La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, está “indignada” con la decisión del jefe de los Diputados, Eduardo Cunha, quién está promoviendo un juicio político en su contra y aseguró que no existe base jurídica para promoverlo.

Rousseff se refirió al hecho en un pronunciamiento en el Palacio presidencial Planalto: “recibí con indignación la decisión del presidente de la Cámara de Diputados contra un mandato democráticamente conferido por el pueblo brasileño”, expresó la mandataria.

También aseguró que las bases en que se apoyó Cunha para dar lugar al pedido de varios juristas y partidos opositores “son inconsistentes” y no se fundamentan en “ningún acto ilícito”, según informa Cooperativa.

“No hay en mi contra una sospecha de desvío de dinero público, no tengo cuentas (ocultas) en el exterior y no presioné a instituciones o personas”, aseguró Rousseff en clara alusión a Cunha, involucrado en un escándalo de corrupción de Petrobras y acusado por ese tipo de irregularidades.

En ese sentido, hizo referencia a eventuales negociaciones que Cunha habría realizado con miembros del parlamento oficialista para evitar un proceso que el Consejo de Ética de la Cámara baja propone abrir en su contra.

“Jamás aceptaría” negociaciones de esa naturaleza y “mucho menos si atentan contra el libre funcionamiento de las instituciones y los principios éticos que deben gobernar la vida pública”, dijo.

“No podemos dejar que se sacuda a la democracia”

Con todo esto, Rousseff reveló estar “tranquila” y convencida de “la improcedencia” de esa iniciativa en su contra, de la cual afirmó que será archivada por el Congreso.

“No podemos dejar que se sacuda a la democracia”, declaró la jefa de Estado, y apuntó que los brasileños deben confiar “en nuestro Estado democrático de derecho”.

Cunha aceptó un pedido de juicio político con fines de destitución presentado por varios juristas y cuatro partidos de la oposición que se fundamenta en unas maniobras fiscales irregulares que el Gobierno hizo para maquillar sus resultados de 2014 y que continuaron este año, según fiscales de organismos de contraloría del Estado.

“Es un momento delicado, en que el país atraviesa por una crisis. Este Gobierno pasa por muchas crisis, crisis de naturaleza política y económica, la apertura del periodo de impeachment está basada en la emisión de decretos por dos mil millones de reales, incumpliendo la ley de presupuestos del Estado”, expresó Cunha.

Según sostiene la oposición, esas movidas suponen un “delito de responsabilidad fiscal”, que la Constitución contempla como una de las causas que pueden llevar a la destitución de un mandatario.