matrimonio-igualitarioEl pasado miércoles 28 de enero, luego de varios “alcances de nombre” (muchos cambiados por pataleos de distintos sectores), concluyó sus trámites legislativos el proyecto de ley que crea el acuerdo de unión civil. Este ha provocado reacciones celebratorias -rayando en lo eufórico- por parte de la Nueva Mayoría y el grueso de las organizaciones LGBT en medio de un escenario político marcado por la hiperactividad legislativa de verano, y que incluso llamó a celebrar el “avance histórico” en Plaza Italia, cuestión que grafica el tenor del acontecimiento.

Sin embargo: ¿Qué significa este cambio legal? ¿Cómo leerlo a la luz de un contexto mucho mayor, que excede el horizonte de agrupaciones como MOVILH, MUMS o Iguales? ¿Qué se gana y qué se pierde en el trajín de la alegría que producen las modificaciones de la institucionalidad? Quizás lo primero que habría que señalar para un análisis de la coyuntura es poner la atención en el proceso mismo que nos ha llevado a este punto.

“Al igual que otros “avances” legislativos, como la ley anti-discriminación, el acuerdo de unión civil deja más preguntas que respuestas.”

La unión civil es una demanda por la que las organizaciones LGBT se han movilizado desde 2003, aunque los cambios reales se constatan recién durante el gobierno de Piñera, cuya escena gráfica -digna de la actitud servil de varios dirigentes- es un Rolando Jiménez aplaudiendo furioso en la cuenta presidencial del 21 de mayo (escena replicada, a modo de farsa, en el brindis con champaña junto a diputados de la derecha). Entre ese momento y hoy ha habido marchas (cada vez más ritualizadas), campañas mediáticas (tímidas e invisibilizadas por medios de comunicación a los que no podría importarle menos el tema, no obstante la cantidad de primas que trabajan en ellos) y mucho lobby parlamentario. La llegada de la Nueva Mayoría al poder sólo confirmó la estrategia acomodaticia del establishment LGBT, sin importarle a nadie el fraseo tímido con el cual la agenda histórica de los derechos civiles ingresó al programa de Bachelet. A fin de cuentas, lo que era relevante era que la ley saliera, y ojalá en el primer año de gobierno, cosa que se cumplió no obstante los remilgos de las organizaciones, que hubieran preferido una tramitación express.

Al igual que otros “avances” legislativos, como la ley anti-discriminación, el acuerdo de unión civil deja más preguntas que respuestas. En primer lugar se encuentra una cuestión política básica: ¿qué viene ahora? Pareciera que la estrategia de las organizaciones LGBT ha sido mantenerse como grupos de presión mediática y de lobby en el Congreso, agotando poco a poco una lista de supermercado que apunta a un reconocimiento jurídico, sin otras metas de por medio. En ello se ha demostrado un cortoplacismo ramplón y una falta de creatividad notoria, lo que no hace otra cosa que restarle radicalidad y dinamismo a un sector social que perdió, con la muerte de Pedro Lemebel, a uno de sus referentes de rebeldía y lucha. Después de esto, uno se pregunta qué pasará una vez que se consiga el matrimonio igualitario y la adopción, pues parece que son los únicos pendientes en la agenda LGBT. ¿Cerramos el boliche y nos vamos a la casa?

Mirar la historia del feminismo ayuda a comprender parte de los desafíos que se abren con esta coyuntura. En la medida que se quedó en el terreno de las conquistas civiles (derecho a voto, el ejercicio de profesiones liberales y el acceso a la propiedad privada), el feminismo perdió el atractivo para aquellos sectores sociales cuyos problemas principales no se encontraban en el plano de la opresión legal masculina. Lo cierto es que las organizaciones LGBT más visibles, como MOVILH e Iguales, han mostrado una estrategia tímida incluso en el plano de las reivindicaciones jurídicas, pues han sido poco menos que escuálidos en su apoyo a la aprobación de una Ley de Identidad de género, decidiendo concentrar sus energías casi por completo en conseguir el AVP/PUC/AUC. Sobre cuestiones de urgencia como la violencia que vivimos trans, colas y tortas no se habla, o apenas se intentan medidas comunicacionales, muy exiguas por cierto.

A la tibieza (y confusión) política en las demandas institucionales se suma lo que constituye la debilidad más crítica del actual movimiento LGBT (si puede hablarse de tal movimiento en realidad): la ausencia de un cuestionamiento profundo a las estructuras que crean y perpetúan la opresión en nuestra sociedad. ¿Qué tienen que decir estas organizaciones sobre temas tan críticos como la reforma educacional, la crisis de la salud, la vivienda, el aborto, la reforma laboral, el modelo productivo, la descolonización (vilmente reducida a la “cuestión mapuche”)? ¿Qué ocurre con colas, trans y tortas que son oprimidas no sólo por su sexualidad sino también por su clase, género o pueblo? ¿Es para ellas que resulta efectivamente un “avance histórico” esta normativa? Más bien, la unión civil representa un triunfo rimbombante para aquellos que menos viven la discriminación, marginalización y violencia por asimilarse a ciertos parámetros que ocultan su sexualidad; son quienes parecen no ver más allá de los ejemplos traídos de Estados Unidos. Al igual que en el Norte, la violencia por raza, sexualidad y clase ha sido completamente invisibilizada y tragada por una burocracia LGBT. Hay que preguntarse si para un cola o torta pobre es tan relevante la demanda de un matrimonio igualitario cuando no hay acceso a una educación de calidad, a una vivienda digna, a un trabajo que no esté precarizado y en el que no se nos explote.

“A la tibieza (y confusión) política en las demandas institucionales se suma lo que constituye la debilidad más crítica del actual movimiento LGBT (si puede hablarse de tal movimiento en realidad): la ausencia de un cuestionamiento profundo a las estructuras que crean y perpetúan la opresión en nuestra sociedad.”

Al mismo tiempo, la elección del gobierno de privilegiar la agenda de derechos civiles antes que la Ley de Identidad de Género es una medida que tiende a poner en primer plano la satisfacción de deseos individuales, sin pronunciarse por los derechos sociales. Reconocer legalmente una pareja -un anhelo legítimo- produce más una celebración en términos personales que un salto hacia demandas más estructurales. Es el caso de la Ley de Identidad de Género, que no se queda en el reconocimiento individual de las personas trans sino que permitirá destejer la transfobia que permea de cabo a rabo la institucionalidad estatal.

En definitiva, la pregunta que huelga hacerse en esta coyuntura eufórica es: ¿por qué existen demandas que son más prioritarias que otras? ¿A qué intereses responden las agendas que se instalan políticamente y qué grupos sociales quedan (quedamos) relegados a un segundo plano? Tan necesario como reconocer los cambios es identificar los vacíos. Sin una apuesta por la transformación social en su conjunto, la opresión y la violencia se terminarán para un grupo reducido -la clase dominante y sus operadores- que se ha arrogado el derecho de hablar por todas nosotras.