Sin títuloSaludamos el retrasado cumplimiento de una promesa gubernamental, si bien no concordamos ni con su contenido, ni con su forma.

Una vez más nos permitimos reiterar que las tres causales – peligro de vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación – que considera el proyecto del gobierno de la Nueva Mayoría no salda la deuda que tiene la democracia con las mujeres que habitan este país. La gran mayoría, de las cien mil mujeres que abortan anualmente, lo hace por motivos sociales, económicos y culturales que defienden sus proyectos de vida. Estas mujeres quedarán excluidas de los beneficios que postula el proyecto y seguirán abortando en clandestinidad, en forma insegura, sin protección social. Quienes se beneficiarán con la nueva legalidad constituyen una minoría evidente (4% del total de abortos inseguros anuales estimados).

Reiteramos también que los derechos humanos son indivisibles. En consecuencia, los derechos sexuales y reproductivos de los que carecen las mujeres chilenas, requieren ser reconocidos plenamente, en todo su significado, no a medias. La libertad de decidir es principio ineludible constitutivo de los derechos sexuales y reproductivos. Si no se incorpora tal libertad para todas las mujeres, es falso que se esté avanzando hacia la equidad e igualdad de género, porque los derechos sexuales y reproductivos se habrán visto recortados.

Decenas de miles de mujeres seguirán llegando a hospitales públicos con complicaciones por abortos inseguros, que hacen peligrar su vida y salud, o las enfrentan a denuncias y condenas carcelarias. A la inequidad de género, se agrega una de clase; las mujeres económicamente acomodadas podrán seguir pagando por abortos seguros en clínicas privadas, sin riesgos sanitarios ni judiciales, pero siempre en forma clandestina.

Los derechos plenos de las mujeres se están subordinando a las negociaciones con los credos religiosos y partidos confesionales, en un país que se supone laico. Se elude el enfrentamiento del problema en su real magnitud y con base en la justicia de género, optándose por una salida mentirosa.

En el debate que se aproxima es necesario develar el papel que los medios de comunicación están jugando. Muchos mensajes mediáticos que han circulado en relación al aborto implican una grave distorsión comunicacional, los cuales -por acción u omisión- impiden un debate informado y democrático. Por ejemplo, las imágenes que acompañan las reflexiones vinculadas al aborto, se asocian a imágenes de mujeres en avanzado estado de gravidez. Junto con ello se utiliza un lenguaje equivocado, refiriéndose a una mórula o al embrión como “guagua”, “niño”, “feto”, “persona”. De esta forma se manipula emocionalmente a la opinión pública, se entrega información confusa, sin sustento científico, impidiendo a la población comprender cabalmente las alternativas posibles de regulación del aborto vigentes en gran parte de los países de América Latina y en la OECD.

En síntesis, el anuncio minimalista y tímido en su forma resulta importante pero a todas luces insuficiente. La nueva legalidad ratificará para las mujeres desigualdades basadas en el reconocimiento o no de sus derechos sexuales y reproductivos, que marcará el límite entre abortos legales y abortos clandestinos e inseguros. Ratificará también la renuncia por parte del gobierno a fortalecer el estado laico en retirada.

Estaremos atent@s y activ@s en el debate, así como en el posterior seguimiento de los resultados de la política pública.

OBSERVATORIO DE EQUIDAD DE GÉNERO EN SALUD