Luego de las reveladoras declaraciones del ex director de Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorrat, los querellantes en el caso Penta-SQM solicitarán a la Fiscalía un segundo interrogatorio a Rodrigo Peñailillo, quien habría ejercido fuertes presiones para detener la investigación contra la minera por aportes irregulares a campañas políticas.

Jorrat, quien prestó declaraciones antes la fiscalía el pasado 25 de junio, aportó antecedentes sobre el “descontrol” que las indagaciones del organismo habrían provocado en el ex ministro del Interior.

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En sus dichos, el ex funcionario publico detalló cómo se llevaron las presiones por parte de Interior para evitar una profundización en las investigaciones, habiendo participado de una reunión donde estuvo presente Samuel Donoso, abogado que fue presentado como asesor de Peñailillo y que además defendía los intereses de la minera de Ponce Lerou.

Según informó el sitio Ciper Chile, Donoso aseguró de manera prepotente que el SII debía desistir, ya que a su juicio las faltas revisadas no constituían delitos tributarios. De acuerdo al reportaje, Peñailillo habría caído en un estado de “ira” el 9 de enero, al enterarse de las diligencias que la entidad estatal “prácticamente obligaban a la Fiscalía a abrir una investigación a SQM”.

EL ROL DE ALBERTO ARENAS

Fue la jefa de gabinete del ex ministro de Hacienda, Andrea Palma, el enlace encargado de presionar a Jorrat mediante reiterados llamados teléfonicos, donde se le comunicaban las inquietudes de Peñailillo tras seguir los pasos del SII en el caso.

En uno de esos llamados, mientras el Tribunal Constitucional había acogido a trámite el recurso interpuesto por Donoso para frenar las investigaciones, Palma relató que el ministro del Interior “quería que el SII concurriera a la sede de esa empresa con camiones si era necesario para sacar toda la información contable de SQM. El objetivo era que la Fiscalía no pudiese encontrar esos antecedentes”.

Fue Alberto Arenas quien citó a Jorrat para acordar un trabajo para AyN, la sociedad controlada por Giorgio Martelli encargada de administrar los fondos de la precampaña. El monto de remuneración establecido fue de un millón líquido mensual por concepto de informes y una propuesta de reforma tributaria que sería utilizada en la candidatura de Bachelet.