contrato-unilateral

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Hace un par de meses, las Asociaciones de Consumidores de Santiago que participábamos en el Consejo Consultivo de Sernac fuimos invitados a una reunión con el Director y el jefe jurídico del Sernac. El Director nos entregó una copia de un nuevo borrador del decreto que busca reglamentar la “aceptación a la modificación de contratos de servicios financieros” y nos pidió, sobre la marcha, nuestra opinión.

Era el mismo decreto que había sido ingresado y retirado de la Contraloría, en medio del escándalo público, en marzo de este mismo año. El documento que se nos entregó no llevaba ni los timbres ni las firmas de los ministros y de la Presidenta pero se nos advirtió que estaba listo para iniciar la tramitación. La única variación del nuevo decreto es que el artículo tercero que excluye de reglas a los “servicios financieros sujetos a leyes especiales”, ahora es más corto. No entra en las especificaciones que en la versión anterior hablaban de líneas de crédito, cuentas vista o cuentas corrientes.

Ahora, para todos los servicios financieros, los bancos y casas comerciales podrán optar a que leyes acogerse en sus litigios. En el mejor de los casos, este es un nuevo recorte en las protecciones de los consumidores. Las leyes de defensa de los consumidores ahora tienen que vérselas con leyes especiales de protección de grandes sectores empresariales que se ven fortalecidas.

Hicimos ver que seguía siendo una autorización para la modificación unilateral y arbitraria de los contratos. Señalamos que, desde el fallo de la Corte Suprema sobre Cencosud, había quedado claro que no es legal modificar unilateralmente los contratos.

Lo que se produce en este decreto es una duda, una confusión legal allí donde actualmente hay certeza jurídica. La confusión se crea en un lugar que ya había sido despejado por la Corte Suprema. Lo que ratifica la ilegalidad de las modificaciones unilaterales de contratos no es mi interpretación sino la interpretación de los bancos mismos que se han abstenido durante dos años de hacer aumentos unilaterales en sus comisiones. De lo que se trata, con este decreto, es de abrir nuevamente esa posibilidad de ganancias ineficientes, atropellando el fallo de la Corte Suprema.

No es como dicen los bancos, un restablecimiento de las reglas que existían antes del fallo de la Corte. La Corte Suprema declaró negligentes e ilegales las circulares con que la Superintendencia de Bancos permitía esos cobros.

En la reunión que relato, el abogado de Sernac dio uno de los argumentos tácitos que están detrás de este intento renovado e inacabable por imponer la arbitrariedad, dijo: “…siempre se ha sabido que esta situación era temporal”. Ese despliegue de franqueza lo deja a uno sin palabras. ¿Qué es lo que se ha sabido y quienes lo han sabido?

Resumamos; lo que está en juego en este reglamento es el …derecho al abuso en lugar del Estado de derecho.

Estamos a las puertas del segundo intento de parte de este gobierno para autorizar a los bancos y los emisores de tarjetas de crédito a subir las comisiones que cobran sin más cuidados que el de notificar al usuario del alza por cualquier vía que le parezca adecuada (teléfonos, cajeros automáticos, palomas mensajeras). Ya ni siquiera se trata de discutir si el consentimiento del abusado debe ser explícito o tácito; este decreto abrirá la posibilidad de la imposición del alza por la sola vía de su comunicación al cliente.  

Estamos en el mismo escenario de abril. Una filtración de prensa para medir las reacciones del público y de los actores y luego vendrá una explicación sobre la pureza de las intenciones que animan el decreto. Ninguna autoridad va a reconocer que esto es parte de una transacción política con las grandes empresas financieras que sacrifica a los consumidores en sus derechos básicos.

De lo que se trata aquí es de mantener y estrujar a los clientes cautivos por contratos indefinidos. Los grandes proveedores financieros no quieren correr el riesgo de la competencia ni de la revisión legal de sus procedimientos contractuales.

Para que lo entendamos bien: los grandes bancos quieren estar fuera y por sobre el mercado y fuera de los controles del Estado. Esa es la verdad del sistema; monopolio y no libre competencia, derecho al abuso en vez de estado de derecho.

Permítanme algunos datos

1.- Este decreto va a ir a Consulta Ciudadana. Se hizo con los intentos anteriores. Mientras la consulta estaba vigente, se ingresaron los reglamentos a Contraloría.

Conclusión; las Consultas ciudadanas no tienen consecuencias y ni siquiera necesitan ser respondidas.

2.- A pesar de la ilegalidad manifiesta de las distintas versiones de este reglamento que, todas, contradicen la ley de defensa de los consumidores; a pesar de los fallos judiciales, existen caminos institucionales para efectuar estos actos ilegales sin que la ciudadanía tenga derecho a defenderse.

Los consumidores estamos institucionalmente indefensos ante actos arbitrarios como este reglamento porque hemos delegado nuestra soberanía en gente que no tiene que rendir cuentas ante nadie.

3.- La Contraloría, que vela por la legalidad de los actos del Gobierno, aprobó, en tiempos del señor Mendoza el reglamento propuesto por Piñera. La misma Contraloría, se negó a escuchar a las Asociaciones de Consumidores y, fuera de su competencia, alegó ante el Tribunal Constitucional sobre la inexistencia de los derechos Constitucionales de los consumidores.

No hay neutralidad en los órganos del Estado; ni siquiera hay un compromiso con la libre competencia, ni con los mercados, ni con las empresas; menos con los ciudadanos. Hay un compromiso con los monopolios que tiene raíces profundas que no se han tocado en más de treinta años.

4.- El Sernac, ni ahora ni antes, tuvo voz ni voto en este asunto. Los Gobiernos lo usan para tratar de convencer a las Asociaciones de Consumidores y no le autorizan una opinión crítica propia. Así de lejos está el Sernac de ser un organismo autónomo y un actor de peso en las relaciones de consumo.

¿Entonces qué?

1.- Es el momento de que cada uno de nosotros moleste a su parlamentario- representante para pedirle que se manifieste.

2.- Es el momento de que los parlamentarios apoyen a la ciudadanía ante esto que es un tema de principios. Los senadores y diputados que en el pasado han apoyado a las organizaciones de consumidores a que hagan escuchar su voz.

3.- La tarea es ciudadana. Las organizaciones sociales, las ONG y cada uno debemos asumir la defensa de principios básicos de justicia.

4.- Si alguna duda tiene alguien de que necesitamos una nueva Constitución, sepa que en la actual, los consumidores nos son reconocidos como ciudadanos.

5.- Es importante defender la equidad en los contratos financieros. Es verdad que en múltiples otros ámbitos, los derechos de los consumidores son pasados a llevar sin diferenciar que se trate de contratos ‘de adhesión’ o de contratos sin apellidos. Es justamente porque la arbitrariedad gana terreno, que es necesario mantener a flote los derechos ciudadanos en esta mínima parcela de la convivencia.