comisión de recursos hidricosEste lunes, en la sede del ex Congreso Nacional, se llevó a cabo la sesión de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, donde se analizó en profundidad la situación que afecta a la provincia de La Ligua y Petorca, zona en que la escasez hídrica ha dado paso a un fructífero negocio con el agua, y en que desde hace algunos años, se viene desarrollando un grave conflicto en torno a los derechos de aguas otorgados por la Dirección General de Aguas (DGA).

A la instancia estaba citado el director nacional de la DGA, Carlos Esteves, pero en su reemplazo concurrió el subdirector Miguel Silva, acompañado del director regional de Valparaíso, Gonzalo Peña, y del jefe de la Unidad de Fiscalización, Marcos Soto.

Por su otra parte, cinco representantes y agricultores de la zona afectadas dieron cuenta de la serie de denuncias realizadas ante el organismo fiscalizador, comandados por el secretario general de Modatima, Rodrigo Mundaca.

Además, a la sesión concurrieron expertos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para dar cuenta de un informe realizado por el organismo sobre la vulneración del respeto de derecho al agua en varias provincias del país, entre ellas la de La Ligua y Petorca.

En su exposición, los representantes del territorio afectado por la sequía dieron cuenta de los múltiples antecedentes que demuestran el sobreotorgamiento de derechos provisionales de agua, citando informes de la Universidad  Diego Portales y del mismo INDH que han descrito las graves consecuencias tanto para los agricultores como para la ciudadanía que carece del vital elemento incluso para necesidades básicas y de higiene.

Entre otros antecedes, se dio cuenta de múltiples fiscalizaciones que dieron con drenes ilegales, construcciones de embalses e intervenciones no autorizadas ni por la DGA ni por la Dirección de Obras Hidráulicas en ríos y quebradas.

Ricardo Sanhueza, agricultor de Petorca dio muestras de desconfianza en su exposición hacia la instancia parlamentaria. “Hemos estado tantas veces en esta comisión y no hemos logrado nada”, afirmó.

Ante los emplazamientos realizados a los representantes de la DGA, su subdirector explicó las dificultades que enfrenta el organismo para llevar adelante su labor de fiscalización, entre ellas la baja cantidad de encargados a nivel nacional, y defendió la labor de la comisión parlamentaria afirmando que “tuvo una férrea lucha para conseguir más recursos para aumenta a 28 funcionarios encargados de fiscalizar”.

Silva afirmó a los asistentes a la comisión que “concordamos en muchas cosas”, y agregó que “hemos estado en el mismo bando”, pero reconoció dificultades para hacer cumplir sus resoluciones en la zona. “Las multas son irrisorias, tal como dicen ustedes”, indicó.

En su intervención, Silva afirmó además que los derechos provisionales de aguas en la zona ya fueron revocados, en virtud de la Resolución Exenta N°1703, emitida el 13 de junio de 2014. En total son 53 solicitudes revocadas por la DGA, pero dicha resolución se mantenía en completo desconocimiento por parte de los agricultores de la zona.

Ante las consultas sobre cómo el organismo da cumplimiento a dichas determinaciones, Silva confirmó que para 2015 están programadas 10 fiscalizaciones sobre los derechos provisionales revocados.

CRÍTICAS DE LA COMISIÓN

No sólo los agricultores afectados por la sequía en La Ligua y Petorca cuestionaron la labor de la DGA por las deficiencias en su función fiscalizadora.

En su intervención, la diputada UDI, Andrea Molina, representante del distrito N°10 al que corresponde la provincia mencionada, solicitó por oficio que la DGA fiscalice con mayor celeridad las tomas de Agua Potable Rural (APR). “¿No es raro lo que pasa en la provincia de Petorca? ¿Quién fiscaliza? Hace falta una fiscalización de todos los APR urgente y eso lo puede pedir esta comisión”, enfatizó la parlamentaria.

Por su parte, la diputada PPD, Cristina Girardi, advirtió una “incapacidad para responder por parte del Estado y afirmó que, de acuerdo a la legislación vigente, “cuando el Estado comete un error, está obligado a reparar y la DGA cometió un error al sobre otorgar esos derechos provisionales”.

En tanto, la presidenta la comisión parlamentaria, la diputada DC, Yasna Provoste, hizo ver que “si bien la situación de Petorca conmueve pero no son hechos aislados a lo largo del país”. La representante del distrito N°6, afectado por los aluviones de abril pasado, afirmó que ha constatado en terreno las alteraciones en cauces y quebradas de Tierra Amarilla, especialmente en la quebrada de San Antonio.

Provoste hizo ver que las denuncias sobre dichas alteraciones están presentadas ante la DGA desde hace más de 30 días, plazo estipulado por el organismo para entregar respuestas. Consultada por el subdirector del organismo sobre si esas denuncias estaban en conocimiento de la dirección regional correspondiente, la diputada DC encaró al representante de la DGA asegurando que “si usted fuese un funcionario en terreno sabría si las denuncias están en la DGA regional”.