Hay que tomarse muy en serio el momento histórico que vivimos. Instituciones que han sido la base del equilibrio de poderes en el Chile del ultimo medio siglo están siendo fuertemente cuestionadas: la supuesta corrección y probidad de la clase gobernante (a diferencia, se suponía, del resto de Latinoamérica), los dos bloques políticos, los privilegios de las fuerzas armadas, el sistema provisional, la educación de mercado, la obediencia civil, el extractivismo, el centralismo, la nación única. Pero el que sean cuestionados no significa que vayan a ser superados. De hecho, distintas formas de autoritarismo y todavía mayor sordera frente a la ciudadanía pueden ser una muy posible forma de reaccionar por parte de las élites.

Que estas instituciones sean superadas depende de la efectividad de una estrategia de cambio, sobre la base de entender la relación entre sociedad, poder e instituciones. La sucesión de movilizaciones sociales desde 2011, las elecciones de 2013 y el actuar de distintos grupos de poder durante el gobierno de Michelle Bachelet han permitido que muchas hipótesis estratégicas fueran testeadas en la realidad. Si bien ha sido un período lleno de ruido, al menos, para quienes desean establecer proyectos de cambio social, ahora es posible descartar algunos caminos que antes se pensaron posibles. Esto implica ahora profundizar estrategias por fuera del “voto de confianza” a la Concertación / Nueva Mayoría. Dos cosas son claras: no hay posibilidad de que dichas fuerzas “renueven” su vínculo con el mundo social a través de una profundización democrática, y se ha vuelto nítida, de manera impresionante, la profundidad de su matrimonio con el gran empresariado, manifestada a través de la corrupción.

Este desarrollo que afecta a los grupos de poder del siglo XX se suma a un incipiente pero interesante desarrollo de fuerzas que buscan renovar la tradición de vinculación entre el mundo social y las organizaciones políticas de izquierda. La interrupción de este vínculo, operada durante la “transición” de las décadas de 1990 y 2000, es una anomalía pocas veces vista en la historia de la izquierda chilena. La idea de crear un Frente Amplio viene a ser una respuesta política a la crisis de los grupos hegemónicos del siglo XX y a la emergencia de estas nuevas fuerzas.

Un Frente que persigue más que gobernar, pero que gobierna, y en minoría parlamentaria

En primer lugar, es preciso señalar que el horizonte electoral y poder gobernar no puede ser el objetivo principal del Frente. Para representar una alternativa que potencie lo que hoy son fuerzas sociales y políticas emergentes, es decir, para que en algunos años más estas fuerzas tengan más poder del que actualmente ostentan, los objetivos deben ser sociales, políticos y culturales, y no meramente electorales. Sociales, porque implican cambiar las relaciones sociales actuales y las condiciones de vida. Políticas, porque implican redistribuir el poder en Chile, y culturales, porque deben lograr ser coherentes con la idea de reinventar la forma en que se vive la democracia. El horizonte electoral no es el fundamento de la estrategia, pero sí es uno de los elementos tácticos básicos. Las elecciones, los espacios de gobierno y representación a distintos niveles, deben ser un espacio de trabajo principal. Fundamentalmente, porque, en democracia, las campañas son un momento para comunicar y deliberar, y las elecciones una medición de fuerzas y conteo de voluntades.

En segundo lugar, se debe asumir el problema de las elecciones, la representación y el gobierno con la máxima responsabilidad. Un análisis racional nos dice que, si bien no es un escenario altamente probable, existe la posibilidad de que, en tal vez apenas cinco años, el Frente Amplio chileno derive una opción presidencial que pueda ganar una primera y segunda vuelta. La más mínima posibilidad de que algo así pueda ocurrir, implica que nos la tomemos en serio. Esto no quiere decir dedicarle más energía de la necesaria, pero sí asegurarse de que ese escenario no se transforme en un problema.

Es preciso profundizar en este segundo punto. No es imposible que, en escenarios de dispersión de candidaturas, fragmentación de coaliciones, crecimiento de base de apoyo propia y continuidad de la crisis de los partidos del siglo XX, el Frente Amplio pueda acceder a una segunda vuelta presidencial y ganarla. Sin embargo, dos cosas parecen prácticamente imposibles. Por un lado, que luego de cualquier escenario de resultados del actual Proceso Constituyente se liberen todas las trabas, especialmente quórums supra mayoritarios, para modificar las bases del sistema económico. Por otro lado, a pesar del nuevo sistema electoral, se ve imposible pensar en que un nuevo “tercio” – como podría ser la expresión electoral más exitosa del Frente Amplio – logre mayorías parlamentarias equivalentes a los que en teoría la Nueva Mayoría e independientes obtuvieron en 2013 para realizar reformas estructurales. Esa mayoría teórica, de hecho, probó ser una mentira programática: sectores que supuestamente apoyaban un programa de reformas tibias, mostraron su verdadera posición una vez aseguradas sus posiciones en el parlamento. No querían cambiar nada. En suma, aunque no probable, existe una posibilidad de acceder a la presidencia, aunque en condiciones de minoría parlamentaria y, evidentemente, sin quórums supra mayoritarios sobre los cuales basar un programa de reformas legales.

Tres supuestos para un Gobierno: no parlamentarizar el programa, usar todo el poder del Ejecutivo y comprender los límites institucionales (Minoría de un tercio en el Senado, Contraloría y Corte Suprema).

¿Cómo hacer que ganar una elección presidencial no sea una tragedia? La única respuesta posible es que ese gobierno sea un gobierno de cambio, que cumpla con las expectativas de su base de apoyo, y que, al terminar un período, su proyecto social, cultural y político tenga más fuerza que al ser electo. A mi entender, un gobierno con estas características se constituiría en un gobierno democrático revolucionario. La clave es entender la diferencia entre la estrategia social demócrata y la estrategia revolucionaria democrática. Un gobierno social demócrata buscará encontrar un punto de equilibrio entre los diversos intereses en juego entre los distintos grupos de poder, haciendo reformas que hagan viable el orden social actual, el régimen democrático y el desarrollo capitalista. Un gobierno revolucionario democrático debiera basarse en una estrategia de incrementalismo radical,  lo cual implica realizar los cambios máximos posibles sin quiebre democrático, buscando como objetivo principal que el producto de sus reformas sea un nuevo equilibrio de poderes, a partir del cual se puedan dar nuevos pasos hacia poder superar la sociedad de mercado. En un gobierno social demócrata, un estado de movilización social denota un problema, mientras que en un gobierno revolucionario democrático implica parte de la solución.

Dicho esto, volviendo al posible escenario electoral presidencial, quisiera plantear tres ideas para que sean integradas a la discusión. La primera es que debemos extremar las posibilidades de cambio desde el poder ejecutivo, y cuestionar el énfasis legislativo que usualmente se le da a los programas de gobierno. Este sesgo parlamentarista de los programas de gobierno – como fueron los casos de Piñera y Bachelet – debe ser entendido como parte de la forma de funcionamiento de la democracia transicional que nos llevó a la situación actual. Darle sentido al poder popular expresado en las elecciones presidenciales necesariamente implica usar todo el poder del Ejecutivo.

¿Implicaría esto renunciar a modificar la Constitución y las Leyes Orgánicas que son la base legal del sistema económico, y por lo tanto de cambiar el sistema económico en sí? No, pero sí necesariamente comprender el carácter performativo de un gobierno. Se debe diferenciar entre medidas efectivas de gobierno y peleas que este dará. Las primeras no pueden depender de las segundas. De hecho, es todo lo contrario: la efectividad debiese ser la base para contar con el apoyo popular que sustente las peleas legislativas mayores de un gobierno de minoría parlamentaria. El parlamento chileno es y seguirá siendo un espacio controlado mayoritariamente por los intereses oligarcas del país. La crisis política en torno al programa de reformas de Bachelet se expresó, en términos de política institucionalizada, en discrepancias entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esta discrepancia correspondió a la rama Ejecutiva y Legislativa dentro de la propia Nueva Mayoría.

La segunda idea es un complemento a la anterior. Para poder extremar las posibilidades de cambio desde el ejecutivo, es preciso comprender que la Dictadura no logró modificar la total naturaleza del Estado. El Estado no es un monolito homogéneo, sino un cúmulo de instituciones, con distintas capas y ramificaciones. Por falta de uso y costumbre, existen capacidades existentes dentro del orden institucional y régimen legal que van más allá del Estado Subsidiario. Del presente ciclo político-electoral es fundamental extraer lecciones de la Farmacia Popular y el impacto que ésta generó desde Recoleta, bajo el liderazgo del alcalde comunista Daniel Jadue. Un municipio ejerció en forma inédita sus capacidades ejecutivas y produjo un impacto social, político y cultural enorme a través de la apertura de una nueva actividad económica por parte del Estado en su nivel local. Otro ejemplo de falta de uso son las capacidades ejecutivas de los Servicios de Vivienda y Urbanización (SERVIU). En ellos todavía existen las capacidades de intervención directa en el mercado inmobiliario que eran propias de la Corporación de Vivienda (CORVI) y la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU) utilizadas por Frei Montalva y Allende en su esquema de Estado de Compromiso. Los SERVIU se utilizan para distribuir vouchers e implementar políticas de vivienda subsidiarias, pero esta forma de acción del Estado es sólo un asunto de voluntad política. Otro tanto existe con las facultades de la CORFO y varias empresas del Estado.  ¿Cuántas medidas de gobierno semejantes a las Farmacias Populares, a nivel nacional y en distintos sectores, podrían hacerse para hacer retroceder a la sociedad de mercado en un gobierno de cuatro años? ¿Cuánto apoyo popular podrían concitar?

La tercera idea tiene que ver con los límites institucionales dentro del régimen democrático y legal. Un gobierno de estas características necesariamente va a implicar una tensión política fuerte, y debe comprender claramente cuáles serán sus límites institucionales. Es preciso aprender experiencias recientes en Latinoamerica, como la destitución de la presidencia de Brasil o la suspensión del alcalde Gustavo Petro en la capital de Colombia. Si bien es preciso hacerse la pregunta por un gobierno no basado en la parlamentarización de su programa, hay que preguntarse por sus límites. Por ejemplo, al evitar basar promesas en acciones legislativas, el poder del Tribunal Constitucional sobre un gobierno disminuye. Por otro lado, si bien no se requerirían supramayorías parlamentarias, habría que tener claridad de las minorías necesarias para evitar una destitución, que en el caso de Chile es un tercio del Senado. Por otro lado, luego de la Guerra Civil de 1891, no es posible que el Parlamento haga como en Estados Unidos, donde el gobierno se cierra al no aprobarse el Presupuesto. En el caso chileno, de rechazarse éste último, opera el del año anterior. En ese caso, los problemas para gobernar tendrían fuertemente que ver con el manejo entre distintas cuentas dentro de un presupuesto establecido, según los límites que administrativamente observa la Contraloría General de la República.

En suma, estaríamos ante un escenario de aceleración del Ejecutivo y disminución del poder político del Legislativo. Si sumamos las posibilidades de judicialización de conflictos derivados de una tensión en aumento – producto del éxito de un gobierno que amenaza a los poderes fácticos -, los límites de un programa de gobierno son contar al menos con una minoría de un tercio en el Senado, más el accionar de la Contraloría General de la República y de la Corte Suprema. El Tribunal Constitucional o no contar con supra-mayorías ya no sería excusa para no cumplir con las expectativas de una determinada base de apoyo. Todo esto, asumiendo un escenario de no deliberación ni acción política de las Fuerzas Armadas y de Orden. Analizar el problema que éstas representan es fundamental, pero implicarían varias columnas adicionales completas.

Hacia una nueva técnica gubernamental

La reflexión final es que, lejos de asumir los problemas políticos como una situación de caos y crisis, como ha sido el caso de este Gobierno, una estrategia efectiva debiese apuntar a prepararse responsablemente para ellos. Este prepararse es tarea de todas las fuerzas sociales y políticas detrás de un proyecto como el Frente Amplio. Si hoy lo fundamental para construir este proyecto es constituir un espacio y método que admita cimentar confianzas entre fuerzas políticas emergentes y organizaciones sociales, la maduración de ese proyecto requerirá estrategia y táctica bien informada. Cómo diseñar un Gobierno del Frente Amplio importa para el proyecto que va más allá de gobernar, y el problema no es qué medidas se pueden incluir en un programa, sino cuáles de ellas son posibles y hacen sentido en un horizonte de alianza entre las fuerzas políticas y los movimientos y organizaciones sociales, de manera que tenga sentido pelear por ellas y las expectativas generadas sean cumplidas. Un gobierno del Frente Amplio debiese ser expresión específica y acotada de un programa de largo plazo acordado entre las organizaciones políticas y sociales que lo componen.

¿Cuáles son los límites y potencialidades de la acción política de un gobierno y de las fuerzas sociales durante un periodo presidencial? ¿Cómo aproximarse al problema de gobernar dejando atrás los programas parlamentarizados y extremando la respuesta que el ejecutivo da a las demandas sociales? ¿Cómo lograr una estrategia de incrementalismo radical? Es decir, ¿Cómo hacer que el voto por una presidenta o presidente realmente importe? La futura deliberación estratégica y táctica tendrá mayor potencialidad si estos límites son explorados. Este desafío requiere de la militancia social y política de cuadros técnico-políticos que ejerzan una labor de tremenda complejidad académica, intelectual, administrativa, legal y procedimental. Esta tarea es en parte técnica, pero es opuesta a la tecnocracia y la delegación de poder a expertos. Por el contrario, busca alimentar un debate lo más maduro e informado posible, pero cuyo carácter debe ser abierto y democrático. Una nueva técnica gubernamental debe ponerse al servicio de los objetivos sociales, políticos y culturales del Frente Amplio. Mientras antes desarrollemos esta técnica, más espacios de socialización de los problemas que ella ilumine podremos tener. No se trata del centro de los problemas para la conformación del Frente, pero no prestarle atención podría ser un tremendo error histórico.

Podemos decir, desde ya, que una estrategia de cambio efectiva implica pasar de sucumbir al conflicto, a diseñarlo.


Miembros del Frente Trabajo, Movimiento Autonomista.