Una reciente dupla de textos escrita por Javier Gallegos (autor del texto principal) y Javiera Hormazábal (autora del texto complementario), ha logrado abrir una pregunta fundamental para nuestras prácticas: ¿Cuál es el lugar de la política en la universidad?

Para Gallegos, los resultados del examen realizado en el curso de Derecho penal impartido por Juan Pablo Mañalich tiene, entre otras, una repercusión que él llama “política”: represalia, persecución, amedrentamiento dirigido en contra de quienes abandonaron su rol de estudiantes y protestaron en contra de ciertas conductas catalogadas como autoritarias. Lo que se reprocha a los resultados masivamente reprobatorios del profesor Mañalich es que él actuó, ya no como “académico”, sino como “agente político”. Cuestión particularmente interesante si además consideramos el texto complementario de la estudiante Hormazábal, la que añade un reproche a los colectivos políticos universitarios por su pasividad, les achaca en específico una responsabilidad por omisión ante el hecho de no denunciar el autoritarismo presente en la Escuela de Derecho. Esta reflexión es interesante, no por el autoritarismo denunciado ni el afán aburrido de revelar los nombres de quienes ejercerían esa autoridad, sino por el estatus que se le entrega a la resistencia que encarnaba -o se supone debe encarnar- la protesta estudiantil llevada a cabo por la extensa toma y la consecutiva paralización que se llevó a cabo en la Escuela por parte de los estudiantes: pareciera ser que tanto Gallegos como Hormazábal consideran que una vez terminada la hora de la protesta, llegó la hora de volver a asumir aquel trabajo que les corresponde a los estudiantes, esto es estudiar.

Si alguna lección hemos aprendido como comunidad desde 2006 y 2011, es que es posible dejar reposar nuestro trabajo, cualquiera sea, a fin de hacer política: así, los estudiantes dejaron de estudiar para hacer política, los jubilados dejaron sus pensiones a reposar para tomarse la calle, las mujeres abandonaron el rol impuesto por una sociedad que las calla a fin de gritar firme y claro el nombre feminista. Como ciudadanos y ciudadanas, hemos aprendido que podemos dejar de lado eso que somos, al menos por un momento, a fin de hacer otra cosa, esa cosa que nos une como comunidad: política. Por eso, cuando Gallegos alega una represalia en contra de estudiantes que se movilizaron por parte de un profesor reconocidamente de izquierda, lo que hace es expresar que a los estudiantes les corresponde protestar mientras sea su hora y llorar la mano dura del autoritarismo cuando ella pase; lo que hace Hormazábal al increpar a los colectivos políticos es asumir que la política es algo que le corresponde a ellos en exclusiva, y que su defensa no corresponde ser levantada por cualquier estudiante. Ambos coinciden en una cierta respuesta a la pregunta inicial: ¿Cuál es el lugar de la política en la universidad? El de la defensa de unos que son oprimidos por otros que son poderosos, lectura precisamente contraria a la que nos enseñó el movimiento estudiantil nacido en 2006 y 2011, donde la política es aquel espacio en que cualquiera puede ocuparse del problema común produciendo diversas formas de relación, que nada tenían que ver con éxitos, metas ni capitalizaciones, sino con imaginar un futuro posible más allá de las herencias de la dictadura que estructuran nuestras prácticas.

Aquí no puede dejarse de lado el hecho que todo este conflicto gira en torno a evaluaciones, pruebas, notas. Palabras como “represalia”, “persecución” y “amedrentamiento” aparecen con un significado metafórico y radicalmente neoliberalizado: aquí no hablamos de detener ilegítimamente a estudiantes en cuarteles militares, perseguirlos de modo tal que deban refugiarse en la clandestinidad, ni de amedrentarlos visitando sus casas durante la madrugada para hacerles un control repentino. Estamos hablando de calificaciones, lo cual tristemente nos muestra la palidez del compromiso político de ciertas formas de la resistencia política de estos tiempos: una vez disperso el tiempo de lo político, la defensa de los motivos personales prima por sobre los de la comunidad. Pareciera ser que las preguntas por cómo reconstruir los lazos comunitarios que fueron destruidos por la dictadura ya pasaron y es tiempo, de nuevo, de denunciar las injusticias del mundo. Una especie de Antígona cobarde.

Antígona, quien tras haber sepultado a su hermano con los honores correspondientes a pesar de la prohibición expresa que de eso decretara su tío, fue condenada a vivir el resto de su vida enterrada en una cueva como castigo por haber infringido la prohibición. Antígona, sin embargo, no aceptó el castigo que consideraba injusto y se quitó la vida, colgándose dentro de la cueva. Antígona, rebelde indomable, no aceptó la mano de la autoridad y decidió hacer de su vida algo que removiera los cimientos normativos de esa comunidad sepultando a su hermano, algo por lo que recordamos esta historia hasta hoy. En la versión de Gallegos-Hormazábal, Antígona aún grita hacia el balcón de su tío lo injusto que fue dejar que a su hermano se lo comieran los perros.