mapuche-620x330Hace pocos días El Mercurio ha publicado un artículo[i] que nos habla del aprovechamiento que existiría, de parte de no mapuche, de recursos del Estado orientados a la asistencia de los verdaderos mapuche (subsidios de vivienda, becas de estudios, salud, etc.). Se trata de un estudio que habría publicado la Fundación Aitue, un think tank de derecha y con vínculos al empresariado de la Araucanía, que ya ha mostrado otros estudios “científicos”, dedicados a demostrar que solo una minoría de mapuche se siente únicamente mapuche, cuando la mayoría se declara chilenos. Según la opinión en comillas de uno de los miembros de este think tank: “hoy estamos fabricando indígenas…” (que además “se coloca[n] en fila de los beneficios que van al indígena…”) . Esta frase para el bronce, que tienen origen en el prodigioso descubrimiento del estudio, provoca escribir estas líneas, para discutir algunos puntos que preocupan a estos custodios del erario público.

Primero, que 12.470 personas identificadas como no mapuche por los representantes de la F. Aitue, se declararan mapuche por la vía de la auto-identificación, me parece sorprendente. ¡Brindo por ello! Porque a diferencia de las chauchas que lloran los amigos de la F. Aitue, el dato viene a informar que la nación mapuche y su cultura se encuentran en un estado saludable, esto es, aún bajo condiciones de dominación estatonacional (de lo cual ellos no hablan), son capaces de generar e irradiar identidad fuera de los límites que algunos les suponen de acuerdo a la analogía del mapuchómetro, usada en el mismo artículo. Pero a la vez, el dato provoca preguntarse ¿quién decide quién es mapuche o no lo es? ¿Quién le ha dado a la F. Aitue el derecho a determinar quién es mapuche de quién no es? ¿Quién le ha dado a la Conadi el derecho a determinar quién es mapuche de quién no es? ¿Quién le ha dado al Estado el derecho a determinar quién es mapuche de quién no es?

Segundo, como se aprecia en las preguntas anteriores el problema no es baladí. Una respuesta inmediata posible de levantar desde el mundo indígena a cuestiones como ésta, es: son los pueblos, las naciones, los grupos étnicos quienes deciden quienes son parte o no de ellos. Esa es una decisión soberana de los pueblos indígenas. No del Estado, de la Conadi (su brazo ejecutor) o de la F. Aitue. Y esta idea parece tener respaldo en el derecho internacional (C169). La colonización de explotación y población de las Américas trastocó toda la vida de los pueblos indígenas precolombios. ¡A Ngenechen gracias! que los mapuche conservaron apellidos mapuche, en otros casos pueblos indígenas tuvieron que adoptar apellidos de sus dominadores. Pero también se dio el caso de apellidos no mapuche adoptados en el mundo indígena, dado que sus portadores decidieron incorporarse al mundo indígena (en el caso mapuche hay apellidos castellanos u otros que han sido asimilados a mundo mapuche). Y qué decir del mestizaje producto de violaciones masivas de mujeres indígenas (o por amor). Entonces, la sugerencia de “implementar un registro de ADN” para determinar la mapuchidad de un mapuche no puede ser más fascistoide. Solo aplaudible por audiencias racistas de ambos lados.

Tercero, aceptar la idea de un registro ADN para acceder a “beneficios” para indígenas del Estado, supone que la membresía a la nación mapuche deviene de un ius ADNis. E implica hacer caso omiso de la historia, como ya se insinuó en el párrafo anterior. Por el contrario, históricamente la sociedad mapuche abrió su sociedad a aquellos perseguidos por la sociedad estatal dominante o que quisieron cambiar de bando porque prefirieron la sociedad indígena a la estatal. Ya en el “Cautiverio Feliz” de Pineda Bascuñan se describen virtudes atractivas de la sociedad mapuche, para aquellos que disentían de su propia sociedad europea. Ayer se hizo como hoy se continúa haciendo la sociedad mapuche acepta hijos adoptivos, mostrando que se puede ser parte de ella por aceptación y acogimiento (hoy hay gran cantidad de matrimonios mixtos en que los cónyuges de un/a mapuche pasan a ser parte de la sociedad mapuche en tanto lo quieran y sean admitidos en los círculos de parientes, amistades, el lof…), del mismo modo en que la sociedad estatonacional acepta la ciudadanía a extranjeros. ¿Por qué los mapuche no podrían hacer esto? ¿Por qué deberían estar congelados de soberanamente poder hacer esto?

Cuarto, en un mundo perfecto en que primara la igualdad y todo el mundo se reconociera “homo sapiens sapiens”, no sería necesario andar peleando por chauchas basados en identidades étnicas (seríamos todos hermanos como en la Iglesia, camaradas como en el partido, o compatriotas de la humanidad a modo de un supra nacionalismo homo sapiens). O en un mundo justo donde la salud, la educación, el derecho a la vivienda y otras necesidades estuvieran cubiertos por un Estado solidario y centrado en resolver los problemas de los seres humanos a los cuales sirve; nuevamente no sería necesario andar peleando por chaucas. Pero lejos de ser un mundo perfecto la realidad de Chile es otra. Es la de un Estado secuestrado por una minoría ideológicamente casada con ideas clasistas, segregacionistas y racistas, que lo ha usado históricamente para su servicio. Fue ese Estado el que invadió, saqueó, robo las propiedades mapuche y expolio el territorio de los mapuche repartiéndolo entre colonos (que permanecieron o vendieron o revendieron lo ajeno), y que al aceptar lo que le dieron, se hicieron cómplices del robo y empobreciemiento de la sociedad mapuche (a quienes veían como inferiores: “los indios”). Esos sí que recibieron subsidios del Estado y han vivido una ida de nobles.

Quizá los amigos de F. Aitue al servicio del empresariado de la Araucanía, deberían proponer un registro de ADN para determinar quiénes son los verdaderos chilenos en la Araucanía y en todo el país, para según el grado de chilenidad darle lo que cada uno según ese chilenometro se merece. E investigar la evasión de impuestos por el empresariado local. O cuestionarse por qué las empresas forestales no pagan impuestos y reciben subsidios estatales millonarios, destruyendo la biodiversidad, y la vida de miles de campesinos indígenas y no indígenas de la Araucanía. O por qué esas mismas forestales financian think tank y universidades locales de la Araucanía, que luego no producen investigación en temáticas relacionad a derechos indígenas (tráfico de influencias, amordazamiento). En otras palabras, dejen a la nación o al pueblo mapuche determinar quienes son o no son mapuche. Hay que preguntarles a ellos, en las comunidades u organizaciones rurales o urbanas, en casos de gente cuestionable según el mapuchometro de la Conadi (devenido de la ley indígena 19.253), si son reconocidos o no reconocidos como mapuche. Lo demás es racismo puro.

 

[i] http://impresa.elmercurio.com/pages/detail-view.htm?enviar=/Pages/NewsDetail.aspx?dt%3D04-12-2014+0:00:00%26PaginaId%3D1%26SupplementId%3D0%26bodyid%3D3