¿Quién es indígena en Chile? (según El Mercurio)

Son variados los/las investigadores/as que han indagado acerca del papel de los medios de comunicación en la reproducción y generación del racismo como medio de inducción de masas. Uno de ellos, Teun Van Dijk, sostiene que:

“una de las principales manifestaciones del racismo es la negación, cuestión que caracterizará a los intelectuales que se acoplan al poder y que se apropian de los medios de comunicación de masas”[1].

El Mercurio hoy, al igual que en siglos anteriores, utiliza su tribuna en alianza con intelectuales, políticos y escritores acoplados al poder con la finalidad de caricaturizar la pertenencia étnica e instalar dudas respecto al incremento de personas indígenas en el último tiempo, favoreciendo con ello la aparición y reproducción del racismo.

El 19 de junio de 1854, el Mercurio de Valparaíso acusaba a los araucanos de tener hambre de oro, señalando que:

“El auri sacra fames influiría en ellos mas que las gracias y los dones espirituales que no alcanzan jamás a comprender. La ambición de los araucanos a la plata y el oro es proverbial, puesto que devuelven a la más hermosa de las cautivas por un freno con copas de plata o casa semejante”[2].

La maldita hambre de oro, (auri sacra fames) que también simboliza la pasión del dinero por el dinero y la pasión por el poder político, fue precisamente el leiv motiv de los procesos de conquista, colonización y exterminio de los pueblos indígenas que habitaban lo que se conoce actualmente como Chile. No en vano, El Mercurio de Valparaíso concluía que:

“Al fin ha llegado a creerse que los araucanos no se reducen con rosarios ni escapularios, de que ellos se burlan, y que para domarlos fuera más eficaz el uso de los laques europeos, bala en boca y plata en mano”.

El 4 de diciembre de 2014, hemos leído nuevamente un artículo en el periódico “El Mercurio” que proporciona una amplia tribuna a la Fundación Aitue, que según refiere el mismo artículo, fue creada en el año 2012 siendo parte de su miembros de distintas sensibilidades, entre ellas autoridades del Gobierno de Sebastián Piñera.

El reportaje cuestiona el número de personas que han “obtenido” la calidad de indígenas de acuerdo a procedimientos establecidos por la Ley 19.253 conocida como Ley Indígena (1993) y asimismo, presenta antecedentes donde señala que ha habido un aumento explosivo de solicitudes de personas (incluso extranjeras) que han obtenido un certificado de pertenencia a un pueblo indígena, aumento sostenido desde el año 2011, donde 806 personas habrían acreditado ser indígenas, seguido por 1.391 el año 2012 y 1.805 el año 2013. Este “explosivo” aumento estaría relacionado, según esta Fundación, a los “beneficios” que significaría ser indígena en Chile. A modo de propuesta, señalan la idea de generar un registro de ADN para que una persona pueda acreditarse como perteneciente a un pueblo originario”.

Junto con manifestar nuestro rechazo y desacuerdo con los postulados y  pretensiones de la Fundación Aitue y otras agencias del Estado, de utilizar estos datos de autodefinición de la pertenencia étnica con fines racistas y colonialistas, consideramos necesario colocar en tela de juicio los supuestos beneficios económicos y sociales que tendría “ser indígena” en Chile, y hacemos también un llamado a líderes de movimientos y colectivos indígenas, que comparten una cuota de dogmatismo respecto de lo que significa ser indígena hoy, ya que legitiman e institucionalizan discursos funcionales de los sectores conservadores de la élite política tal como lo ironiza el “mapuchometro”.

De allí que, consideramos que:

En primer lugar, debemos señalar que el tema racial, asociado implícitamente a la idea de que existe un ADN indígena o no indígena, responde a una concepción bastante antigua, que fue dejada de lado ya hace varias décadas, siendo fuertemente criticada la idea de que los seres humanos descienden de troncos genéticos diferenciados, que posibilitarían señalar la existencia de razas con pooles genéticos reconocibles. Como es factible indagar con facilidad en la web, las teorías genéticas respecto a las “razas” están en desuso y mencionarlas como un antecedente a la hora de comprender la pertenencia étnica parece más bien una falta grave de actualización profesional y de cultura general.

Por otro lado, las personas ligadas a esta fundación, parecen tener un absoluto desconocimiento de toda la historia y debates de los movimientos indígenas, los que se encuentran profusamente documentados y forman parte de los tratados y acuerdos internacionales relativos a pueblos indígenas. Sólo para efectos de ilustración, les sugerimos revisar los documentos de trabajo de organizaciones como la OIT, o las Naciones Unidas.  Dejamos dejar constancia eso sí, que a nivel internacional el concepto que predomina a la hora de definir pertenencia indígena es la AUTOIDENTIFICACIÓN, considerándose por lo demás no apropiado e impertinente que los Estados pretendan inmiscuirse en definiciones que son propias de los pueblos indígenas. En este sentido, la autoidentificación forma parte esencial del derecho a la AUTODETERMINACIÓN, asunto también largamente tratado en normativas internacionales.

Recordemos al respecto que el Convenio n°169 de la OIT -parte integrante del ordenamiento jurídico chileno- reconoce expresamente como prerrogativas básicas de los pueblos indígenas el derecho a la identidad cultural y étnica así como, también, el derecho a reconocerse o autoidentificarse como tales, sin necesidad de un reconocimiento previo parte del Estado pues, evidentemente, se trata de derechos fundamentales. En otras palabras, le está vedado al Estado limitar o condicionar el reconocimiento de quienes se autoidentifican como indígenas. Contravenir las prescripciones del Convenio n°169 de la OIT dejaría en evidencia -una vez más- el desprecio de nuestro país por los derechos humanos y la persistencia de políticas segregacionistas.

Sin perjuicio de lo anterior, en Chile, las políticas públicas implementadas en los últimos decenios optaron por entregar beneficios a indígenas previa certificación de tal calidad por parte de la CONADI. En consecuencia, si el Estado se arrogó tal facultad, la responsabilidad por los errores en la certificación de la calidad indígena -y, en definitiva, los beneficios de la legislación pertinente- es de responsabilidad exclusiva de la administración y, por tanto, resulta imposible -ética, política y jurídicamente- extender o traspasar dicha responsabilidad a nosotros los indígenas como puede leerse en el reportaje mencionado, pretendiendo como corolario, aumentar los requisitos para ser calificado de indígena o establecer políticas racistas que obliguen a realizar exámenes biológicos o genealógicos para determinar la «pureza racial indígena».

Para más abundancia, al ratificar Chile el Convenio 169 de la OIT, la Ley Indígena ha quedado supeditada a dicha norma internacional, por lo que en estricto rigor, que CONADI se arroje la capacidad de “acreditar” la calidad de indígena según tres criterios definidos por la ley, transgrede al Convenio ya mencionado, puesto que esto debiera ser una decisión y definición tomada por y para los pueblos indígenas. Así, lo que correspondería, más que la CONADI “afine” sus sistemas de selección para ”acreditar” indígenas, sería que los pueblos indígenas autoconvocados, deliberaran libremente, cuáles serían los mecanismos que para nosotros y nosotras serían legítimos de considerar a la hora de hablar de pertenencia indígena.

Mientras los pueblos indígenas no DECIDAMOS qué haremos respecto a este tema, no le compete a CONADI y menos a fundaciones con fines empresariales, cuestionar nuestros sistemas de identificación y organización, ni menos exigir muestras de “indigenidad”.

Este tipo de propuestas no hacen sino demostrar una abismal ignorancia respecto al tema, a la vez que enfatizan la mala fe de organizaciones que intentan deslegitimar las demandas indígenas y sobre todo, pretenden lesionar los pequeños avances que hemos experimentado en materias relativas a derechos.

Le podemos asegurar a esta fundación, que lejos de disminuir la población indígena, esta aumentará cada día y trabajaremos en pos de conseguir mayores espacios autonomía y autodeterminación, de modo de derogar una ley añeja que no cumple los actuales estándares internacionales en términos de protección de derechos colectivos y derechos políticos de los pueblos indígenas.

http://www.rumtun.cl/

[1]Discurso y Poder, trad. de Alicia Bixio (Barcelona: Editorial Gedisa, 2009).

[2]Más antecedentes, véase: Huenchullán, Carolina, “Deconstrucción nacionalista del Otro y la representación del Gulumapu en Chile durante la segunda mitad del siglo XIX”. Tesis para optar al grado de Dra en Historia, Mención etnohistoria, Universidad de Chile.