No en el ojo del huracán pero sí en el epicentro de un soterrado temblor, de esos que pueden socavar los cimientos del prestigio, ha estado el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP).  Uno donde el rumor, el insistente boca a boca, instala percepciones y cambia opiniones sobre una institución que nació a fines de 2005 como parte del programa para instalar centros regionales de investigación en todo el país.

El motivo, la decisión del centro de realizar una capacitación a 30 emprendedores turísticos de Puerto Aysén.  Una actividad que se insertaba dentro de las líneas de trabajo del CIEP, como es la “promoción del desarrollo de actividades productivas sustentables, en particular en los sectores acuicultura, turismo y pesca artesanal”.  El problema no era el tenor del taller sino las alianzas asociadas a este.

Algunos cuestionamientos –incluidos los de dirigentes de la Sociedad de Historia y Geografía de Aysén (de la cual soy socio)- apuntaron a que la actividad se enmarcara en el cumplimiento de la resolución de calificación ambiental del proyecto de represa río Cuervo de Energía Austral.  Iniciativa que, de concretarse, dejaría bajo el agua miles de hectáreas de prístina biodiversidad y acabaría con los lagos Yulton y Meullín, de los pocos que quedan sin especies acuáticas introducidas.  El CIEP no recibiría fondos directos de la eléctrica sino de Turístiko Consultores (TKO), contratados por esta para cumplir compromisos ambientales impuestos por la RCA aprobatoria en un programa de tres años que va recién en el segundo.

La gerente del organismo e investigadora en turismo sustentable Anabel Reis, contactada para tener más antecedentes, explicó que la decisión de participar se había adoptado por ser “una propuesta válida, que cumplía con nuestros objetivos institucionales”.  Esto sumado a la trayectoria de la consultora y dado que recién “dos días antes de que iniciara la capacitación, supimos del vínculo con Energía Austral”, a pesar de lo cual se acordó seguir dado que “los empresarios estaban fuertemente comprometidos con esta capacitación” y para “no defraudar a los participantes”.

Al final, el centro no suscribió el convenio dada la negativa del seremi de Economía Marx Buscaglia a firmar en su calidad de presidente de la Corporación CIEP.  Sí aceptaron el trabajo investigadores del organismo, en forma particular, por lo cual “la marca CIEP” ha estado de alguna forma asociada a la represa río Cuervo.

No es fácil ser parte de una institución sujeta al escrutinio ciudadano ante lo que haga o deje de hacer.  Pero roles (y financiamientos) públicos también conllevan responsabilidades públicas.  Entre ellas, rendir cuentas.

No es menor reflexionar si las acciones de una entidad científica o académica deben restringirse a lo técnico o económico.  O deben también considerar otros aspectos, asociados a su visión.

Desde el modelo tradicional se nos dice que no. Que no hay que mezclar los ámbitos, que el trabajo científico es “neutral” y que no debe tomar opción política (entendida como acción colectiva en pos de un objetivo en la sociedad).

Es bajo este prisma que en muchos casos investigadores chilenos se amparan  en una imposible asepsia, cuando la decisión de investigar o no ciertos fenómenos siempre responde a visiones de sociedad y no a un análisis por sobre los paradigmas.  Esta postura les ha llevado a involucrarse en pantanosos procesos, donde la ciudadanía les ve más anclados a los intereses del modelo de desarrollo y las grandes empresas -que de este se benefician- que del interés público real.

El involucramiento de la academia y los centros de investigación frente a desafíos políticos y sociales concretos no es algo que se pueda definir como tercermundista o falto de rigor. Ejemplos hay que dan cuenta de lo contrario, sobre lo cual nuestros investigadores locales debieran tomar nota.

Está el caso de James Gustave Speth, ex decano de la Facultad de Ciencias Forestales y Estudios Ambientales de la Universidad de Yale,detenido en 2012 frente a la Casa Blanca en Washington por participar en una protesta en contra del oleoducto Keystone XL que pretende evacuar el petróleo proveniente de las arenas bituminosas de Alberta, Canadá.

Y también el de la Universidad de Siracusa, que como institución decidió desinvertir sus fondos en cualquier empresa –por muy legal que fuera- de combustibles fósiles.  Siguiendo así los pasos de las universidades de Glasgow, Dayton y otra decena de origen británico.

Aunque estas decisiones implican ámbitos de investigación, sí representan posturas concretas frente a la sociedad en que vivimos.  Y donde los límites biofísicos del planeta van definiendo las decisiones en los más diversos ámbitos.

Quizás para los directivos del CIEP participar en una actividad asociada a una empresa con amplio cuestionamiento social y que busca eliminar bajo millones de metros cúbicos de agua la biodiversidad que el organismo tiene por misión escrutar sea coherente con su misión.  Incluso aunque recientes investigaciones demostraran que los embalses emiten gases de efecto invernadero muy superiores a los hasta hoy considerados, confirmando las dudas sobre su limpieza y sustentabilidad.

A lo mejor también estiman que el hecho de que esto sea usado por Energía Austral como parte de su proceso de legitimación social (bien fogoneado por los fondos que la trasnacional maneja) sea un tema menor. Más aún cuando el año pasado la propia Escuela NOLS, que integra la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida (y por tanto de Patagonia sin Represas), también participó en este trabajo y que fuera algo que se supo recién ahora.

Puede ser todo esto y tal es parte de una abierta discusión.  Lo que sí no pueden querer es esto no sea parte de un legítimo y necesario debate público. Uno donde ciencia, política y coherencia tienen más vasos comunicantes que los que algunos quisieran creer.


Periodista