“Conozco a Ana Lya Uriarte desde el año 1979 y se de su probidad y rectitud. No sólo es una persona comprometida con la justicia sino, también, es una profesional seria, rigurosa, proba e intachable”, declaró el diputado Sergio Aguiló, de la Izquierda Ciudadana, frente a las sospechas que ha levantado la jefa de gabinete de la presidenta Michelle Bachelet.

Esto luego de las últimas declaraciones de Natalia Compagnon el pasado 11 de enero en la Fiscalía de Rancagua sobre el caso Caval. En esas circunstancias la nuera de la presidenta reconoce que la mayoría de los trabajos de la empresa Caval eran externalizados y que una de las personas contratadas era nada más y nada menos que la actual mano derecha de Bachelet: Ana Lya Uriarte. “También contratamos a Ana Lya Uriarte, porque Gonzalo Vial (empresario al que la firma prestó servicios) estaba interesado en comprar la central termoeléctrica Los Guindos y se necesitaba saber si la planta era lo que se ofrecía y se le pagó a ella desde la cuenta corriente de Mauricio Valero”, señaló.

“Rechazo los intentos de la Derecha y algunos medios de comunicación opositores de intentar enlodar la imagen y prestigio de la  Jefa de Gabinete de nuestra Presidenta de la República”, señaló el diputado.

Sus palabras, que también incluyeron una crítica a la “mala gestión política” del ex ministerio de Interior Rodrigo Peñailillo, dieron rienda suelta a una serie de sospechas sobre Uriarte que el diputado Aguiló salió a hacer frente.

En su declaración pública hace hincapié en que la declaración de Compagnon se refiere a asesorías que Ana Lya Uriarte realizó para la empresa pero que no tienen absolutamente nada que ver con los polémicos negocios de los terrenos en Machalí.  “El Estudio Jurídico, del cual era parte la abogada Ana Lya Uriarte el año 2012, asesoró a la empresa Caval en una materia lícita y completamente desvinculada a los negocios de la misma empresa en la VI Región”, indica el parlamentario.

El trabajo que hizo el estudio Sustentaabogadas, donde trabajaba Uriarte, se basaba en informes medioambientales, especialmente respecto al nuevo sistema institucional ambiental de Chile que cambió en 2010 y en un estudio de factibilidad de traspaso de una concesión de una central termoeléctrica en Biobío. El pago que recibieron por esos trabajos fue de cerca de $20 millones.

Aguiló añade que los abogados y estudios jurídicos no son responsables de las conductas ilícitas que practican las personas o empresas para las que alguna vez trabajaron. “Por todo lo anterior, rechazo los intentos de la Derecha y algunos medios de comunicación opositores de intentar enlodar la imagen y prestigio de la  Jefa de Gabinete de nuestra Presidenta de la República”, concluye.