decisión”[10], un día antes era aprobada una termoeléctrica en Cabrero, respecto de la cual el alcalde alega que ello se hizo sin un estudio de impacto ambiental[11].

Un par de semanas después, Bachelet, Pacheco y otros ministros asisten, en Casa Piedra, a la Cena Anual de la Energía. Esta verdadera cumbre político-empresarial marca por un lado, la validación y el respaldo que el empresariado casi al unísono le entrega a la Agenda Energética. A modo de ejemplo, el gerente de Enersis, indicó en dicha instancia: “Necesitamos energía competitiva, barata, y entre todos tenemos que remar en la misma dirección (…) Los plazos que se han marcado son correctos y creo que todos somos capaces de conseguirlos”[12]. Pero por otra parte, y en una cuña que Estrategia recoge en su edición del 30 de julio, es la propia Bachelet la que en dicha Cena apunta: “Nos esforzaremos para que se puedan incorporar a nuestra matriz de generación eléctrica cuanto antes, proyectos convencionales que ya cuentan con una favorable Resolución de Calificación Ambiental y que cumplan con la normativa vigente. También nos jugaremos por las iniciativas de generación que actualmente están incorporadas en el plan de obras de la Comisión Nacional de Energía”[13]. La misma nota recoge que este paquete ha sido visto por el empresariado como un “nuevo escenario”, dada la capacidad de la Agenda de transformarse en una hoja de ruta efectiva y que puede despejar las incertidumbres del pasado. En este marco, los tres actores que controlan el mercado, vuelven a dar difusión a planes de inversión que entre las tres empresas totalizan inversiones por más de US$ 12.000 millones. Sólo mirando esos números, es claro que la agenda energética no implica reducir su participación, sino más bien apuntalar y volver a dotar de legitimidad social su papel en el mercado de la energía.

4. Energía y matriz productiva

El problema energético en Chile, además de los elementos de mercado que han sido mencionados, es un problema fundamentalmente político, en el sentido de remitir a agudos desequilibrios de poder. Las decisiones sobre cuánta energía producir y bajo qué tecnología hacerlo no las define la sociedad a través del Estado, sino un conjunto de empresarios que sólo se basan en criterios de utilidad, sin considerar ni el interés general ni la dimensión medioambiental. Y ese mismo actor dominante radicaliza el desequilibrio al usar su poder y con ello impedir la entrada de nuevos actores, comprometiendo incluso la lógica de librecambio neoliberal.

Por otra parte, la institucionalidad ambiental es débil, tanto en los estándares que utiliza como en cuanto a la capacidad que tiene de resistir presiones políticas o empresariales. Ya en 2012 se elaboraron informes que mostraban que en los Estudios de Impacto Ambiental «la información presentada sobre la modelación era muy escasa o inexistente, no cumpliendo con los requisitos mínimos de confiabilidad, esto es, que los resultados sean reproducibles y los supuestos revisables por la autoridad»[14]. Como botón de muestra de lo permeable que es el sistema, el 28 de Julio el Ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, le pidió la renuncia al Seremi de Medio Ambiente de la Región de Tarapacá, Juan Carlos Liendo, aparentemente por la oposición de este último al proyecto minero Cerro Colorado. En este escenario, las comunidades quedan desprotegidas y muchas veces sometidas al chantaje empresarial de la elección entre tener empleo o cuidar el medio ambiente.

En el marco de la presente Agenda Energética, vista desde el prisma del problema político subyacente, la iniciativa es débil en varios sentidos:

– La mayor presión sobre la matriz energética la pone el propio modelo de desarrollo, que extrae recursos naturales (que no quedan en Chile en su gran mayoría) y no es capaz de agregar valor, generando actividades económicas que sean menos intensivas en energía Este hecho termina afectando a los ciudadanos comunes que ven incrementado el costo de las tarifas eléctricas. Por ende, la discusión de matriz energética requiere ineludiblemente la discusión de la matriz productiva.

– La Agenda apuesta a generar mayor competencia en el mercado y el ingreso de nuevos actores, pero no define metas específicas ni horizontes en cuanto a la desconcentración efectiva del mercado.

– La agenda podría haber optado, en la línea de corregir este desbalance que hoy opera a favor de los controladores del mercado, por la participación del Estado en la generación eléctrica, generando competencia efectiva y la definición de objetivos energéticos considerando criterios más amplios que los de mercado. A modo de ejemplo, el mercado eléctrico de Estados Unidos funciona con un conjunto de generadoras públicas, e incluso en la discusión programática de Bachelet, los integrantes del comando del Área Energía sugirieron incorporar en el programa la ampliación del giro de ENAP y su transformación en la Empresa Nacional de Energía[15], lo cual finalmente fue descartado por ella.

– Por otra parte, la Agenda hace una mención muy vaga de los criterios con los que se reformularía la Evaluación Ambiental. Por lo menos no hay una mención explícita de esta herramienta como clave en equilibrar el poder de generadoras y comunidades, protegiendo a estas últimas del abuso de poder de mercado de las empresas. En lugar de ello, la Agenda valida explícitamente a aquellos proyectos que actualmente hayan aprobado la evaluación ambiental, lo cual es una mala señal para las comunidades que se oponen a los proyectos y un tremendo espaldarazo al plan de inversiones de las generadoras.

– Finalmente, el esbozo de la incorporación de la participación de las comunidades aparece como accesorio y no vinculante. El resguardo del interés general demandaría instrumentos que establezcan legalmente la participación vinculante de las comunidades, no sólo en el ordenamiento territorial, sino en criterios de definición de matriz energética en el marco de Planes Regionales.

De manera coherente con lo que sucede en los demás campos de la política gubernamental, la Concertación, revistiéndose de una semántica asociada a derechos sociales, objetivos colectivos y alusiones a nuevos ciclos, termina encubriendo el carácter eminentemente pro empresarial de su programa. En este caso, el Estado termina siendo el actor que elimina los cuellos de botella y de alguna manera hace uso de su capital político para dirimir los términos de un conflicto, y con ello garantizar las inversiones del empresariado.

Lo anterior implica volver a insistir en una idea central para la interpretación del actual momento político: el Estado brinda al empresariado los frutos de su acción diligente y en la práctica reinaugura un pacto social con este, mientras que el mismo Estado se niega a regular los conflictos que afectan a los sectores subalternos, y específicamente en el tema energético, se niega a definir una matriz productiva y energética sustentable en el tiempo. En ese sentido, por más veces que el Ministro Pacheco mencione la palabra diálogo, el Estado se mueve en la dirección opuesta a un proceso de recomposición de lo público y expansión de la democracia, el cual implicaría redefinir quién y cómo se toman las decisiones.

En definitiva, no debe evaluarse la agenda energética sólo desde la perspectiva de incorporación o no de las propuestas de sectores ambientalistas o de las comunidades organizadas en la defensa su calidad de vida. En la medida que la agenda no resitúa el papel del Estado como representante de la sociedad como un todo, ni apunta a corregir el abismante desequilibrio de poder entre las empresas generadoras y el resto del país, es fácil derivar que el objetivo explícito de esta iniciativa es más bien el liberar las trabas que tiene el empresariado para seguir con su proceso de acumulación.

NOTAS

[1] La Segunda (2012, 28 de febrero). Piñera fija estrategia de energía al 2030: Más hidro y renovables. La Segunda. Recuperado en http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2012/02/725275/Pinera-anuncia-Estrategia-Nacional-en-Energia-Queremos-llegar-al-2020-consumiendo-un-12-menos

[2]Buscaglia C. (2010, 25 de Agosto). Camiroaga se enoja e interpela a Hinzpeter por aprobación de termoeléctrica. El Mostrador. Recuperado en:http://www.elmostrador.cl/pais/2010/08/25/camiroaga-se-enoja-e-interpela-a-hinzpeter-por-aprobacion-de-termoelectrica/

[3]Santa Cruz A. (2013, 17 de octubre). “Plus Ultra”. Desafíos para cruzar el umbral del desarrollo [diapositivas de PowerPoint]. Recuperado de http://www.icare.cl/images/biblioteca/20131017113333_andres-santa-cruz-enade2013pdf.pdf

[4]Diario Financiero (2014, 13 de enero). Déficit energético podría hipotecar hasta en un 1% el crecimiento potencial de Chile. Diario Financiero. Recuperado de https://www.df.cl/noticias/empresas/energia/deficit-energetico-podria-hipotecar-hasta-en-un-1-el-crecimiento-potencial-de-chile/2014-01-10/220041.html

[5]Fabra N., Montero J. & Reguant M. (2014). La Competencia en el Mercado Eléctrico Mayorista en Chile. Santiago: Informe Fiscalía Nacional Económica. Recuperado de http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/informe_final_FNE_Enero13_2014.pdf

[6]Ibid.

[7] Betancour, M. (2009, Agosto). Demanda y fuentes de suministro energético. Estudio CIGE–Universidad Mayor(4). Recuperado dehttp://www.umayor.cl/cige/descargables/estudio4.pdf

[8]Generadoras Eléctricas A.G. (2013, 2 de octubre). Desafíos eléctricos para Chile [diapositivas de PowerPoint]. Recuperado dehttp://generadoras.cl/wp-content/uploads/Microsoft-PowerPoint-Seminario-La-Serena-RENE-MUGA-S%C3%B3lo-lectura.pdf

[9] Para un perfil de las redes políticas y empresariales de Pacheco ver Pérez X. (2014, 3 de febrero). Máximo Pacheco tiene un millón de amigos. El Mostrador.Recuperado dehttp://www.elmostrador.cl/pais/2014/02/03/maximo-pacheco-tiene-un-millon-de-amigos/

[10]UPI. (2014, 4 de agosto). Enríquez-Ominami y rechazo a HidroAysén: “Felicitamos al gobierno por su decisión”. El Mostrador. Recuperado de: http://www.elmostrador.cl/pais/2014/06/10/enriquez-ominami-y-rechazo-a-hidroaysen-felicitamos-al-gobierno-por-su-decision/

[11]La Segunda. (2014, 12 de junio). Anuncian protestas y acciones judiciales en Cabrero tras aprobación de central termoeléctrica de 20Mw. La Segunda. Recuperado de: http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2014/06/941503/cabrero-en-alerta-tras-aprobacion-de-central-termoelectrica-de-20-mw

[12]Pérez C. & y Jara S. (2014, 26 de junio). 10 líderes empresariales instan al Gobierno a concretar la agenda. La Tercera. Recuperado de: http://www.latercera.com/noticia/negocios/2014/06/655-584058-9-energia-10-lideres-empresariales-instan-al-gobierno-a-concretar-agenda.shtml

[13]Estrategia. (2014, 30 de julio). Los Proyectos de los “Tres Grandes” Que Podrían Frenar el Alza en el Precio de la Energía. Estrategia. Recuperado de http://www.estrategia.cl/detalle_cifras.php?cod=9410.

[14]González R. (2012, 22 de septiembre). Estudios de Impacto Ambiental en la mira: Informe encargado por el gobierno revela que «no cumplen con requisitos mínimos de confiabilidad». La Segunda. Recuperado de www.lasegunda.com/Noticias/Impreso/2012/09/782680/estudios-de-impacto-ambiental-en-la-mira-informe-encargado-por-el-gobierno-revela-que-no-cumplen-con-requisitos-minimos-de-confiabilidad

[15] http://www.elmercurio.com/blogs/2013/09/24/15521/Comision-de-Bachelet-propone-transformar-Enap-en-Empresa-Nacional-de-Energia.aspx