En una acción concertada y probablemente promovida por consejeros religiosos y jurídicos, 4 presos por graves violaciones a los derechos humanos recluidos en el Penal Punta Peuco, han hecho públicas cartas en las que piden perdón por el daño que han causado sus actos criminales.

La ocasión ha provocado revuelo porque se ha interpretado como una maniobra para acceder a beneficios carcelarios,  que han venido siendo discutidos en el último tiempo producto de la solicitud que algunos de ellos han hecho ante tribunales. Gestión que ha sido comentada favorablemente por algunos representantes de la Iglesia católica, del poder judicial y el mismo Ministro de Justicia actual, en virtud de las condiciones de salud y vejez de algunos de los solicitantes.

Más drásticamente aún, se argumenta que este acto concertado de pedir perdón es una manera de consagrar la impunidad, pensando que el sólo gesto basta para considerar la posibilidad de otorgarles beneficios carcelarios, que evidentemente no los exculpan de los delitos por los cuales ya están condenados. Pero lo importante no es el alcance jurídico de estos acontecimientos sino su impacto moral, de ahí que toda esta maniobra sea entendida como una acción más a favor de la impunidad.

Las cartas que reos de Punta Peuco han hecho llegar a los medios de comunicación, nos acercan un poco más a la lógica y la mentalidad del victimario, a su comprensión de la responsabilidad y a sus argumentos exculpatorios, los que no sólo están en sus conciencias sino que hemos visto reproducirse en boca de diversos actores de la vida nacional en los últimos 26 años.

Lo primero que habría que advertir, es que las víctimas de los delitos por ellos cometidos no están convocadas a participar de este perdonazo. Más allá de si hipotéticamente pueden o no acoger la solicitud de perdón -y éstas han dejado en claro que no lo harán-, o si otros actores participantes de la maniobra las convocan, ninguna de las cartas se dirige a las víctimas, las misivas les hablan a sus “amigos” o a “Dios” (al Dios de cada uno de los credos que profesan), y por su intermedio a la sociedad.

Carlos Herrera y Pedro Hormazábal piden que el espíritu santo toque el corazón y mente de las autoridades y afectados para que se resuelva el grave conflicto que se arrastra por 30 años, y se alcance la reconciliación. Zapata agrega que ojalá toque también el corazón de los dañados para que logren entender lo sucedido.

Las cartas de Basclay Zapata y Claudio Salazar, resultan de gran interés porque develan la pugna por las responsabilidades al interior de los cuerpos armados, y el alcance que en ellos tiene la comprensión sobre los delitos cometidos y su propia responsabilidad.

Salazar dice que sectores militantes se han dedicado  a denostar este gesto de perdón, y le pide a Dios que a su vez “los perdone porque no saben lo que hacen”. Yo creo que si hay personas que saben lo que hacen son esos a los que él llama “militantes”, a los que no tiene el coraje de decirles “mis víctimas”.

Agrega que se trata de un gesto inédito. Claro, ningún oficial de carabineros o de las FFAA había hecho algo así públicamente, es obvio que en su mentalidad no hay de qué arrepentirse, y si lo hacen es cuidando no poner en riesgo los pactos de silencio que han consagrado en los últimos 43 años. Este acto no hace peligrar el ocultamiento de la verdad, pues no hay ofrecimiento alguno de entregar información sobre el destino de los detenidos desaparecidos, o de otros crímenes que les tocó conocer o en los que podrían haber participado. Como siempre, la verdad no reviste de ningún valor entre los uniformados, más valioso sigue siendo mentir y ocultar. Por eso el gesto de perdón resulta incoherente en ese páramo de verdad.

Zapata dice que otros dirigían, planificaban y controlaban las operaciones antisubversivas, y él sólo seguía órdenes, órdenes criminales en todo caso, que sabemos algunos se negaron a seguir (aunque poco conocemos de esos casos porque resultan subversivos para la memoria de la obediencia). Este es el añejo argumento de la obediencia debida, que hasta el general Cheyre ha invocado en su defensa (en realidad todos los hacen). Eichmann dijo que él sólo había transportado a los judíos a los campos, y que lo había hecho siguiendo las ordenes de sus superiores, agregó que la tarea se había cumplido con excelencia y profesionalismo. Vaya que si!

Como el debate sobre la obediencia de órdenes criminales es limitado en nuestro país, seguramente resultaría riesgoso decir que en las cadenas de mando hay posibilidad de discernir, pero si se observa el desastre de Antuco, un poco de discernimiento podría haber evitado una catástrofe, y qué decir de 17 años de terrorismo de Estado.

Quizás el problema más grave, es que si estos criminales no podían discernir antes, parece que ahora tampoco lo han logrado, o bien el espíritu santo no ha tocado sus corazones y mentes. Sus crímenes son una especie de nebulosa: “30 años de conflictos” o “dolores y zozobras por la implementación de políticas de seguridad pública en el gobierno militar”. Zapata dice genéricamente “represión de personas”, en realidad el que reprimía era Pablo en las escrituras bíblicas citadas por él, no se sabe si él mismo considera que reprimió (suponemos que si). En todo caso una represión legalizada, porque Pablo seguía la ley igual que él, y por ende no habría conflicto moral en detener, violar, torturar, asesinar y desaparecer personas. ¿No pudo discernir sobre el carácter criminal de sus acciones?, ¿para él era lo normal?, ¿era costumbre practicada por las FFAA torturar, violar, despedazar cuerpos y hacerlos desaparecer?,  ¿nunca tuvo una señal de alerta sobre la ilegitimidad e inmoralidad de esas acciones?, ¿o al menos sobre lo “inusual” de ellas?.

Finalmente, al leer estas cartas se ciernen dudas sobre los criterios que el poder judicial considera para otorgar beneficios, primero porque si el entendimiento de los criminales sobre los actos cometidos es una condición, estas misivas dejan bastante que desear, y luego porque deben colaborar con la justicia… En todo caso cuando se escuchan las declaraciones de algunas autoridades del poder judicial y del propio Ministro de Justicia, se percibe que si la comprensión de los crímenes es limitada en los criminales, en esos personeros es tanto o más, y tal como Pinochet y sus adherentes en 1998 se niegan a aceptar la vigencia y superioridad del derecho internacional sobre su limitado sentido común, pues en varios casos ni siquiera se invoca la legislación nacional.

En otra ocasión le buscaremos las cinco patas al perdón, por ahora baste decir que tras 26 años de finalizada la dictadura algo sigue funcionando mal, y que así como el originario acto de perdón de Aylwin frente a las cámaras de televisión no tuvo demasiadas consecuencias para la consecución de verdad y justicia -ni siquiera para la obsesiva reconciliación que éste antepuso como meta simbólica de la transición-,  esta reciente operación no parece estar dirigida a reparar el daño causado, entregando lo que las víctimas exigen como condiciones mínimas para que ello ocurra: la verdad que los perpetradores han callado por 43 años.


Antropóloga, Programa Psicología Social de la Memoria, Universidad de Chile.