Felipe ValdevenitoEl Parlamento es el espacio que reúne a la mayor cantidad de involucrados, el financiamiento irregular es transversal en la Nueva Mayoría y La Alianza, más de 50 parlamentarios financiados irregularmente, lo que nos hace pensar ¿para quién han legislado todo este tiempo? Queda claro que no lo han hecho para las mayorías que los respaldan electoralmente, sino que lo han hecho para los intereses de quienes invierten y financian sus campañas.

Según un reportaje del sitio Ciperchile.cl, 1.123 empresas, provenientes de los grupos más poderosos del país han entregado dinero a campañas o entidades políticas durante los 10 años de la ley de financiamiento a la política. ¿Por qué lo hacen? La política se ha convertido en un espacio de inversión para los empresarios, donde se han comprado legisladores y legislaciones, que simplemente favorecen los intereses empresariales y no de la mayoría de chilenos.

En este sentido, ¿qué legitimidad social puede tener un proyecto de reforma laboral que sólo se discute con el empresariado que financia las campañas de quienes votarán en el parlamento esta iniciativa? También vale preguntarnos si al Gobierno le interesa que sus reformas tengan legitimidad social.

A medida que avanza la “discusión” de la reforma, aumentan las movilizaciones de los trabajadores/as y el mundo social ha puesto en tensión la legitimidad de este proyecto, argumentando que no termina con el plan laboral de la dictadura y que la aprobarán los parlamentarios corruptos. Además, su tramitación excluye del debate las posiciones legitimas levantadas por muchos sindicatos, respecto de cómo enfocar esta reforma.

El acto de democratizar el proceso de reforma no busca legitimar con los actores sociales un proyecto que, hasta la fecha, no cumple con las expectativas de los trabajadores/as, sino que por el contrario, busca modificar las lógicas de hacer y entender la política, abriendo cabida a esos intereses, que son de la mayoría, en este importante proyecto.

Presionar este debate es poner en tensión a la política de la transición y la democracia pactada entre los grupos de élite, que desarticuló y eliminó del debate político a los actores sociales y sus intereses. La legitimidad de esta reforma se juega en dos frentes: cómo se construye o cómo se eliminan los pilares impuestos por la dictadura. En este sentido el Gobierno ha sido claro, la construye con los empresarios y profundiza el Plan Laboral, por ende, busca mantener todo como está y la política en la medida de lo posible sigue más viva que nunca.

Hoy la lucha política toma relevancia, pero esa lucha debe darse unificada desde el mundo social y a través de un actor político que nazca de estas luchas y pelee en todos los espacios. Recuperar la política y la democracia de manos de los empresarios, es la única forma de que los intereses sociales excluidos durante esta eterna transición tomen relevancia y así las reformas se construyan a favor de los millones de chilenos, para que posean de la legitimidad social suficiente para seguir avanzando en transformaciones.