El 27 de mayo pasado, Ernesto Llaitul Pezoa fue detenido por la Brigada de Inteligencia Policial de la PDI, Bipe. “Detienen a hijo del líder de la CAM por portar armas y municiones en Los Ángeles” tituló la cadena El Mercurio en ese momento. Cuando la detención cumplió dos meses, Héctor Llaitul, padre de Ernesto y vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, dio una polémica entrevista al periodista Pedro Cayuqueo en La Tercera, donde manifestó la disponibilidad de la CAM para una tregua con el Estado chileno. La oferta no tuvo respuesta. La presidenta Bachelet siguió adelante con la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía, la Cámara de Diputados continuó el trabajo de la Comisión Investigadora de la violencia en La Araucanía. Ernesto siguió en prisión preventiva: sólo el 21 de septiembre el Tribunal de Garantía de Los Ángeles modificó la medida por arresto domiciliario. En Santiago, donde estuvo de visita para explicar los planteamientos políticos de la CAM en una actividad pública, Héctor Llaitul se declara conforme con la medida.

“A mi hijo se lo vinculó con diversos actos de resistencia que llevan adelante comunidades en el Alto Bío Bío. En términos jurídicos y políticos, el cambio de la medida cautelar para Ernesto fue un logro de suma importancia, ya que conlleva la posibilidad cierta de obtener su absolución en el juicio en su contra. En el aspecto jurídico es relevante porque ya se pudo comprobar que su detención fue ilegal y a esta altura del proceso el Ministerio Público no posee las pruebas que hagan viable o sustenten una condena”, explica.

La cara pública de la CAM apunta a la Brigada de Inteligencia Policial de la PDI y su rol en la detención de Ernesto, que en su mirada “es parte de una estrategia de Estado que para el efecto de contener la lucha de resistencia mapuche a través del constante seguimiento y monitoreo principalmente hacia los dirigentes de la CAM, y en particular por mi rol de vocería de la organización, me mantengo activo en las zonas de conflicto, situación que involucraba en parte a mi familia”, relata, añadiendo que “para nadie es desconocido que mis hijos mayores militan en la organización, razón por la cual somos permanentemente objeto de persecución política con los correspondientes trabajos de inteligencia que pretenden la desarticulación de la organización a la que pertenecemos. Es por lo anterior que sostenemos que lo de Ernesto fue una operación de inteligencia, previamente planificada, buscando el momento preciso y las condiciones para presentarla públicamente”.

“No hay nada concreto para acusar a mi hijo de posesión de armas”, reitera Llaitul. Hasta el cierre de investigación el pasado 21 de septiembre, la PDI no pudo presentar ninguna prueba dactilar ni ADN.

Ernesto Llaitul en su control de detención

¿Por qué en medio de todo ese proceso, mirando hacia qué actores, ofrece la opción del diálogo y la tregua?

“Hay que entender que la detención de Ernesto se da en un contexto particular donde existe un emplazamiento hacia nuestra organización, con la idea de generar una posibilidad de diálogo con el gobierno de turno y el Estado chileno. De un tiempo a la fecha las autoridades han manifestado esta intención, lo cual se refleja en la instalación de la mesa de diálogo en Temuco. Nosotros deducimos  que la detención de Ernesto obedece a una estrategia política en base a la persecución y detención de ciertos integrantes de la organización para predisponernos a negociar y/o dialogar. Esto se refleja en la injusta condena de la cual fue objeto Francisco Lipiman Calpan, con un proceso lleno de irregularidades, como también en la actual prisión preventiva que sufre Patricio Antiago Millanao, quien está sometido a proceso en base a escasas pruebas y argumentos que no sostienen una acusación seria que permita justificar dicha medida.

De un tiempo a la fecha existían antecedentes de intenciones de las autoridades de buscar un diálogo con la CAM, pero nosotros no manifestamos ninguna disposición al respecto, porque los lineamientos y principios históricos de la organización no hacían viable algún tipo de acercamiento de conversar con el Estado opresor. Hoy los mapuche somos un pueblo ocupado y vivimos en un régimen de dominación colonial que se expresa concretamente en mantener un Estado de tipo capitalista que está destruyendo nuestro Wallmapu histórico, por lo cual no había posibilidad de llegar a algún acuerdo político que nos pareciera sustantivo en relación a nuestros derechos políticos y territoriales. Los ofrecimientos planteados son institucionales, dádivas, no soluciones de fondo y sólo pretenden perpetuar la dominación, a lo más cooptar a la dirigencia que se encamina por la autonomía. ¿Cómo entrar a un diálogo en esos términos? Imposible”.

Les ofrecen la mesa, que es la asesora de La Araucanía, pero desde la CAM respondieron ofreciendo un diálogo por fuera de la mesa.

“No desechamos la idea del diálogo, pero lo sostenemos bajo otras perspectivas. El gobierno de turno anunció con mucha parafernalia mediática y ministros mandatados desde la presidencia una propuesta de mesa de diálogo que fue instalada en Temuco, con una mirada bien centralista del territorio, ya que La Araucanía no es el Wallmapu histórico. Esta mesa, debemos reconocerlo, posee un elemento distinto a los anteriores: reconoce un mayor protagonismo e influencia de los distintos actores que estamos en lucha y que planteamos fuertemente la reivindicación territorial, asumiendo a la CAM como un actor relevante dado su posicionamiento e influencia en el movimiento mapuche en general, porque más allá de ser responsables o no de la violencia política o la acción directa en contra de las inversiones capitalistas hay una propuesta política que no solo se sitúa en el antagonismo con el estado sino que confronta directamente con el poder capitalista. Por eso las diversas zonas en conflicto expresan el riesgo en que se encuentra los diversos intereses del empresariado”.

¿Cómo se está expresando hoy el conflicto?

“Efectivamente hay un grado de confrontación en el territorio ancestral mapuche, que ya tiene fuertes niveles de violencia política entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche, la que se profundiza cada vez que aumentan los procesos de inversión capitalista en nuestros territorios, que por cierto cuentan con el aval y sustento del estado chileno. Ahora, si analizamos las razones del conflicto y el por qué de expresiones de violencia política nos tenemos que remitir necesariamente a un problema de tipo estructural porque seguimos viviendo en un régimen de ocupación colonial. Es innegable que vivimos despojados territorialmente, lo que violenta en términos generales a todo nuestro pueblo en su conjunto y a su vez nos encontramos con fuertes procesos de desestructuración por parte del Estado dominante, que nos afectan en todos los planos, económico, social, político, cultural,etc.”.

¿Cómo se sustenta la oferta de tregua entonces?

“Debemos dialogar de las cosas fundamentales que sustentan el conflicto hoy: por ejemplo, ¿cómo abordamos el tema del territorio para el pueblo nación mapuche, si éste se ha vuelto una demanda transversal para el movimiento? Sobre eso estamos dispuestos a conversar: territorio y autonomía. Existen más de 1.500 antecedentes de usurpación territorial a comunidades sólo por parte de forestales, lo que ya está en crisis porque es un proceso de devastación tal que ya resulta insostenible. Estamos dispuestos a buscar una solución, en el marco de la contingencia, pero siempre que tenga que ver con hacer frente a los intereses de las forestales. Eso implica necesariamente plantear un rediseño territorial que cuente con la venia del Estado, donde las forestales se allanen a la devolución de las tierras que tienen ocupadas y que resultan fundamentales para las comunidades”.

¿Cómo evalúan el avance de esa industria y también de otras como exploraciones mineras o hidroeléctricas, que ya alcanza otras regiones como Los Ríos o Los Lagos?

“Aumentó la conflictividad. La “acumulación por desposesión” está ahogando nuestras comunidades y ha generando un escenario de confrontación que sustenta nuestra resistencia. El Estado tiene una enorme responsabilidad porque fue quien definió la ocupación de los territorios mapuche, implantó los procesos capitalistas y el que se ha preocupado permanentemente de favorecer los procesos de inversión y en particular a la industria forestal que está causando estragos en el Wallmapu. En efecto, al momento del conflicto, el Estado se pone del lado de los intereses forestales, y la expresión más concreta hoy es la militarización del Wallmapu. Actualmente existe una verdadera maquinaria para la guerra, se ha instalado un escenario político militar al servicio de los intereses económicos del poder. Estamos hablando de policía militarizada con campamentos, blindados, helicópteros, avionetas, tanquetas, fusiles de guerra: en ese contexto, ciertamente, lo que está detrás es una “razón de Estado”. Esto no es financiado por las forestales ni los grandes grupos económicos, sino que por el Estado y con plata de todos los chilenos. A eso se suman la legislación y las políticas que incentivan el desarrollo forestal, es decir la inversión capitalista en el Wallmapu. La certificación de la actividad forestal, la continuidad del decreto 701 son la expresión concreta de aquello”.

La CAM declara que no atacan a pequeños parceleros ni iglesias y, sin embargo, siempre los emplazan a pronunciarse sobre atentados que ustedes no reivindican, como los que firma el grupo Weichan Auka Mapu. ¿Por qué?

“Es interesante que exista debate y discusión de las diversas estrategias que contribuirán a desarrollar un gran planteamiento para la liberación. Yo hablo desde la CAM, que tiene un planteamiento político estratégico y sus líneas de pensamiento y acción, que hoy diseminamos a través de distintas acciones, como esta entrevista. Pero no representamos a todo el pueblo mapuche. Hay otras expresiones que tendrían que dar cuenta de sus ideas y su accionar. Si hablamos a nivel general como mapuche, tenemos responsabilidades en la agudización de este conflicto; pero política y orgánicamente, como CAM, ya hemos dicho que no tenemos responsabilidad en sucesos como los que han ocurrido en el último tiempo, como es el caso Luchsinger-Mackay o la quema de iglesias. Nuestras líneas de acción están mayormente direccionadas a las inversiones capitalistas”.

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Tú has dicho que los Organismos de Resistencia Territorial de la CAM entran en acción cuando ya se han agotado todas las vías. ¿Cuáles son las vías?

“Hay que entender eso dentro de los planteamientos político estratégicos de la CAM. Y lo que más nos mueve es llevar adelante procesos de recuperación de tierras, con el eje ordenador del control territorial, que es la forma, la piedra angular para plantearnos una propuesta de liberación nacional a largo plazo. Así planteamos la resistencia y la reconstitución de la nación mapuche. No sólo resistir a los procesos de inversión, sino que reconstruir el mundo mapuche, que está desestructurado. Estos pilares fundamentales se establecen básicamente cada vez que empezamos un proceso de recuperación de tierras. Cuando recuperamos tierras, lo que consideramos absolutamente legítimo porque son nuestras, evitamos la acción del Estado y su institucionalidad, permitimos la reconstitución del mundo mapuche: el mapuche kimun y el mapuche rakizuam, el ejercicio de la libertad y la autonomía. Y ahí es cuando el Estado reacciona represivamente, principalmente en defensa de las forestales y del estado de derecho, criminalizando la causa y generando represión. Hay una agudización, porque las forestales no están dispuestas a retroceder, obligando a los gobiernos de turno a militarizar los territorios. Es en ese marco en que se dan las acciones de sabotaje a los medios e insumos del capitalismo, a sus circuitos productivos, etc.”.

El año pasado la Federación de Trabajadores Forestales y de la Madera se movilizaron y emitieron una declaración de que no iban a trabajar más en zonas en conflicto. ¿Cómo leyeron eso?

“Ha habido pronunciamientos de varios gremios, sobre todo los empresariales, pero lo que nos llama la atención es que los trabajadores, o al menos su dirigencia, no asuman una posición clara desde los oprimidos y, al contrario, los vemos más del lado del empresariado que del pueblo mapuche. Esto demuestra el nivel de incomprensión de la situación y de lo que está en disputa: la depredación de nuestro territorio por las forestales, de la que también son parte, aunque como explotados, sometidos por los mismos empresarios. Más que paralizar porque no se les da seguridad, su lucha debería ser en alianza con el movimiento mapuche y no contra él. Porque si bien en la CAM no atacamos trabajadores ni campesinos, porque entendemos que también sufre los efectos de la explotación, ellos no deben ponerse en medio solo para defender intereses de los poderosos o victimizarse para dar mayores argumentos a la represión del Estado”.

¿Recibieron algún tipo de respuesta cuando hicieron la propuesta de tregua y diálogo en julio?

“Hasta ahora no hay ninguna respuesta. Lo hicimos para disminuir los niveles de violencia que hay en el territorio mapuche, que no imponen los mapuche, sino que ha llegado a este nivel porque el Estado no ha querido solucionar el conflicto. Ellos han sido los gestores de la violencia, que es estructural desde los tiempos de la ocupación hasta hoy. Hay una respuesta del Estado que es violenta, no política, que tiene que ver en cómo se piensa desde el estado el conflicto. Siguen con las leyes para mantener la institucionalidad de integración y asimilación, ofreciendo nada más que eso. El pacto de Nueva Imperial, cuando acabó la dictadura, partió con engaños y se dijo que habría hitos sustantivos para los derechos de los mapuche, lo que jamás ocurrió”.

¿Cómo evalúan el uso de herramientas como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo?

Precisamente cuando se recuperó la democracia nuestro pueblo y sus representantes creyeron en la propuesta que hizo la Concertación, hoy Nueva Mayoría. Ya en esos años se hablaba de reconocimiento constitucional, Convenio 169, Comisión de Verdad y Nuevo Trato, políticas de entrega de tierra y si nos remitimos al tema del reconocimiento constitucional, ahora recién está en carpeta, si es que se incluye en el cambio constitucional. Y todo, por supuesto, dentro del margen neoliberal, lo que no da garantías. De hecho, ninguna de las iniciativas del Estado chileno ha resuelto su conflicto con el pueblo mapuche.

¿Seguiría en conflicto la CAM si hubiera un cambio en el carácter del Estado, hacia uno más de bienestar por ejemplo, pero se mantuviera la ocupación?

“El conflicto está en la estructura misma del neoliberalismo, que perpetúa la ocupación. Ya se instaló la demanda política por territorio y autonomía y si no es la CAM habrá quien la tome luego. Incluso está la posibilidad de instalar un proceso de liberación nacional para la reconstitución de la nación mapuche. Y esas son las nuevas generaciones, por eso decimos que el conflicto tiene para rato”.

¿Cómo toman los llamados de alerta sobre la violencia? ¿Cuáles son las condiciones para la tregua?

“No se nos puede responsabilizar sólo a nosotros los mapuche, cuando hay responsabilidades de los empresarios, los latifundistas, los colonos, el paramilitarismo que hay ahí detrás, el Estado y sus herramientas, eso genera violencia y es política. Hay sectores que llaman a frenar la violencia: la lógica indica que si nos emplazan a discutir como organización lo primero que decimos es que hay una tregua que hacer, porque hay un conflicto.  Me parece que hay actores que dijeron que sí es necesaria la tregua, pero las autoridades no dijeron nada. A ellos no les interesa solucionar el conflicto y prefieren continuar con el garrote y la zanahoria, represión y asistencialismo. Nosotros estaríamos dispuestos a una tregua, lo que quiere decir dejar de accionar contra los intereses del empresariado, pero la contraparte tiene que ofrecernos algo. Estamos dispuestos a conversar si eso implica la liberación de los presos políticos mapuche y la desmilitarización del Wallmapu, como condiciones mínimas. Esa es la decisión política que ha tomado nuestra gente”.

¿Qué tipo de acuerdo buscarían en el caso de sentarse a conversar?

“Ya sabemos de este ejercicio. No podemos llegar a acuerdos con autoridades que luego serán reemplazadas, tienen que ser compromisos y decisiones de Estado, y tenemos que estar nosotros pero también todas las representaciones del mundo mapuche que tengan participación en el conflicto. No aquellos que ya están comprometidos con la integración, debe ser un parlamento como se hacían antes. Eso propusimos y no ha habido respuesta clara”.

Si se dieran esas condiciones, entendiendo el carácter del Estado chileno hoy, ¿conversarían sólo con el Estado o también con los empresarios?

“El Estado chileno es el que tiene la responsabilidad histórica, porque fue quien ocupó el Wallmapu durante  la mal llamada pacificación de La Araucanía. A partir de entonces se dio un rediseño de la República para favorecer la entrada del capitalismo al Wallmapu, entregándosela a la elite que hasta el día de hoy domina la zona. Pero, a su vez, es el empresariado el que se enfrenta al pueblo nación mapuche. Nosotros queremos dialogar con el Estado, pero la tregua se la ofrecemos al empresariado con interés en las zonas de conflicto, al que la CAM confronta directamente. Ellos debieran ser los principales interesados en una tregua y presionar a las autoridades para tal efecto. Los acuerdos deben tomarse al más alto nivel de Estado cuando de rediseño territorial se trata, modificando la legislación y demás normativas”.

Si es que llegara a prosperar un diálogo sería durante el próximo gobierno. ¿Ven alguna diferencia entre los actores que se perfilan como posibles ganadores?

“La alternancia de poder no ha traído cambios sustantivos. Es más: si las opciones son Lagos y Piñera, vemos una profundización del conflicto entre el Estado chileno y nuestro pueblo. Prácticamente toda la política representativa chilena está comprometida con los grupos económicos de la zona de conflicto como los Matte y Angelini. El Wallmapu es un territorio muy amplio y hay muchos grupos económicos presentes. No vemos mucha diferencia entre ambas propuestas, porque si bien Piñera es más claramente identificado con la derecha partidista, Ricardo Lagos igual es neoliberal. Si Lagos perdió el apoyo de la clase media y de los jóvenes, que tuvo en la administración anterior, fue porque su práctica política fue administrar y legislar a favor de los intereses empresariales. Esa es su carta de presentación, más aún si recordamos que fue en su gobierno cuando se llevó a cabo la Operación Paciencia para desarticular al movimiento de resistencia.

En particular la administración Bachelet no ha tenido capacidad política para mirar el conflicto y menos aún para asumir un camino de solución. Su llamado al diálogo fue una cortina de humo para acallar algunas críticas internacionales sobre el tema. La voluntad política requiere gestos reales hacia quienes estamos en conflicto y no solo un discurso populista sobre el diálogo, porque lo que hemos visto en la práctica  es más militarización”.

¿Cómo evalúan desde la Coordinadora Arauco Malleco iniciativas como la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche, AMCAM?

“Hacer una evaluación de las distintas expresiones del pueblo mapuche no nos corresponde”.

“Pero Juan Carlos Reinao, alcalde de Renaico, apoyó la oferta de tregua y se pronunció a favor. También otros dirigentes como Mijael Carbone, werkén de Temucuicui.

“Claro, lo ideal sería que a nivel de conjunto de movimiento mapuche nos pronunciáramos por buscar acuerdos sustantivos sobre la base del territorio y la autonomía para nuestro pueblo. No podemos quedarnos solo en discursos y luego transar por asumir espacios en la representación o administración del Estado”.

En un documento de la Comisión Política de la CAM, hace dos años, plantean la idea de la nación mapuche. Hace un tiempo, en una entrevista a La Tercera, hablaste también sobre el control territorial como concepto geopolítico. ¿Cómo se relacionan? ¿Cuál es la gobernanza que plantean?

“En la actualidad hacemos frente a un régimen de ocupación, reducidos a comunidades, hay una lectura respecto a la negación de los derechos fundamentales como pueblo y nación: territorio y autonomía. La lucha de la CAM y de otras organizaciones autonomistas mapuche es reconfigurar un mapa territorial para la reconstrucción de nuestro pueblo nación. Eso obviamente es un proyecto geopolítico: cómo recuperar el territorio. Pero el territorio va de la mano con la autonomía: cómo vamos creando la capacidad política para administrar nuestro territorio. Eso lo ejercemos hoy sólo con el control territorial, cuando nos insubordinamos ante los proyectos de inversión y el Estado. Cuando recuperamos, hacemos siembra, practicamos nuestra cultura, nguillatun, palín y otras expresiones propias, cuando reconstruimos la biodiversidad, el itrofil mongen, damos las condiciones para vivir como nos legaron nuestros antepasados. A la hora de la posibilidad de acuerdos, de restitución territorial, las forestales tienen que abandonar de nuestras tierras en reivindicación. Hay antecedentes al respecto y sólo así una tregua tiene sentido. Si no aceptan la tregua el conflicto continuará, las forestales no podrán invertir y tendrán que arremeter contra el pueblo mapuche y nuestra gente resistirá. La disputa por el control territorial no son sólo los atentados incendiarios que salen en la prensa: es la lucha diaria, metro a metro, son las actividades productivas, y toda acción por correr a las forestales. Se debe reconocer que las forestales tienen problemas de inversión alrededor de las comunidades. ¿Van a mantener esa situación? ¿Van a agudizar el conflicto aumentando la militarización? ¿O van a ceder el territorio? Si no hay voluntad de llegar a acuerdos, habrá mayores situaciones de violencia: mantener el conflicto también es una forma de violentar a nuestra gente. Hay antecedentes de que cuando nuestros weichafe actúan y la policía militarizada responde disparando, nuestra gente eleva los niveles de lucha. Si esto se agudiza, habrá más víctimas y sería una situación muy grave”.

¿Qué opinas de señales como las del diputado Paulsen, que dice que duerme con un arma, o los llamados a armarse para algunos agricultores?

“El paramilitarismo que están incentivando algunos latifundistas descendientes de colonos es innecesario dado el millonario gasto que hace el Estado en la policía militarizada para protegerlos a ellos, en especial a la inversión capitalista. Hay campamentos de la policía en predios forestales, con drones, armamento, implementos que compra el Ejército y se traspasan a Carabineros. Esto ciertamente ha agudizado el conflicto por el “estado de sitio” que las comunidades movilizadas viven a diario. Los gremios empresariales tampoco deberían alegar tanto, porque la militarización da cuenta de la protección que tienen. Sólo los pequeños agricultores están desprotegidos, porque efectivamente al Estado no les interesa su situación, pero que quede claro: no es contra de ellos la lucha frontal, al menos desde nuestra postura. Hay que ver qué pasa a corto o mediano plazo: si el Estado asume una posición de constante represión y las posiciones fascistas se imponen arremetiendo contra las comunidades no habrá una solución. Si se allanan a un diálogo, creando nuevas condiciones que partan con una tregua, estaremos disponibles para soluciones que restablezcan en algo la dignidad de un pueblo acostumbrado a luchar”.