fiscalia ministerio publicoLas relaciones entre el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos (SII) han estado particularmente tensas los últimos meses, debido a la tardanza del segundo a la hora de decidir querellarse por eventuales delitos tributarios cuando han involucrado a “peces gordos”, como en los casos Penta y SQM.

La cuestionada inacción del SII que hoy dirige el ex recaudador de la campaña presidencial de Bachelet, Michael Jorratt, llevó al Ministerio Público a insistir en la necesidad de quitar el monopolio a Impuestos Internos para emprender acciones penales contra delitos tributarios.

La Fiscalía busca extender la atribución de querellarse en este tipo de casos que hoy ostenta con exclusividad Impuestos Internos y establecer un plazo para que la ejerza. En esta línea, parlamentarios PPD ingresaron a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados una moción para cambiar la legislación al respecto.

En ese contexto, el 15 de abril pasado Mauricio Fernández, director de la unidad especializada en lavado de dinero, delitos económicos, medioambientales y crimen organizado, expuso en la comisión los argumentos de la Fiscalía.

“No es que lo estemos haciendo a propósito de lo que está pasando. Es algo que trabajamos desde el año pasado y en ese contexto trajimos a colación las propuestas que ha hecho el fiscal en materia de mejoramiento de la normativa sancionatoria de la delincuencia de cuello blanco”, recoge La Tercera.

La propuesta consiste en que, luego de que la Fiscalía entregue al SII antecedentes de eventuales delitos tributarios, el servicio informe en máximo 30 días si seguirá o no acciones penales. Si lo hace, tiene un nuevo plazo de 60 días para concretarlas. De no hacer nada, además, el Ministerio Público solicita poder entrar en escena.

Si el SII no ejerce acciones penales en los plazos sugeridos, Fernández expone que “el Ministerio Público podrá solicitar al juez de garantía autorización para investigar algunos de los delitos contemplados en el Código Tributario, decisión que será apelable”.

Cuando estos argumentos fueron esgrimidos por Fernández en la Cámara Baja el 15 de abril, Jorrat abogó por mantener el actual esquema de atribuciones de las respectivas entidades.