“¿No te gusta ser el presidente cabro conchetumadre?”. Golpe. “Bueno si erís el presidente sal a marchar, ¿no erís tan chorito afuera?”. Golpe. Así describió Roberto Zambrano (18), presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, la detención de la que fue objeto el 17 de mayo pasado por parte de Carabineros, que lo dejó con múltiples hematomas luego de una golpiza en el baño de la 3a Comisaría. Dice que todo empezó cuando por defender a un compañero se identificó como parte del centro de estudiantes.

Cuatro días después, el 21 de mayo en Valparaíso, un incendio provocado por encapuchados causó la muerte por asfixia del trabajador Eduardo Lara (71). Autoridades, como el General Director de Carabineros y el alcalde de Valparaíso apuntaron a las críticas que enfrenta constantemente Carabineros respecto al orden público. Incluso, la presidenta Michelle Bachelet declaró, a propósito de lo vivido, que Carabineros podría haberse “inhibido” luego de lo sucedido exactamente un año antes, cuando un chorro del carro lanzaaguas lanzado directamente a la cabeza dejó en riesgo vital al estudiante Rodrigo Avilés.

Para Félix Avilés, padre del militante de la Unión Nacional Estudiantil (UNE), esta explicación es una irresponsabilidad. “Creer que Carabineros se inhibe por un hecho de hace un año es una afirmación delicada porque implica que el orden del país depende de crisis emocionales”, señala. Para Félix, tanto el incendio que acabó con la vida de Eduardo Lara como la agresión a su hijo Rodrigo “se ponen en juicio los protocolos de Carabineros: no cumplen lo que plantean ni lo que se espera de ellos”.

Hay además un sinnúmero de registros que no sólo rompen protocolos sino que  constituyen delitos, como la denuncia de Roberto Zambrano. En los últimos diez años, cada oleada de movilizaciones estudiantiles deja registros de detenciones y retenciones ilegales de policías sin identificar, golpizas y distintas formas de amedrentamiento. Ya en su Informe Anual 2006 el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales consignaba, por ejemplo, que sólo en un día hubo cerca de 10 detenciones ilegales de Carabineros a dirigentas de educación secundaria, todas mujeres, siendo dejadas en distintos sectores de la capital, así como retenciones ilegales y disparos al aire de funcionarios de la PDI.

En los informes emitidos entre 2007 y 2011 se repiten las denuncias por detenciones ilegales y amedrentamientos en el contexto de movilizaciones estudiantiles. El 2009, además, se consigna que unas sesenta personas detenidas en el gimnasio de la Tercera Comisaría de Carabineros, fueron fotografiadas e interrogadas por un grupo de civiles que se negó a identificarse, en lo que después se identificó como un procedimiento irregular a cargo del fiscal Andrés Montes, hoy persecutor del caso SQM. El año 2010 se vuelve a alertar que “se han implementado estrategias de control preventivo con detenciones ilegales, grabaciones y “controles aleatorios” que carecen de justificación legal, al menos según lo disponen las normas sobre control de identidad.” Para el 2011 avisa que “Carabineros de Chile ha introducido novedosas prácticas de control, entre las que se cuenta personal infiltrado, así como el uso injustificado de balines y violencia.” Ese año, el de las más grandes movilizaciones desde el fin de la dictadura, el Estado chileno terminó con un llamado de atención de UNICEF y un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la “ausencia de proporcionalidad en las medidas adoptadas al prohibir marchas, regularlas de forma inadecuada y reprimirlas utilizando violencia desmedida”.

La semana pasada, en medio del debate por la “inhibición de Carabineros”, críticas a la directora del INDH, Lorena Fries, y anuncios de nuevos proyectos de ley, se dio una nueva movilización estudiantil. El día terminó con la actriz María Paz Cajas denunciando que una golpiza en la 3a Comisaría le habría causado un aborto y múltiples imágenes de funcionarios de Carabineros portando sub-ametralladoras UZI en las esquinas del centro de Santiago.

Para Gerson Gutiérrez, hermano de Manuel Gutiérrez (16), asesinado el 2011 por el cabo Miguel Millacura con la misma arma, esto es “una conducta sistemática de Carabineros, no me sorprende pero sí me preocupa porque no es primera vez que pasa. Parece que ya es protocolar que los carabineros salgan con UZI”. La familia Gutiérrez sigue esperando la derogación de la Justicia Militar prometida en el programa de gobierno de Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría. “Nos habían insinuado que el 21 de mayo se anunciaría esto, pero no pasó nada”, comenta Gerson.

“El amedrentamiento a dirigentes sociales es parte de las amplias facultades que tiene Carabineros. Casos como el de Roberto hay muchos entre los que han sido dirigentes secundarios a lo largo de estos años y para nosotros son importantes de denunciar”, señala Gael Yeomans desde el FEL, organización donde milita Zambrano. Sin embargo, puntualiza que ven con preocupación que “hay reformas legales que vienen a profundizar los amplios poderes que ya tiene Carabineros, como es el control preventivo de identidad”.

Eloísa González, vocera de la ACES el año 2012, comenta que “los dirigentes y quienes participan del movimiento estudiantil secundario siempre han sido hostigados”. Sin embargo, en su análisis la estrategia hoy es querellarse contra los manifestantes detenidos por delitos más graves que desórdenes simples para así obtener medidas cautelares. “Esto tiene que ver con una tesis que no es de la cooptación, que era la política tradicional de la Concertación para los dirigentes, sino la política de Burgos: apalear al movimiento estudiantil, criminalizándolo con la complicidad de los medios de comunicación y a la vez someterlos judicialmente”, apunta González.

Desde la Subsecretaría del Interior descartan que eso sea una estrategia de la cartera, puntualizando que la última movilización estudiantil del 26 de mayo, que terminó con 117 detenidos, no tuvo autorización de la Intendencia Metropolitana y a cambio se presentó un recorrido alternativo, el que fue rechazado por los dirigentes estudiantiles.  “En movilizaciones no autorizadas, habrá más desórdenes y los delitos serán más graves. Obviamente eso generará otro tipo de querellas”, señalan. Además, niegan que haya desproporcionalidad o intencionalidad en el tipo de cargos que se presentan, señalando que si se presenta querella “es porque ya se tiene certeza de que va a tener algún grado de éxito”, apuntando a las críticas políticas que enfrentaría Interior en el caso de que este tipo de juicios “se cayeran”, como le ocurrió al Ministerio del Interior bajo el gobierno de Piñera. De acuerdo al Ministerio Público, ocho de los detenidos ese día quedaron con medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno. Los delitos por los que fueron acusados son desórdenes públicos y maltrato de obra a Carabineros.

Desde Intendencia, en tanto, señalan que presentaron querellas contra dos personas, también por maltrato de obra a funcionarios de Fuerzas Especiales. 

FOTO: RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO

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Para Tomás Vial del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales las cifras y denuncias deben ser analizadas año a año según el contexto e intensidad de las movilizaciones. Para el abogado, muy pocas llegan a la instancia formal de denuncia y además existe un problema central: “estos casos siguen siendo de competencia de la Justicia Militar, en la que hay miles de denuncias. Un informe del INDH del año pasado cifra en 20.000 las causas que han llegado a la Fiscalía Militar entre Coquimbo y Los Lagos desde 1991, de las que sólo el 1.7% ha llegado a tener sentencia”.  

En el caso de Roberto Zambrano, el presidente del Instituto Nacional, ya se presentó una querella por el delito de apremios ilegítimos, la que fue declarada admisible: el Ministerio Público se encuentra iniciando las diligencias de investigación. La actriz María Paz Cajas, en tanto, se encuentra analizando acciones legales. El representante de ambos es Rodrigo Román de la Defensoría Popular, quien indica que “por un lado nos interesa determinar responsabilidad sobre los autores inmediatos, pero también responsabilidades políticas porque ya no son hechos aislados”. Según los datos que entregó Amnistía Internacional en abril, al lanzar una campaña para terminar con la jurisdicción militar , las denuncias por violencia ejercida por miembros de Fuerzas Especiales de Carabineros han aumentado un 300%, sin embargo, un 90% por ciento de las ellas resultan sobreseídas y sólo el 1% de los responsables es condenado.

Un informe de la Corporación Humanas respecto a dos casos de violencia sexual perpetrada por funcionarios de Carabineros en contra de jóvenes mujeres de 14 y 18 años en 2011 es ilustrativo sobre cómo terminan estos procesos. El primer obstáculo fue lograr que el Tribunal civil se declarara competente y los casos no fueran llevados a Justicia Militar. Gracias a una apelación a la Corte de Apelaciones lograron esto, pero pese a todo Fiscalía no perseveró en la investigación. “Como Corporación Humanas realizamos todas las incidencias posibles para que el Ministerio Público no cerrara la investigación, y en el evento de que no pudieran encontrar a los responsables directos de los hechos, a lo menos plantearan una teoría mediata, para responsabilizar a los altos mandos encargados de dicho operativo. Esto finalmente no ocurrió, se cerró la investigación y el caso quedó en la impunidad”, se lee en el texto.

Alejandra Mohor, del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, apunta hacia la formación de las Fuerzas Especiales: “Los protocolos de uso de la fuerza no tienen que ser sólo redactados, sino que tienen que ser incorporados en la formación policial y su capacitación constante, incluyendo  prácticas y simulaciones, para que el espíritu de la norma sea encarnado”. Ante las denuncias y registros de amedrentamientos y detenciones ilegales a dirigentes, señala que “hay una caja negra en torno a muchas actuaciones de Carabineros”. En su análisis, pese a que el 2010 Carabineros y Policía de Investigaciones dejaron de depender de Defensa, siguen rigiéndose por la Justicia Militar. “Eso explica por qué tanta opacidad en cuanto a Carabineros. Son la institución con más reclamos y solicitudes en el Consejo para la Transparencia. Carabineros es una institución militarizada que además persiste en adoptar códigos relacionado a lo militar”.

Fuentes de la Secretaría General de la Presidencia confirmaron a El Desconcierto que la modificación de la Justicia Militar no está en la agenda del Ejecutivo en corto plazo, pero por un atraso en la elaboración jurídica del proyecto. En opinión del experto del Centro de Derechos Humanos UDP, Tomás Vial, no hay indicios de que se esté avanzando en una nueva regulación. Según Félix Avilés, desde lo ocurrido con su hijo Rodrigo “hemos conversado con muchas autoridades y se prometió que en esta fecha se iba a ingresar el proyecto, que además está ofrecido en el programa de gobierno, pero no hemos tenido avance ni informe sobre la propuesta de cambios a la justicia militar”. Alejandra Mohor coincide: mientras el proyecto de control preventivo de identidad avanza, para reformar la Justicia Militar “no hay voluntad en los partidos”.