El pasado miércoles 24 de agosto las delegaciones del Gobierno colombiano y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) anunciaron que habían alcanzado “un Acuerdo Final, integral y definitivo, sobre la totalidad de los puntos de la Agenda del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia”. El siguiente paso será la refrendación del acuerdo por parte del pueblo soberano a través de un plebiscito a desarrollarse el 02 de octubre.

El anuncio del histórico logro se informó mediante un comunicado conjunto, en cuyo tercer párrafo preambular las partes recuerdan que “la República Bolivariana de Venezuela y la República de Chile se han aprestado en todo momento a sus buenos oficios como países acompañantes”.

Los orígenes de ese rol como acompañante durante la negociación hay que buscarlos en el año 2012, cuando en Chile el gobierno lo encabeza el ex Presidente Sebastián Piñera y en Colombia, el Presidente Juan Manuel Santos. En términos de contexto, se requería crear un entorno internacional favorable, generando las condiciones para que la región sea un soporte para la paz y no un impedimento y, al mismo tiempo, disponer de acompañamiento y verificación internacional (1). En esa dimensión de internacionalización del proceso, y para otorgar seguridades a las partes, se acordó convocar países garantes (Noruega y Cuba) y países acompañantes (Venezuela y Chile). Ya sea que se analice desde alguno de los enfoques de relaciones internacionales o que se observe desde la matriz de política exterior de los gobiernos, la decisión sobre la convocatoria a estos cuatros países no es inocua: posee un evidente carácter político-estratégico que merece ser destacado. Es fácil advertir el capital reputacional y prestigio moral que Noruega tiene en el escenario internacional. Es fácil, asimismo, notar que Venezuela y Cuba mantienen ciertas afinidades electivas, al menos históricas, con el discurso originario de las FARC-EP.

En cambio, no es tan evidente, al menos en términos de opinión pública nacional, el involucramiento de Chile en el proceso de paz en Colombia. ¿Por qué Colombia invita a Chile ser parte del proceso como país acompañante? ¿Por qué Chile acepta? Enseguida ensayo algunas líneas iniciales sobre estos aspectos combinando los principios e intereses en juego en la decisión política.

A modo de hipótesis, el factor principal que explica la invitación, en 2012, del gobierno colombiano al gobierno chileno a desempeñar el papel de país acompañante sería la afinidad ideológica entre el entonces presidente Piñera y el presidente Santos, estableciéndose así como fórmula de equilibrio político-regional ante los otros países involucrados pertenecientes al bloque del ALBA (Venezuela y Cuba). Colombia y Chile, como parte de la Alianza del Pacífico, defienden un regionalismo abierto con énfasis comercial, mientras que el ALBA expresa un cierto regionalismo antisistémico con énfasis productivo, político y social, dos modelos posiblemente ubicados en las antípodas de la integración regional (2).

Un factor subsidiario, relacionado con el factor principal, sería la tesis sobre los beneficios económico-comerciales que la paz en Colombia conllevará, en el entendido que la solución del conflicto es condición necesaria para el establecimiento de una “comunidad de seguridad”. Dicho de otro modo, la estabilidad social y política en Colombia fortalecerá las condiciones idóneas para la inversión extranjera, el comercio interno y el comercio exterior (3), pues existen interrelaciones discursivas entre comercio, acuerdos económicos, paz y seguridad (4).

Esa interpretación permite delinear elementos sobre la aceptación de Chile. Inicialmente al menos (aunque no podemos descartar su continuidad como factor), Chile habría tenido en cuenta factores como los descritos, especialmente su pertenencia a la Alianza del Pacífico. Pero en el juego combinado de intereses y principios, estos últimos también informan la decisión. Recientemente se ha presentado un libro que compila la historia de la política exterior chilena, “Vocación de Paz, la Política Exterior de Chile”. En esa ocasión (5), la Presidenta Michelle Bachelet aseguró que “históricamente nuestro país ha trabajado por la paz en la región y en el mundo, lo que nos ha llevado a ser distinguidos como el primer país de América Latina en el Índice de Paz Mundial”. Ello sería ejemplo “de la capacidad de mantener sólidos principios en política exterior (…) que en democracia han trascendido a los gobiernos y que son la base de la política exterior de Estado”, una de cuyos efectos “es el sello que da garantías a nuestra integración a la economía mundial”. Ello es consecuente con dos objetivos estratégicos de Cancillería que pueden leerse conjuntamente: “incrementar y profundizar la Política Exterior Multilateral, mediante una activa diplomacia en pro de la Paz y la Seguridad Internacional…” y “contribuir a la inserción económica de Chile en el mundo, creando las condiciones para nuevas oportunidades de negocios…” (6).

Otro factor, tal como en el caso de Noruega, sería de tipo reputacional. Así lo expresó públicamente Luis Maira, Representante de Chile en la Mesa de Diálogo por la Paz, al precisar que “se buscó a Chile porque tenía cierto prestigio en justicia y derecho internacional. El Presidente Piñera aceptó, labor que continuó la Presidenta Bachelet por voluntad de Colombia” (7). Adicionalmente, Chile podrá contribuir con su experiencia de transición a la democracia y establecimiento de la verdad histórica después de situaciones de conflicto interno: experiencia lograda y pendiente, como lo ejemplifica la polémica en torno al eventual rol del ex Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, como observador del proceso y que fuese rápidamente descartado por Jean Arnault, delegado de la ONU para el proceso de paz en Colombia, debido a sus antecedentes penales.

Por último, de regreso a los intereses, el factor geopolítico también formaría parte de la decisión si se considera que la invitación a Chile se produce cuando Perú ya ha interpuesto la demanda por el diferendo marítimo de delimitación territorial ante la Corte Internacional de Justicia y el proceso se encuentra en pleno desarrollo, y Bolivia, por su parte, ya ha dado señales públicas y político-institucionales sobre una inminente demanda contra Chile ante el mismo organismo sobre la obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico. En tal escenario, reforzar lazos de amistad y cooperación con países afines puede contrarrestar una coyuntura de relaciones vecinales particularmente adversa.

En definitiva, son múltiples los factores que coadyuvan a explicar el involucramiento de Chile en el proceso de paz en Colombia y los fundamentos de esa decisión hay que rastrearlos en una combinación estratégica de intereses y principios que merecen ser considerados.

 

(1) Oficina del Alto Comisionado por la Paz, Bogotá, s/f

(2) Briceño, José (2013), “Ejes y modelos en la etapa actual de la integración económica regional en América Latina”. Estudios Internacionales 175 (2013), pp. 9-39, Santiago. Riggirozzi, Pía y Diana Tussie (eds). (2012), The rise of post hegemonic regionalism. New York: United Nations University Series; Springer, pp.1-16.

(3) “Los beneficios económicos que traerá la paz en Colombia: mayor inversión extranjera y comercio interno”. El Espectador, 26 de agosto de 2016; en http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/los-beneficios-economicos-que-traera-la-paz-colombia-mayor-inversion-extr

(4) Strodthoff, Irene (2014), “La interrelación discursiva entre seguridad y acuerdos económicos transpacíficos: las proyecciones regionales de Chile y Australia”, ESD Estudios de Seguridad y Defensa N°3, Junio 2014, Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, Santiago.

(5) Discurso de S.E. la Presidenta de la República, Michelle Bachelet en presentación del libro “Vocación de Paz, la Política Exterior de Chile”. 25 de julio de 2016; en https://prensa.presidencia.cl/discurso.aspx?id=37146

(6) El Objetivo Estratégico N°3 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile señala: Incrementar y profundizar la Política Exterior Multilateral, mediante una activa diplomacia en pro de la Paz y la Seguridad Internacional, la plena vigencia de la Democracia y los Derechos Humanos y la promoción del desarrollo -sostenible y con equidad- en todas sus vertientes. El Objetivo N°4, en tanto, es: Contribuir a la inserción económica de Chile en el mundo, creando las condiciones para nuevas oportunidades de negocios, implementando y profundizando los acuerdos comerciales y apoyando el proceso exportador nacional con énfasis en la pequeña y mediana empresa. Fuente: Ficha Definiciones Estratégicas Año 2015-2018 (Formulario A1), Dirección de Presupuestos (DIPRES); en http://www.dipres.gob.cl/595/articles-144384_doc_pdf.pdf

(7) Se buscó a Chile porque tenía cierto prestigio en justicia y derecho internacional”. La Tercera, 23 de junio de 2016; en http://papeldigital.info/lt/?2016062301#

*Agradezco los valiosos aportes de Rodrigo Matamoros y Fernando Contardo, de la Academia Diplomática de Chile, con quienes investigamos el rol de Chile en el proceso de paz en Colombia. El contenido del escrito, sin embargo, no representa ni compromete, bajo ningún punto de vista, la visión de la Academia Diplomática de Chile o del Ministerio de Relaciones Exteriores.


Administrador Público, Magíster en Ciencia Política U de Chile. Academia Diplomática.