Cuando hablamos de Apartheid para referirnos al caso de la ocupación militar de Palestina por parte del Estado de Israel, nos referimos a una serie de fórmulas a través de las cuáles dicha ocupación ilegal se lleva a cabo. La fragmentación del territorio, la separación a través de un muro, la creación de carreteras exclusivas para judíos, la detención constante de personas, el impedimento a la libre circulación, entre muchas otras. Una de estas maneras de llevar a cabo el Apartheid es a través del control de los recursos naturales y su suministración diferenciada. El agua, recurso fundamental para la vida es sin lugar a dudas uno de los puntos más oscuros de la ocupación israelí sobre Palestina.

El sistema de Apartheid del agua llegó a un punto especialmente álgido cuando la compañía nacional de aguas de Israel, Mekorot, cortó el suministro del recurso a varios miles de palestinos en Cisjordania durante junio de 2016, precisamente cuando se celebraba la festividad más sagrada del Islam, el Ramadan. El caso fue denunciado por la Autoridad Nacional Palestina (ANP) e Israel reconoció que, efectivamente, había cortado el paso del agua a los palestinos (lo que no afectó a los asentamientos israelíes en el mismo territorio), pero argumentó que ello se debía a que la ANP se había opuesto a aprobar la creación de infraestructura adicional para agua en la región, lo que ha dejado incapaces a las antiguas tuberías para transportar el agua que requiere el territorio. Sin embargo, el asunto va mucho más allá de este hecho puntual y guarda relación con el motivo mismo por el cuál la ANP no quiere aprovar la construcción de nueva infraestructura.

Desde la firma de los Acuerdos de Oslo II en 1995, se creó el Comité Conjunto del Agua Palestino-Israelí (CCA), cuya función particular es controlar los recursos acuíferos de Cisjordania y Gaza, particularmente para decidir sobre la mantención de infraestructura existente y la creación de nueva. En la práctica, como bien dice Amira Hass, el Comité ha servido para la aprovación, fundamentalmente, de infraestructura de aguas para alimentar los asentamientos israelíes, dado que una vez montada, la responsabilidad del suministro de agua recae en Israel a través de la ya mencionada empresa Mekorot. De esta manera, entre 1995 y 2008, el sistema de Apartheid del agua fue sostenido por cada aprobación de la ANP para aumentar la infraestructura acuífera, que finalmente termina entregando seis veces más agua a los quinientos mil colonos israelíes por sobre los 2.6 millones de habitantes palestinos. Hass denuncia que bajo el paraguas de los acuerdos de paz, los propios Estados donantes europeos (además de otros como Rusia y Egipto) han estado conscientes de las consecuencias colonizadoras de estos proyectos de agua, que ponen sobre la colonización sionista de Palestina el velo de las supuestas  “cooperación y simetría” en la toma de decisiones.

El CCA funciona con la posibilidad de que tanto la ANP como Israel se veten mutuamente los proyectos en caso de sentir que los perjudican, pero nada puede hacer la entidad palestina respecto a la decisión de los recursos más allá de la línea verde (dentro de los límites del Estado judío), de manera que Israel utiliza los recursos compartidos de manera discrecional, permitiendo a las colonias gozar de un flujo de agua, además, entre el territorio del Estado y la Cisjordania ocupada. El veto palestino, en todo caso, no tiene ningún efecto si Israel considera que la creación de más asentamientos (que obviamente no están previstos en el acuerdo de paz) requiere, “por motivos de seguridad” una mayor dotación de agua y la creación de nueva infraestructura ad-hoc.

Por otra parte, una de las formas de asegurar una mayor distribución de agua para los colonos es que los proyectos consideran la instalación de tuberías palestinas con un diámetro de 2 pulgadas, versus un diámetro de 8 a 12 pulgadas para aquellas que tienen como destino los asentamientos ilegales. Esto ha sido aprovado por la propia ANP ante el temor de que proyectos de mayor envergadura sean simplemente vetados por Israel. Asimismo, los 174 proyectos de embalses de agua para los palestinos, que fueron aprobados por el Comité, tienen una capacidad total de 167,950 cm³, en comparación con 28 proyectos para los colonos con una capacidad total de 132.250 cm³. La capacidad media de un embalse israelí es 4.724 cm³, mientras que el promedio para uno palestino es de 965. De esta manera, el CCA no ha sido otra cosa que un dispositivo para la ampliación de los asentamientos israelíes en Cisjordania, de la que la propia ANP y los países garantes de los acuerdos han sido espectadores negligentes.

Como argumenta la organización palestina Al-Haq, contrariamente a la creencia popular, en la región el agua, siendo un tema importante, no es particularmente escasa y los tres recursos más importantes: el Río Jordán, el acuífero de la montaña y el acuífero costero, atraviesan territorio compartido, sólo que alimentan de manera diferenciada las necesidades de los colonos que las de los palestinos, cosa que no tiene nada que ver con la abundancia de los recursos, sino con el sistema de Apartheid que segrega y condena a los palestinos a niveles de consumo de agua por debajo de los aceptados por la Organización Mundial de la Salud. Esta entidad considera el consumo domiciliario básico cercano a los 100 litros per cápita por día. El promedio en Israel, considerando los asentamientos ilegales es de 287 lit. p/c p/d, mientras que en el caso de los palestinos de Cisjordania, que pueden conectarse a las redes de agua, llega a los 79 lit. p/c p/d. Por su parte, la población palestina que vive en el Área C, de jurisdicción militar israelí, tiene en 2013 un promedio de consumo de 20 a 50  lit. p/c p/d.

El Apartheid del agua implica una situación de discriminación evidente, que a pesar de ser denunciada por varias organizaciones de derechos humanos, e incluso por el parlamento francés en 2012, no sólo persiste como herramienta de colonización, sino que se refuerza constantemente a través de la creación de más asentamientos ilegales que demandan nuevos conductos acuíferos y conexión de tuberías con Israel.

Pensar el Apartheid en Palestina significa comprender la lógica que conduce las políticas de segregación y racismo. En Chile, un país que ha privatizado su agua con las consecuencias nefastas que hoy tenemos a la vista, no puede resultar indiferente el sufrimiento de los palestinos, especialmente cuando Nekorot, la misma empresa que sostiene el régimen de suministro diferenciado para colonos israelíes y los habitantes palestinos de los Territorios Ocupados, tiene hoy contratos en Brasil, Argentina, Chipre, India y Uganda y está buscando entrar en el mercado griego. La colonización no puede leerse separada de los procesos de comercialización de la vida por todo el planeta. Por eso Palestina funciona como una imagen, extrema por cierto, de la realidad bajo estado de excepción permanente del mundo contemporáneo.


Doctor en Filosofía, Universidad de Chile