Tres años y medio. Ese es el tiempo que la controversial Ley de Identidad de Género lleva estancada. Las razones por las que esta iniciativa ronca en el Congreso son múltiples, pero con algunos de estos antecedentes basta para vislumbrar el escenario. Por ejemplo, el pasado 16 de agosto correspondía que, tras varias postergaciones, la iniciativa se discutiera en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, pero ésta no se realizó porque no hubo asistencia mínima para llevar a cabo el proceso.

Otro ejemplo, aún más ilustrativo: el 2 de noviembre, día decisivo para el proyecto, la discusión en la Cámara Alta fue aplazada por tercera vez desde que entró al Parlamento. Un par de horas de que comenzara la discusión, el vespertino La Segunda llevaba en su portada el titular “Allamand ataca ley de cambio de sexo”, a lo que en sus páginas interiores agregaba: “Bajo los 18 años no pueden manejar ni bajo los 16 no es posible casarse ni siquiera con autorización de los padres. No pueden comer comida chatarra en el colegio pero sí podrá solicitar el cambio de sexo en el registro”.

Más allá de la analogía del senador Allamand, el titular pasaba por alto que el proyecto de ley se refiere precisamente a la identidad de género, no a las intervenciones quirúrgicas de reasignación genital que -podrían o no- desear las personas trans. Desde distintas organizaciones por los derechos de las personas transgénero se acusó a esta jugada comunicacional de los sectores más conservadores como una forma de obstaculizar a como de lugar el avance en los derechos de la diversidad sexual.

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“A mí me parece que los niños no debieran poder cambiarse de sexo, y de hacerlo, sólo después de los 18 años”, declaraba Jacqueline Van Rysselberghe, integrante y ex presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, luego de que se enviaran 7o nuevas indicaciones a la ley, la cual debe retomar su discusión el martes 13 de diciembre.

Como lo dejan claro estas declaraciones, dentro de todos los puntos que toca el proyecto, él que ha causado más conflictos son las aristas referentes a los niños, niñas y adolescentes trans. Desde sectores LGBTI han apuntado que el afán de proteger a la infancia que esgrime la derecha es solo una muestra más de la transfobia que han demostrado la UDI, RN y también la DC, que en esta discusión se ha cuadrado con la misma mirada de Chile Vamos.

Para tratar de entender el debate por la identidad de género, El Desconcierto conversó con Franco Fuica, vicepresidente de OTD Chile (Organizando Trans Diversidades). Desde la organización entregaron sus posturas frente a este proyecto de ley y entregaron algunas claves al respecto, en especial en relación a quienes aún son adolescentes.

1. Ley de Identidad de Género, no de cambio de sexo

La Ley de Identidad de Género busca permitir que las personas trans -es decir, que no sienten concordancia frente a la identidad que se les impone socialmente en razón de su sexo biológico- puedan acceder a cambiar su nombre y su género en documentos de identificación, facilitando no solo el proceso personal de transición, sino también la búsqueda de trabajo o cualquier clase de interacción mediada por la utilización de esta clase de identificaciones.

Es necesario tener en cuenta que, con o sin esta ley, los cambios de nombre se realizan. No obstante aquello, este trámite está supeditado al criterio de la persona a cargo en el juzgado, transformando en una decisión arbitraria algo que en muchas partes del mundo está normado. La idea de la legislación es que esto se pueda hacer como un trámite administrativo en el registro civil. Opositores y opositoras al proyecto en este momento están canalizando su energía en que esto no ocurra con los menores de edad.

La ley también busca regular algunos aspectos en lo que respecta a los tratamientos que acompañan el proceso de transición. Para Franco Fuica, “no es una carrera contra el tiempo, no es la gracia que se sientan condenados hasta los 18 años”.

“El proyecto no va enfocado a eso, entendiendo el sexo como cuestión física y biológica. El proyecto busca reconocer esa identidad y darle garantía a ese proceso complejo que, más que vivir las personas, la sociedad hace vivir. Con respecto a niños, niñas y adolescentes, el mismo proyecto lo que hace, y que a ellos les preocupa, es establecer que no podrán someterse a cirugías de ningún tipo hasta cumplir 18 años. Hay personas que si quieren hacerse una operación, y que en este caso se les vulnera el derecho a poder hacerlo a más temprana edad. Podemos decir que si es que los niños están desde más temprana edad, y pueden acceder a un tratamiento de bloqueo hormona, eso es beneficioso cuando lo necesitan, especial para desenvolverse en un contexto social”, explica.

Desde OTD, aunque no están totalmente de acuerdo, creen que esa medida de es suficiente. “No es agradable para ningún niño trans masculino que todos los meses le llegue a regla o le empiecen a crecer los pechos”, agrega.

2. Patologización: Ser trans no es una “condición”

Una de los objetivos que presenta la Ley de Identidad de Género es demostrar que ser transgénero no es algo que se padezca, no es una condición. Sacarlo del terreno de lo patológico es una de las batallas más duras que han tenido que dar familiares de menores trans, y activistas vinculados a esa causa.

Sin embargo, parlamentarios como la senadora Jacqueline Van Rysselbergue insisten en condicionar el proceso a certificados médicos, buscan que antes de cualquier trámite en la documentación, un psiquiatra certifique disforía de género. Para Fuica “el proyecto busca reconocer esa identidad y darle garantía a ese procesos, que más que ser complejo en sí, es por lo que la sociedad te hace vivir”.

3. Experimento social: El miedo conservador

Le Ley de Identidad de Género asusta a los sectores conservadores porque creen ver en ella una amenaza para el modelo tradicional de familia.“Impactará las relaciones de familia, perdiendo todo su sentido la definición del matrimonio como unión heterosexual y trastocándose en su origen las relaciones de paternidad y maternidad” , decía una polémica carta al director publicada en El Mercurio, donde bajo el título “Proyecto de identidad de género y misericordia legislativa” un grupo de profesores de Derecho se dedicaba a elucubrar la debacle que podría ocurrir en la sociedad si es que los documentos de las personas trans dijeran su nombre y el sexo con el cuál se identifican.

Como explica Franco Fuica, existen países como Noruega, Dinamarca, Portugal, Italia, España, Alemania, México y un largo etcétera que sí tienen leyes que garantizan los derechos de las personas trans sin tener ningún tipo de consecuencia negativa. “Si hay experimentos sociales como las AFP, eso sí que nadie sabe cómo va a funcionar, quizás en 30 años más estemos todos en la calle”, dice.

Sobre el mismo punto, Fuica enfatiza en que las relaciones basadas en el modelo heterosexual de familia que plantean el grupo de académicos está cuestionado desde mucho antes de que esta ley se comenzara a tramitar, por lo que ese argumento sería parte de una campaña para atemorizar a la gente respecto a los derechos de las personas tran. “La estrategia de causar terror en la población es una estrategia baja, burda y que consideramos lamentable. Lo que esta ley debe hacer no afecta derechos de terceros”, finaliza el presidente de la OTD.