El fiscal Emiliano Arias, encargado del caso Corpesca, y que logró el desafuero del UDI Jaime Orpis por cohecho ligado a la firma del grupo Angelini Corpesca, anunció que ampliará la investigación sobre las pesqueras por posibles aportes ilegales a campañas.

 

Puede haber más casos como el de Orpis y más empresas que hayan hecho donaciones a políticos y que sean constitutivas de delitos. Yo no investigo para ver si hay algo. Es en razón de que hay indicios, que voy a verificar. En este caso, dada la existencia de indicios concretos, con alto estándar asentados ya en Corpesca, como la prisión preventiva para Orpis, es que continuamos con la investigación”, dijo Arias a La Tercera.

Los antecedentes a los que se refiere Arias son tres: correos electrónicos entre grandes pesqueros organizando el lobby para influenciar a congresistas; casi todas las empresas agrupadas en asociaciones a lo largo de todo el país han realizado rectificatorias en el SII por impuestos no pagados en 2012: y los últimos antecedentes sobre el financiamiento de la campaña de Iván Fuentes, gestionado por el DC Patricio Walker. 

Arias detalló que “los hechos investigados en Corpesca no delimitan la investigación no formalizada, ni respecto de empresas ni respecto de personas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo  es que, tras haber cumplido un hito bastante trascendente, como haber desaforado al senador Jaime Orpis, que se le haya imputado además, a él, a la diputada Marta Isasi y al gerente general Francisco Mujica, la investigación avanza en relación a todos los otros actores“.

Arias confirmó que se investigará a grandes pesqueras del Bío Bío, agrupadas en Asipes, sin embargo aclaró que “estamos abocados es a indagar las similitudes entre los hechos constitutivos de delitos que había en Corpesca y en las otras federaciones como Asipes y Asipac. Y bueno, sabemos sobre las macrozonas, norte, centro norte, centro sur y la austral. Cada una tiene sus federaciones: Asipes, Asipac y Fipes. Todos organizados en Sonapesca“.

Para el fiscal esta investigación es inseparable del proceso en que el Congreso aprobó la ley de pesca, cuestionada por pescadores artesanales y diversos movimientos sociales. Arias aseguró que “la Ley de Pesca es una ley en cuya formación se cometieron delitos”.

“Eso está con un nivel de acreditación altísimo dado por la prisión preventiva. En consecuencia, en el proceso de formación de la ley hay corrupción. Uno puede entender que las empresas a quienes afecta una determinada norma ejerzan un lobby, un lobby feroz, como se quiera, porque a esos asesores, a esos presidentes de empresas, a esos gerentes generales les pagan para eso. Y ellos presionan, hacen lobby sobre quienes deciden. Y eso puede ser solo éticamente reprochable, pero lo que hemos descubierto y que está acreditado y confirmado por el Juzgado de Garantía y la Corte de Apelaciones, es que en el  génesis de esta ley hubo corrupción”, detalló.