Este Informe de Amnistía Internacional es realizado año a año, y consta de un balance sobre el estado de vulneración de los derechos humanos en el mundo, como además del rol que han cumplido los gobiernos respecto a esto.

“Al respecto del año pasado, se destaca una peligrosa tendencia de vulneración intencionada a los derechos humanos de millones de personas en el mundo”, añade el organismo internacional.

 

Los gobiernos creen en la “seguridad nacional” a costa de los derechos humanos

El número de Estados y gobiernos que violan derechos humanos, subió escandalosamente.  De acuerdo al Informe Anual son más de 122 Estados los que ejercen tortura u otros malos tratos, como además, son 30 los que ilegalmente obligaron a retornar a refugiados de países donde corrían peligro.

“La protección internacional de los derechos humanos corre peligro de desmoronarse, ya que las draconianas y represivas campañas nacionales de seguridad planteadas a corto plazo, y que obedecen a intereses particulares, han tenido como resultado un asalto total contra los derechos y libertades fundamentales”, ha advertido Amnistía Internacional, mediante su Secretaria General, Salil Shetty.

Así mismo, esta violencia sobre los derechos humanos de la sociedad, son consecuencia de las desmedidas políticas de “seguridad nacional”.

Esta visión equivocada de la seguridad nacional es presentada incluso, “como contraria a los derechos humanos”, lo que a su juicio, tiene como consecuencia “reprimir a la sociedad civil, el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión”, afirma Shetty.

En el caso de Chile, las cosas no son muy distintas, para Amnistía Internacional siguen siendo faltas graves los casos de violencia policial juzgados por tribunales militares y que se mantenga la penalización al aborto y  el uso excesivo de violencia policial sobre el pueblo mapuche.

Si bien la Presidenta Bachelet se comprometió a reformar la legislación de la justicia militar, aún continúan casos de violaciones de derechos humanos que implican a miembros de fuerzas de seguridad que están siendo juzgados por tribunales militares.

Al respecto, destacan los casos de Manuel Gutiérrez, el joven de 16 años que fue muerto por las balas del carabinero Carlos Burgos Toledo, durante una manifestación estudiantil el 2011.

En el proceso, la Corte Marcial (tribunal de apelación en el sistema de justicia militar), redujo a 461 días la condena, de 3 años y 61 días de prisión impuesta al ex carabinero.

Esto ocurrió, a pesar de que el propio tribunal militar concluyó que los carabineros “habían tenido a su disposición medios que no implicaban el uso de armas de fuego para dispersar manifestantes”.

Otros casos que se mencionan, son los del obrero Nelson Quichillao, quien murió por disparos de las fuerzas de represión, durante una manifestación en julio pasado, en El Salvador. Como además, el del estudiante de 28 años, Rodrigo Avilés, quien en  las manifestaciones del 21 de mayo fue herido de gravedad y dejado con riesgo vital a causa de un carro lanzaguas de carabineros.

Derechos sexuales y reproductivos

Así mismo, el informe anual señala como una vulneración de derechos humanos “que el aborto siga tipificado como delito en todas las circunstancias”.

En esta materia, y a pesar de la insistencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de la ONU, sigue pendiente en el Congreso un proyecto de ley “para despenalizar el aborto cuando el embarazo pusiera en peligro la vida de la mujer, cuando fuera consecuencia de violación o incesto o en casos de malformación fetal severa”.

Derechos de los pueblos originarios

Así mismo, Amnistía Internacional pone la alarma, igualmente “en el aumento de denuncias respecto a detenciones arbitrarias y de violencia policial sobre el pueblo mapuche”, explica Ana Piquer, de Amnistía Internacional Chile.

En este contexto, una de las propuestas que realizó el CESCR de la Onu en su visita a Chile en el mes de julio pasado, fue precisamente “garantizar el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos originarios, con el fin de asegurar su derecho al consentimiento libre, previo e informado en relación con las decisiones que pudieran afectar directamente a sus derechos”.

Al respecto de estos casos, resalta el de Juana Calfunao y los miembros de su familia en la Comunidad Juan Paillalef, quienes sufrieron “excesivo uso de violencia por parte de la policía, detenciones arbitrarias y  amenazas e intimidación”, lo que gatilló que la Comisión Interamericana de Derecho Humanos colocara medidas cautelares para los afectados.