Foto vía ROIJ

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“¿Qué vas a saber tú? Quédate callado mejor”, le repetían a Franco Gómez cada vez que trataba de dar su opinión en las reuniones. Tenía 14 años y estaba empezando a participar en distintas instancias sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  “Me trataban así, siendo que yo estaba educándome sobre el tema y que muchas veces los niños tienen más información que algunos adultos, que ni siquiera tienen entendido lo que son los derechos del niño”, explica a eldesconcierto.cl Franco Gómez, que hoy tiene 18 años y es uno de los jóvenes que participan activamente en la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile (ROIJ Chile).

Desde que comenzó su camino como activista, la situación legal de su grupo etario no ha mejorado mucho, a pesar de que ya han pasado 25 años desde agosto de 1990, cuando el Estado de Chile ratificó su adhesión a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) que lo comprometía con el cumplimiento, respeto y garantía de los derechos de los niños y adolescentes consagrados en la convención. En particular, le dio la responsabilidad de adoptar las medidas legislativas, institucionales, administrativas y financieras que sean necesarias para el respeto de estos derechos.

Pero Chile sigue sin contar ni siquiera con una ley que reconozca los derechos de niños, niñas y adolescentes. La falta ha sido reiterada hace años por el Comité de Los Derechos del Niños de la ONU, que ha instado al Estado a elaborar un marco normativo al respecto. En base a esta observación es que el pasado 21 de septiembre la presidenta Michelle Bachelet firmó los proyectos “Ley de garantía de derechos de la niñez” y el que crea la “Subsecretaría de la niñez” que beneficiarían a todos los menores de 18 años que vivan en el territorio nacional. Según la última encuesta Casen, de 2013, esta población de niños, niñas y adolescentes alcanza el 25,6% de la población total del país.

Los derechos que incluye la ley son la protección contra la violencia, libertad ambulatoria, derecho a ser oído, derecho a la identidad cultural, derecho a vivir en familia, libertad de pensamiento, conciencia y religión, libertad de expresión, derecho a la vida privada, derecho a la propia imagen y la honra, derecho de participación y la prohibición de la discriminación arbitraria, el derecho a la educación y la salud, y  el derecho de petición.

Estela Ortíz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia –que pertenece al Ministerio Secretaría General de la Presidencia -, explica que la gran diferencia entre la legislación actual y la futura es que se pasa de un modelo tutelar a uno de derecho. “Actualmente vemos a los niños como sujetos más de protección que de derecho. Se les ve como personas que necesitan ayuda, no como personas que pueden aportar al desarrollo social, económico y cultural del país. Ese cambio es sustancial: hay que respetarlos como un otro válido”, dijo Ortíz a eldesconcierto.cl.

A modo de ejemplo, Ortíz explica que con la nueva ley los niños tendrán el derecho a ser escuchados frente a cualquier resolución que tenga que ver con su vida en un juicio. Será partícipe de la decisión final ya que su opinión será preguntada y considerada, independiente de que se acoja o no. Y de no hacerlo, se le darán los fundamentos pertinentes. Este es uno de los puntos que fue considerado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el juicio de la jueza Karen Atala para que volviera a tener el tutelaje de sus hijas. Luego de que se supiera que Atala era lesbiana y convivía con su pareja homosexual, la Corte Suprema le negó la tuición de sus tres hijas, que fue devuelta tras el fallo de la CIDH contra el Estado de Chile. Uno de los puntos que consideró el organismo internacional para tomar esta decisión, es que el juicio no había considerado la opinión de las niñas para realizar el fallo.

Distintas organizaciones que se dedican a investigar y abogar por  los derechos de los niños han coincidido en que los dos proyectos firmados, que ya se discuten en el Congreso, son un avance. Sin embargo, las críticas no faltan.

El historiador Jorge Rojas es experto en infancia y publicó, entre otros libros, la Historia de la Infancia en el Chile Republicano. Rojas dice a eldesconcierto.cl que los proyectos de ley ingresados no son “como una varita mágica”: “la dimensión institucional es una de las que hay que tomar en cuenta, hay otras que son derivadas del funcionamiento de la sociedad independiente del Estado. Y en una sociedad como la nuestra, en que el Estado tiene una función bastante marginal, al reforzar el aparato público puede pasar lo mismo que ocurre con la División del trabajo: tiene ínfimas atribuciones, entonces el mercado funciona con relativa autonomía. Suponer que crear una subsecretaría de la infancia va a resolver todos los problema relacionados con la infancia es un poco ilusorio”.

Por su parte, Nuri Gajardo, vocera de la ROIJ, asegura que la ley no compromete al Estado a garantizar los derechos que se proponen. “Es una ley bastante frágil, de papel, que no es lo que la sociedad civil quería y lo que las niñas y niños le han planteado al gobierno. No compromete a nadie. Reemplaza la palabra garantía por la de contribuir y se plantea que hay que revisar la disponibilidad de recursos. Respecto a la Subsecretaría de la infancia, desde Educación se está levantando una Subsecretaría de primera infancia, entonces tendemos a fragmentar, no se logra mirar de forma integral a los niños y niñas. Sería ideal que hubiera un Ministerio de la infancia. El Estado no garantiza, con lo cual vulnera. No podemos seguir enchulando algo que no es: lo que ha ocurrido es nuevamente una decepción”, denuncia en eldesconcierto.cl.

Asambleas infantiles

La ROIJ hizo público un comunicado rechazando las iniciativas del Ejecutivo por considerarlas insuficientes. Entre los puntos criticados está la “falta de valoración del rol de la sociedad civil y de la participación de los niños y niñas”.  “Este proyecto ha sido el mayor compromiso que se ha hecho a voz pública, la propuesta más concreta que hemos tenido, aunque no se ha desarrollado. Pero en este proyecto de ley no le han preguntado nada a la sociedad civil, se ha hecho todo desde el estado, cosa que yo considero un poco negligente sabiendo que los adolescentes y niños son los que se van a ver afectados con esta ley”, afirma Franco Gómez.

Nuri Gajardo, de la misma organización, sigue esa línea. “Si queremos fortalecer el sistema, se tiene que empezar por la base social. Hay que generar mecanismos reales de participación. Ha sido muy perversa la participación: hemos estado trabajando un año y medio en este proyecto, que sacó garantías, presupuesto… y la participación no es solamente ir a un consejo consultivo que no es vinculante. Existe un temor a la sociedad civil, a raíz de la crisis política, cuando debe verse como una gran oportunidad: somos colaboradores estratégicos. Se está pensando en armar un Consejo nacional de niños y niñas, pero tampoco dicen cómo lo van a hacer”, declara.

El estudio “Protección social para la infancia y la adolescencia en Chile”, elaborado en colaboración entre la ONU, la Cepal y la Unicef en 2013, indica que “Si bien la voz de los niños, niñas y adolescentes se ha empezado a recoger a nivel de encuestas, no existen espacios o mecanismos institucionalizados para que la ciudadanía participe en la definición de necesidades, vulnerabilidades, inequidades y la manera de enfrentarlas”.

El informe concluye que “la incapacidad de las autoridades para apaciguar el conflicto estudiantil y de construir un acuerdo satisfactorio en materia de educación, dan cuenta de las dificultades del sistema político para absorber, procesar y responder a las demandas de los nuevos movimientos ciudadanos. La forma de la que se enfrentarán estos desafíos determinará en gran medida el rumbo futuro de la protección social a la infancia y adolescencia en Chile”.

La secretaria ejecutiva del Consejo de la Infancia, Estela Ortíz, aseguró que la participación es clave para el gobierno. Lo que pasa, explica, es que existen un total de siete proyectos relacionados con infancia y hasta el momento sólo dos han ingresado a discusión. Dentro de los restantes estaría el proyecto sobre participación de los menores en la toma de decisiones. “En la ley de garantías no está planteado el tema de la participación, pero sí en la existencia de la Subsecretaría y otras leyes que vienen más adelante. Van a ser considerados a nivel local, regional y nacional. El derecho a ser escuchado pasa a ser una garantía en las decisiones que tienen que ver con los niños, niñas y adolescentes. El derecho a organizarse también está planteado”, afirmó Ortíz.

Respecto al trabajo de las organizaciones civiles, dijo que “hay un reconocimiento de parte mía y del gobierno al enorme rol que ellos han cumplido. Sin el aporte de ellos estaríamos mucho más atrasados”. Afirmó que en el momento en que se empiecen a hacer las indicaciones a los dos proyectos de ley ingresados, analizarán las críticas planteadas para determinar si son recogidas.

La violencia policial contra niños Mapuche

Niño mapuche

Foto de Felipe Durán

Expertos consultados coinciden en que, además de la escasa participación infantil, una de las mayores preocupaciones es la violencia a la que se ven sometidos los niños en Chile. Nuri Gajardo dice que muchas veces la violencia viene del mismo Estado, como por ejemplo los casos de abuso que se han registrado en las mismas sedes del Servicio Nacional de Menores (Sename) o las represiones policiales, especialmente en poblaciones –el 22% de los niños vive en situación de pobreza- y en la Araucanía, debido al conflicto Mapuche.

Según la Casen 2013, el 9% de los menores de 18 años del país pertenece a alguna población indígena, entre ellos están los niños mapuche que viven en las comunidades que tienen más tensión con los poderes del Estado ya que sus familias luchan por la reivindicación de sus tierras ancestrales.

En este contexto de lucha, una serie de niños ha sufrido las consecuencias de los allanamientos policiales, viendo cómo los carabineros arrestan a sus familiares e incluso recibiendo golpes de parte de ellos. Estos hechos fueron los que llevaron a que el año 2011 tres organismos presentaran una demanda contra el Estado de Chile frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese momento la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile denunció heridas con balines, bombas lacrimógenas, interrogatorios ilegales en los colegios, rapto e incluso tortura a menores mapuche.

La demanda concluyó en un acuerdo con el que el Estado chileno se comprometió a no aplicar la Ley Antiterrorista a niños. Pero la situación no me ha mejorado mucho. Ayer el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación Apoyo a la Niñez y sus Derechos (ANIDE) y la Alianza Territorial Mapuche (ATM) presentaron nuevamente ante la corte internacional pruebas visuales de acciones policiales violentas contra 73 niños, niñas y adolescentes mapuche en lo últimos años.

“Nosotros estamos fortaleciendo a nuestros niños para que cambien la historia y sostengan nuestro pueblo. Que cambien esa historia de piedras contra balas, de la policía fuertemente armada contra la gente desprotegida”, expuso esta mañana Mijael Carbone, representante del pueblo Mapuche, en la audiencia que se llevó a cabo en Washington. Manuela Royo, abogada de la ATM, acusó impunidad de los actos: “El responsable de carabineros de la zona fue propuesto para ser ascendido. No sólo no hay sanciones ni voluntad jurídica, sino que además se premia y se compensa políticamente a quien hace este tipo de acciones”.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ya expresó su preocupación al Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que hizo público el recién pasado 2 de octubre un documento con observaciones y sugerencias respecto a la infancia al Estado de Chile. Allí declara que “El Comité sigue profundamente preocupado por la situación permanente de la desigualdad, la discriminación y la violencia contra los niños indígenas, en particular los niños mapuches”.

Además, recomienda que el Estado de Chile adopte las medidas sugeridas reiteradamente en años anteriores, entre ellas la “adopción de una ley para la protección integral de los derechos del niño, la recopilación de datos y la asignación de recursos”. En conclusión, las sugerencias hablan de la necesidad de un sistema integral que se haga cargo de los derechos de los niños en Chile.

¿Por qué ha costado tanto llegar a una estructura como esa? El historiador Jorge Rojas, experto en infancia,  afirma que una de las principales dificultades que ha tenido Chile para elaborar una política de infancia consistente es que existe una tendencia a disociar los temas infantiles del resto de las problemáticas sociales, lo que considera un error. “No hay que encerrarse en un discurso enfocado sólo en los niños, sino que abrirse a otras problemáticas que son más generales pero que los afectan. Por ejemplo, cuando se habla de trabajo infantil se enfatiza en reforzar la escuela y acompañar a la familia, pero no se pone atención en problemáticas que inciden en el trabajo infantil que tienen que ver con el trabajo adulto. No se habla de salario mínimo, de condiciones que hagan el trabajo adulto más estable y protegido o que haya protección para hacer negociaciones colectivas”, explica Rojas.

Para él, la razón de esta disociación entre el mundo adulto y el infantil responde a tensiones políticas: “No es casual que muchas de estas temáticas que hablan sólo de niños, cuando se discuten en el Congreso, aparezcan como razonables y sean apoyadas transversalmente por las bancadas de muchos partidos. Pero cuando se habla de problemáticas más amplias y polémicas, se rompe el consenso. Entonces cuando se habla de niños se eluden otras dimensiones que también afectan a los niños”.

Esta misma visión podría aplicarse a discusiones como la rebaja de la edad de las penas, en el marco de que ha aumentado el número de menores envueltos en delitos, o de la adopción de niños por parte de padres homosexuales. Ambos influyen en la calidad de vida de los niños, sin embargo se tratan como temas aparte.

“Sin cuestionar el impacto positivo de los esfuerzos desplegados durante los últimos diez años, se plantea la pregunta de cuánto más lejos se llegará en términos de equidad e inclusión social con programas y políticas de promoción sin emprender reformas estructurales de mayor envergadura”, se cuestiona finalmente la autora del estudio de la Unicef sobre la infancia en Chile.