Ayer el tribunal constitucional (TC) acogió el segundo punto del requerimiento interpuesto por parlamentarios de la oposición para objetar la gratuidad universitaria, que califica de “discriminatorios” y “arbitrarios” los criterios fijados por el Gobierno para determinar qué estudiantes ingresan o no a la medida en 2016.

En cambio, el requerimiento de inconstitucionalidad que apuntaba a que la gratuidad no era materia de ley de presupuesto fue rechazado tras un empate, donde el voto del presidente del tribunal fue el que permitió destrabar el referéndum.

En una votación empatada a cinco votos, fue el presidente del Tribunal quien tuvo que dirimir.

“En cuanto a los denominados ‘requisitos de elegibilidad’ para que accedan a la gratuidad los estudiantes matriculados en las universidades privadas que no pertenecen al Consejo de Rectores, institutos profesionales y centros de formación técnica, el tribunal acordó acoger la pretensión de inconstitucionalidad por 6 votos 4”, detalló el relator Rodrigo Pica.

Respecto a la objeción al criterio de triestamentalidad esta fue aprobada por 7 votos contra 3.

El próximo lunes 21 de diciembre se notificará a las partes sobre la resolución.

 

Con esto, las críticas y reacciones desde el mundo político y de los movimientos sociales no se hicieron esperar. Principamente, cuestionando el rol que cumple el Tribunal Constitucional y sus atribuciones. A través de twitter, los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson lanzaron sus dardos: