Patricia-Araya-y-Antonio-MadridHoy, más del 80% de los derechos de aprovechamiento de aguas se encuentran en manos de empresas mineras, hidroeléctricas y agroexportadoras; de hecho, sólo ENDESA concentra el 81% de aquellos derechos de aguas que permiten emplear el agua sin consumirla (una figura muy conveniente para hidroeléctricas). Como si la excesiva concentración fuera poca, la DGA (institución estatal encargada de la gestión de los derechos de aguas) ha sobreotorgado derechos en zonas que apenas logran satisfacer las necesidades de sus habitantes, ejemplo de ello es la comuna de Petorca, hace años en crisis por el sobreotorgamiento a grandes empresas agricultoras, muchas de ellas propiedad de importantes militantes de la DC.

La escasez de agua es un problema que afecta a miles de chilenos, de sur a norte hay comunidades que han visto cómo se desertifica su territorio y actualmente dependen de camiones aljibe para abastecerse de agua. Esta situación a todas luces atenta contra la subsistencia humana, pues el agua no sólo se bebe; se come y se respira gracias a ella. Tener derecho al agua es tener derecho a la vida.

¿Pero cómo llegamos a esta crisis? Si alguien pide un derecho en un cauce natural y el agua de aquel cauce excede lo que se necesita, la DGA simplemente lo otorga -cuestión que hoy prácticamente no ocurre-. Pero si sobre esa misma agua aparecen más interesados, estos concurren a la misma petición, lo que deriva en un remate al mejor postor. Así se asignan los derechos de agua en Chile; es por ello que hablar de un sistema de asignación por la autoridad carece de sentido, la asignación de aguas en nuestro país está completamente entregada al mercado. ¿Casualidad? Imposible. Estamos frente a una institucionalidad creada en la dictadura a la medida del gran empresariado. El sistema chileno de gestión de aguas creó un mercado, donde antes no lo había, para administrar y distribuir este recurso, el que actualmente resulta escaso y concentrado en las manos de unos pocos.

Debido al agitado clima político que vivimos, ya no causa sorpresa observar un sistema -como el de otorgamiento de derechos de agua- y descubrir a quién beneficia. Los casos de corrupción nos han mostrado el extremo delictual del sistema y han evidenciado la estrecha relación de subordinación de la Nueva Mayoría y la Derecha a los grupos empresariales. Este vínculo no ve color político, aquí pinochetistas financian a los supuestos herederos de Allende y entre todos, buscan un acuerdo transversal para cerrar el conflicto. La relación de políticos y empresarios lleva años decidiendo cómo se hacen las cosas en Chile, este matrimonio es el que ha mercantilizado nuestros territorios y bienes comunes, por esta razón la institucionalidad que regula el agua favorece a hidroeléctricas y mineras en desmedro de las comunidades y ecosistemas.

El Gobierno, al tanto de la crisis hídrica que atraviesa el país, ha tenido un actuar equívoco frente a la reforma del Código de Aguas. En su indicación sustitutiva, donde echa por tierra importantes avances impulsados por la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados, no se pronuncia sobre una reforma constitucional para declarar las aguas bienes nacionales de uso públicos, necesaria si se quiere que la ley sea verbo y no letra muerta; no se hace cargo del problema actualmente existente pues no toca los derechos ya otorgados, permitiendo el funcionamiento impune del mercado de aguas y tampoco resguarda los ecosistemas ni las economías locales, ambos víctimas de la especulación, agotamiento y contaminación de las aguas producto del actuar coordinado del sector público y privado. Vemos que el ánimo del Gobierno es similar al que presenta ante la Ley de Glaciares, donde los protege dejándolos a merced del extractivismo minero.

“La movilización no es suficiente, es necesario que los actores sociales empujen procesos de democratización para poder ser parte de la resolución de los conflictos que los afectan y este es el momento.”

La contracara a la aridez de este panorama, nos la dan las comunidades afectadas, las que desde sus territorios se han levantado unidas en continuas movilizaciones por la recuperación del agua, exigiendo la desmercantilización de este bien común; evidenciando la incompatibilidad de los grandes proyectos de inversión de corte extractivista con la protección de ecosistemas y demandando del Estado una reestructuración institucional que permita una reasignación democrática, racional y equitativa de los recursos hídricos. El 2014, Santiago fue escenario de un masivo encuentro, este año, es Valparaíso el que reunirá a los que marchan por la recuperación del agua y la vida. Y no es tampoco casualidad; si bien las grandes decisiones políticas se toman en la capital, las consecuencias se esparcen sobre todo el territorio nacional, las movilizaciones masivas en regiones son un llamado de atención: gritan por calles y avenidas lo deficitaria que es nuestra democracia y reclaman la injusticia del centralismo.

Sabemos que la movilización no es suficiente, es necesario que los actores sociales empujen procesos de democratización para poder ser parte de la resolución de los conflictos que los afectan y este es el momento. El debilitamiento de la vieja política ofrece una oportunidad nunca antes vista para la irrupción de nuevas fuerzas sociales que sean capaces que llevar adelante reformas de cara a la ciudadanía, que favorezcan a la mayoría de los chilenos y le arrebaten el poder a los grandes empresarios. Es momento de incidir en el rumbo de nuestro país, llevamos muchos años observando el robo de nuestros recursos naturales y la destrucción de los ecosistemas, en nuestras manos está la inauguración de una nueva política, profundamente democrática y comprometida con los intereses de todos los chilenos y chilenas.