Cárcel para el lucro

¿A qué le teme la Nueva Mayoría en relación a la Reforma Educacional? La pregunta me la formulo, porque no deja de sorprenderme algunas reacciones que ha tenido el Ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, durante estas últimas semanas, en cuanto a algunas formulaciones que están realizando algunos parlamentarios del propio sector oficialista.

Sin ir más lejos, esta semana, el Secretario de Estado transmitió su inquietud por una serie de indicaciones ingresadas por diputados oficialistas para modificar el proyecto que elimina el lucro, el copago, y la selección a nivel escolar, y a cuya tramitación, además, el Gobierno ha puesto suma urgencia. La iniciativa, viene de parte de los Diputados Fidel Espinoza (PS), Giorgio Jackson (RD), Camila Vallejo (PC) y otros legisladores del PPD, quienes han instalado sobre la mesa la discusión de tipificar el lucro como delito. Y es precisamente esto último, lo que parece incomodar a Eyzaguirre, dado que si eventualmente lograra aprobarse la indicación, podría acarrear penas de cárcel en determinados casos. Finalmente el Ministro, durante la jornada de ayer martes 23 de septiembre, aceptó a regañadientes la moción y de forma incompleta, dado apoyó una fórmula intermedia que castiga el lucro a nivel escolar, estableciendo, en ciertas casos, sanciones de cárcel efectiva.

Pero, ¿por qué Eyzaguirre se ha mostrado tan incómodo? ¿Acaso le teme a seguir bajando en las encuestas? El titular de la cartera de Educación ha manifestado cierta incomodidad y actitudes –a mi juicio– bastante irresolutas y dubitativas en torno a este tema, porque precisamente sabe que sería uno de los grandes hitos de la reforma educacional. Sabe también que de ser incluida, la artillería de la derecha comenzaría una guerra de declaraciones que podrían incluso en terminar en el espectáculo de interpelaciones en el Congreso. Porque sinceremos el debate. Para cambiar realmente la crisis educacional que afecta a nuestro país, se deben crear leyes ejemplares en torno a quienes han incurrido en las malas prácticas como el lucro. Si somos capaces de condenar conductas inapropiadas en torno a la colusión de farmacias, entonces como no vamos a poder ser capaces de legislar en torno a este delito que es tan grave como el anterior. Pero Eyzaguirre, como dije, se ha mostrado incierto y teme.

El pasado lunes, sin ir más lejos, en la habitual reunión del comité político y los presidentes de la Nueva Mayoría, manifestó que había que tener cuidado con las propuestas que exceden lo acordado en el oficialismo y que, además, contienen disposiciones que van más allá de lo estipulado en el programa de Gobierno, por lo que pidió una “alineación” en lo que ya ha sido zanjado anteriormente.

Lo que no deja de llamar la atención, es que tres presidentes de partidos que debiera suponerse que apoyarían esta indicación (el PS, Osvaldo Andrade; el PPD, Jaime Quintana y, el, PC, Guillermo Tellier) expresaron sus advertencias de que era mejor ceñirse al programa y presentar la reforma tal cual está. Sobre la Democracia Cristiana no habría mucho que analizar, dado que sabemos desde qué vereda se encuentra dentro del propio conglomerado. Por eso, vuelvo a preguntarme ¿a qué le teme la Nueva Mayoría, particularmente el Ministro de Educación? Es que acaso tienen miedo de parecer demasiado reformistas, o que la retroexcavadora avance sin control. Parecen estar de manos atadas actuando robóticamente en torno al programa, obedeciéndolo como si fuera una palabra sagrada.

La indicación parece osada, pero apunta en la dirección correcta, porque quien burle aquella norma sobre el lucro cae en la tipificación de un delito. En palabras simples –y para entender la gravedad del lucro en la educación– es como cuando quienes administran bienes públicos se los llevan a su bolsillo. Todos sabemos que eso es penado por la ley. Pues bien, así también debiese ocurrir en educación. Huele más a que la reforma necesitan sacarla a cómo dé lugar. Porque tipificando y oficializando este asunto, la Nueva Mayoría perdería los votos de la centro derecha y, por cierto, del centro, léase la Democracia Cristiana.

En lo medular, la indicación de tipificar el lucro como delito quiere decir que aquellos sostenedores que utilicen los dineros estatales en otros fines que no sean los educativos arriesgarían penas de cárcel, es decir, si una persona está constituida como sin fines de lucro, pero consigue hacer algún truco para apropiarse de los recursos que estaban destinados para la educación de los niños, recibiría una sanción ejemplar e incluso pena de cárcel. Esto, sin duda, tiene que ver con la malversación de fondos, un tema común en nuestro país.

En este sentido, el Diputado Giorgio Jackson, ha manifestado que insistirá en que esta indicación sea incluida en la discusión, lo que demuestra un debate serio y profundo, sin temores ni tampoco dejándose engatusar por el programa. Vale más una buena reforma que una a medias. El lucro es uno de los núcleos esenciales de nuestra crisis educacional, por lo que atacarlo y sacarlo de raíz merece todas las penas de la ley, así sean con cárcel o con sanciones que sean en pos de mejorar el futuro de todos quienes vendrán. Ánimo Ministro.