La columna aparecida en este medio el día de ayer, referida a los resultados de un examen final de un curso obligatorio de la malla de la carrera de derecho que me correspondiera impartir durante el primer semestre de este año, contiene afirmaciones manifiestamente falsas y juicios del todo infundados, que mi condición de académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile me obliga a refutar.

El título de la columna formula ya una imputación cuya gravedad sólo podría pasar desapercibida en un contexto en el cual la actividad universitaria hubiera perdido toda conexión con su naturaleza propia, a saber: que estaría involucrada una “reprobación por decisión política” de parte del académico responsable de la respectiva asignatura. Es llamativo que la nota pretenda justificar esta imputación reproduciendo el texto de una comunicación hecha llegar por mi parte a las y los estudiantes del curso, por la cual les recomendaba cancelar la asignatura, cuando fue abierta esa posibilidad por parte de la  Dirección de Escuela de Pregrado en interés de las y los estudiantes, para así descomprimir la carga académica en la fase final de un semestre que, a consecuencia de múltiples paralizaciones de la marcha regular de la docencia acordadas por votaciones estudiantiles, vio sacrificados 52 días hábiles de actividad lectiva.

Que la rendición del examen por parte de las y los estudiantes que no hicieron uso de posibilidad haya arrojado el resultado —desde todo punto de vista insatisfactorio— que de hecho arrojó, muestra que la falta de realización de más de la mitad de las clases de un semestre de hecho tiene un impacto en el proceso de aprendizaje de quienes enfrentan un curso universitario de elevada complejidad. En la nota se sostiene que el hecho de que en una comunicación posterior, también dirigida por mí a las y los estudiantes del curso, se haya hecho mención de la previsibilidad de semejante resultado, sólo podría ser interpretado como la confirmación de que éste se correspondería con una pretendida “represalia”, políticamente motivada. Sólo alguien que parta de la premisa de que la docencia universitaria está enteramente de más podría creerse autorizado a alcanzar tal conclusión —desafiando, por lo demás, las leyes de la lógica.

Que el autor de la nota se permita afirmar, al mismo tiempo, que el resultado agregado de la rendición de ese examen sería indicativo o bien de la “imperfección” del instrumento de evaluación, en cuanto “extremadamente complejo o derechamente inentendible”, o bien de que la corrección habría tenido lugar “sin criterios conocidos  por quienes rindieron los exámenes”, da cuenta de una liviandad de juicio que parece rayar en la falta de honestidad intelectual. En cada uno de los cursos que imparto evaluaciones pasadas como muestras de ejercicio para preparar la rendición de los controles o el examen por parte de quienes actualmente los cursan, sin que este semestre haya sido la excepción, siendo conocidas las pautas de corrección empleadas en cada caso.

Pero más llamativo todavía es que la nota sugiera que detrás de este lamentable episodio se desplegaría una trama opresiva, orquestada por académicos malintencionados que estarían sacrificando la convivencia universitaria al promover la excelencia académica a cualquier costo, afirmando de paso que yo habría apoyado y promovido el “proceso de movilización de 2009”, que habría dado lugar a una polarización que estaría recuperando su visibilidad. Debo hacer notar que, a la época de desarrollo de ese mismo “proceso de movilización”, no me encontraba en Chile ni formaba parte del claustro académico de la Facultad de Derecho. Esto último debería recordarnos que la preocupación por reproducir con exactitud las circunstancias que relatamos y de ser mínimamente rigurosos en el enjuiciamiento que hacemos de ellas son disposiciones intelectuales a cuyo fomento debe estar consagrada la formación de las y los profesionales del derecho. En este esfuerzo, y a pesar de lo que parece creer el autor de la nota, la docencia universitaria no se ha vuelto superflua.


Profesor Titular Departamento de Ciencias Penales, Facultad de Derecho Universidad de Chile