iguala 2

Hace poco menos de un año yo estaba viviendo en México, terminando un doctorado en literatura. Tenía casa, gato, una banda de música y un grupo importante de amigos. Por esos y otros motivos había decidido (así como uno decide con qué persona le gustaría compartir su vida) que ese país era mi país, que era el lugar donde quería vivir, donde quería desarrollar proyectos y aportar en la medida de mis posibilidades. Las raíces que había echado eran profundas, o al menos lo suficientemente profundas como para que me doliera y me preocupara lo que estaba pasando: en un ataque inexplicable e inexplicado hasta ahora (en que estaba implicada la policía municipal, la federal y el ejército), seis estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa resultaron muertos, al tiempo que otros cuarenta y tres eran desaparecidos. Me dolió y me preocupó tanto que asistí a varias marchas, concentraciones y manifestaciones en las que el pueblo mexicano clamaba por justicia y por saber la verdad de lo que había acontecido. En una de esas manifestaciones, el 20 de noviembre, fui detenido. Andaba solo en mi bicicleta y me uní al numeroso contingente que encontré en el camino; los policías que me detuvieron me golpearon duramente, me arrastraron por el Zócalo capitalino y luego me acusaron, junto a diez personas más, de intento de homicidio a un agente de la Policía Federal. A los demás detenidos, que también fueron rudamente golpeados, nunca antes los había visto, sin embargo, la Procuraduría General de la República aseguró que constituíamos un grupo de asociación ilícita que actuaba coordinadamente con fines terroristas. La acusación era tan delirante que no se sostenía por si misma, la “inteligencia” de Peña Nieto inventó que pertenecíamos a una célula anarquista vinculada a Ted Kaczynski que odiaba la nanotecnología. Por la gravedad de los cargos con que fui imputado terminé en una cárcel federal de alta seguridad en el estado de Veracruz (a 400 kilómetros de mi casa). Sin embargo, y gracias a la inmediata movilización social, a la presión política y diplomática, junto al clamor de múltiples voces que se levantaron en nuestro apoyo, a la campaña mediática y la indignación expresada en las redes sociales, salimos en libertad después de diez días infernales. Evidentemente no fue una grata experiencia, pero aprendí algunas cosas de todo lo sucedido, y también se abrieron algunas interrogantes.

Mientras estuve detenido en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (lugar donde habitualmente van a parar sicarios, narcotraficantes y secuestradores), me interrogaron dos veces altos funcionarios de seguridad (entre ellos Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, el que, no me cabe duda, estuvo detrás de la decisión de nuestro encarcelamiento) y las dos veces, gritándome en la cara con un odio que sólo recuerdo haber visto en el período de nuestra dictadura, me preguntaban: “¿Qué chingaos andabas haciendo en esa marcha siendo extranjero?”; “¿por qué te andas metiendo en asuntos que no te importan y que son sólo de los mexicanos?” Mi respuesta fue espontánea y sincera, inmediatamente les dije lo que pensaba: que lo acontecido con los estudiantes de Ayotzinapa era tan grave que ya trascendía los límites de una problemática meramente local o nacional, que esos hechos constituían un crimen contra la humanidad y que cualquier persona con un mínimo de sensibilidad, haya nacido donde haya nacido, debería haber estado en esa marcha. El interrogatorio no fue amable y terminó con uno de los funcionarios gritándome que me iba a pudrir en la cárcel.

Un funcionario que nos golpeo hasta el cansancio en el traslado de Ciudad de México a Veracruz nos dijo con plena conciencia de lo que eso significaba: “Con nosotros se acabaron sus derechos humanos”. Esa es la esencia del estado de excepción.

La pregunta quedó pendiente esa noche, pues no obtuve más respuesta que el ejercicio de la fuerza: ¿Cuándo un caso de esta naturaleza deja de ser un problema nacional y pasa a convertirse en algo que debería atraer la atención de la humanidad toda, de organismos o tribunales internacionales? Si la respuesta es “que no basta con un caso puntual o aislado para que eso ocurra, que sólo cuando estas prácticas se convierten en la norma del accionar de un estado, entonces la comunidad internacional debería reaccionar”, habría que decir que, lamentablemente, lo de Ayotzinapa no es un caso aislado en la realidad mexicana, no es un error, no es una casualidad o un accidente. Hace un mes y medio atrás, cinco personas fueron asesinadas con un tiro en la cabeza, después de ser torturadas, en un departamento de la Colonia Narvarte, en plena Ciudad de México, entre ellos se encontraba el periodista amenazado de muerte Rubén Espinoza y la activista por los derechos humanos Nadia Vera. Así como ese caso, que sigue impune, podríamos hacer una larga lista de crímenes de Estado, y de otros en que han estado involucrados aparatos del Estado, como la matanza de Tlatlaya, en que participó el ejercito mexicano; en Apatzingán, en enero de este año, hubo dos masacres perpetradas por Policías Federales; en Villa Purificación, Jalisco, en mayo, hubo 43 muertos civiles; y así, suma y sigue…

Es terrible hacer el recuento estadístico de los muertos, como si fuesen simples números, pero es la única forma de dar cuenta de la magnitud de este horror: en los 34 meses que lleva Peña Nieto en el gobierno ya han habido 57 mil 410 asesinatos. Los periodistas muertos suman 107 desde 2000 (sólo 10 de esos casos han sido sentenciados). Entre enero de 2007 y octubre de 2014 se han registrado 23 mil 272 casos de desapariciones forzadas, de las que 9 mil 384 corresponden a los veintidós primeros meses del gobierno de Peña Nieto, es decir, 13 personas desaparecidas al día. Entre los desaparecidos y asesinados se incluyen activistas sociales, migrantes indocumentados, campesinos despojados, periodistas, estudiantes, y personas que por uno u otro motivo se vuelven incómodos para el gobierno o un obstáculo para los carteles del narcotráfico. México es el segundo país en el mundo con las tasas más altas de impunidad.

Hasta hoy no se sabe con certeza que pasó la noche del 26 de septiembre en la carretera entre Iguala y Ayotzinapa. Lo cierto es que la llamada “verdad histórica”, que el Procurador Jesús Murillo Karam presentó descaradamente al mundo, quedó al descubierto como evidentemente falsa a partir del informe sobre Ayotzinapa que presentó hace dos semanas el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: los estudiantes no fueron quemados en el basurero de Cocula, es decir, siguen desaparecidos.

Cuando Chile estuvo bajo el régimen dictatorial de Pinochet fueron muchos los países que alzaron la voz en defensa de nuestro pueblo, hubo condenas internacionales, hubo redes de apoyo y de solidaridad; de hecho, el gobierno mexicano jugó un papel importante refugiando perseguidos políticos y amparando compatriotas que tuvieron que salir al exilio. Entonces, volviendo a la pregunta de aquella noche, ¿lo que está pasando en México no es un problema similar, lo suficientemente grave como para que haya una condena internacional?, ¿no deberíamos hacer algo?, ¿no deberíamos pronunciarnos?, ¿solidarizar?, ¿no es también nuestro problema? Yo insisto en mi respuesta, era importante estar en esa marcha, no era un delito, sin embargo, con nuestro encarcelamiento quisieron mandar un mensaje a la sociedad mexicana y a los extranjeros que estaban saliendo a la calle: “Nosotros tenemos el poder y hacemos lo que se nos da la gana”, y quiero compartir con ustedes la sensación de absoluta vulnerabilidad que experimenté durante esos días en que estuve detenido, sometido a un poder caprichoso, irresponsable, ávido de lucro a cualquier costo. El estado mexicano y su actual gobierno han sido infiltrados por el narcotráfico, por la delincuencia organizada y por sectores que quieren imponer un modelo neoliberal al estilo chileno, en que lo único que importa es el enriquecimiento rápido a partir del despojo y la enajenación de las riquezas, pasando por encima de comunidades y personas. No ha habido exactamente un golpe militar, no es así como se explica lo que ahí está pasando, pues las instituciones en apariencia siguen funcionando, pero los resultados son más o menos los mismos (o peores). Un funcionario que nos golpeo hasta el cansancio en el traslado de Ciudad de México a Veracruz nos dijo con plena conciencia de lo que eso significaba: “Con nosotros se acabaron sus derechos humanos”. Esa es la esencia del estado de excepción. El país entero está secuestrado por una amalgama de mafiosos de corbata y mafiosos sin corbata, con muchas armas y mucha influencia política.

La presidenta Bachelet ha estado ya dos veces en México durante el gobierno de Peña Nieto y no dijo nada acerca de los oscuros y sanguinarios hechos que aquejan a ese país; la senadora Isabel Allende hace pocos meses apareció en un reportaje de televisión en que agradecía la hospitalidad de la que ella y su familia habían gozado durante el período de su exilio en México, pero no fue capaz de decir algo acerca de las constantes violaciones a los derechos humanos que en esas tierras vienen ocurriendo desde hace ya varios años, y que se han incrementado exponencialmente en el último sexenio.

¿Qué hacer? Por lo pronto informarse, ayudar a difundir la información, cuestionar la legitimidad de ese gobierno asesino, exigir justicia, apoyar a los padres y familiares de las víctimas, exigir a los organismos internacionales que se pronuncien, a nuestros gobiernos que se pronuncien; es decir, no es poco lo que se puede hacer, aun no estando allá, aun no siendo mexicanos, o siéndolo sin serlo. Y repetir lo que los padres de esas familias a las que les arrebataron un hijo siguen diciendo:

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

El sábado 26 afuera de la embajada de México a las 18:00 nos reuniremos a insistir en esta consigna.