Lleva dos días como ministro de Justicia y Derechos Humanos y ya empiezan a aparecer señales del pensamiento de Jamie Campos, radical y cercano al ex presidente Ricardo Lagos.

Las críticas a Campos no vienen solo por sus vínculos con la empresa que asesoró al Registro Civil y que terminó con el bochorno del padrón electoral. The Clinic reproduce un polémico documento firmado por Campos llamado “El conflicto mapuche: una visión diferente”, donde muestra su pensamiento profundamente anti-mapuche: dice que nunca existió un Estado mapuche y que no existen derechos ancestrales de los pueblos originarios.

“Fluye con evidencia que nunca ha existido un Estado Mapuche, de suerte que es altamente improbable que pueda constituirse en el futuro. Todo el territorio nacional corresponde desde su creación a la República de Chile, la cual ejerce plena y exclusiva soberanía política sobre el mismo y no conozco casos en que un Estado se desprenda unilateralmente de parte de su territorio para dar origen a otro. Propiciarla creación de un estado mapuche o animar bajo esa inspiración la autodeterminación de una zona determinada carece de realismo político y de sustento jurídico”, dice Campos en el documento, publicado originalmente en El Mercurio.

El nuevo ministro de Justicia asegura que la construcción de la “Raza Chilena” parte del mestizaje, del encuentro de los conquistadores con las nativas y que primaron las costumbres europeas por “tener un grado de desarrollo mucho más avanzado”.

Sobre las demandas del pueblo mapuche, asegura que “no hay claridad y precisión en las pretensiones de los reclamantes” y que “no es una disputa que involucre a todos los pueblos originarios e, incluso, dentro de los propios Mapuches sólo comprende a una porción minoritaria”.

En uno de las posturas más conservadoras sobre el conflicto, dice llama directamente al Estado a reprimir al pueblo mapuche en caso de no poder persuadirlos de abandonar pedido de autonomía: “Si el reclamo alude a eventuales derechos ancestrales que lesionan la Unidad Nacional o a una pretendida autonomía política, lamentablemente el Estado de Chile no tiene otra alternativa que persuadirlos de sus vanos intentos y, si ello no se alcanza, debe terminar de raíz el conflicto mediante la plena aplicación del imperio de la Ley a todos los que quebrantan con violencia el ordenamiento jurídico establecido”.

Dice, además, que si se llegase a aceptar el reclamo del pueblo mapuche, Bolivia y Perú harían lo mismo: “No olvidemos que los territorios de dos regiones del norte de Chile pertenecieron a Bolivia y al Perú y que adquirimos soberanía sobre ellos como resultado del triunfo de nuestras armas en la Guerra del Pacífico y de los Tratados Limítrofes consiguientes; de manera que si se admite en la especie la existencia de derechos históricos o ancestrales se está dando pábulo a que dichos Estados hagan suyo ese argumento y reclamen lo propio, como habitualmente lo hacen los gobiernos bolivianos; para no analizar los eventuales derechos de los descendientes de los pueblos originarios del altiplano”.