Hace más de 10 años que el proceso de admisión a la educación universitaria está sujeto a la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Año a año hemos visto cómo sus resultados han sido criticados por la fuerte segregación que esta prueba genera y reproduce. Hace unos días fue la publicación de los resultados y nuevamente hemos sido testigos de las condiciones y limitaciones que genera para el ingreso de miles de jóvenes a la Educación Superior. Frente a esta situación, no podemos quedarnos indiferentes, puesto que estos resultados constatan y a la vez reproducen y profundizan las desigualdades presentes en nuestra sociedad y en nuestro sistema educativo general.

Los resultados de la PSU correspondientes al proceso de admisión 2017 nos revelan, una vez más, las grandes brechas y desigualdades de nuestro sistema educativo, en términos de tipo de establecimiento, nivel socioeconómico y género. A partir de los resultados publicados por el Demre y por distintos medios y actores nacionales, como diarios y fundaciones, podemos ver que de los 258.535 estudiantes que rindieron la prueba un 44,62% de alumnos provenientes de colegios municipales obtuvieron un promedio menor de 450 puntos entre las pruebas de Lenguaje y Matemáticas, cifra que desciende a un 29,6% para estudiantes de colegios particulares subvencionados y sólo a un 7,53% para estudiantes de colegios particulares pagados[1]. Sumado a esto, los resultados de este año arrojan que en Chile, ser hombre influye positivamente en el puntaje obtenido en la prueba en un promedio de 17,4 puntos por sobre las mujeres[2]. Estas brechas, las cuales se han mantenido durante los últimos años, en ningún caso nos sorprenden, sino que, por el contrario, constituyen una prueba más de las inequidades e injusticias de nuestra sociedad y nuestro sistema educativo, y de que la PSU, en particular, es una prueba que solo reproduce esas mismas desigualdades.

Es así como esta prueba, al igual que otras pruebas estandarizadas que se aplican en Chile, como el SIMCE, han funcionado como un eje articulador y regulador del mercado educativo al ser sus resultados la evidencia palpable de cómo la educación privada ha triunfado por sobre la educación pública, permitiendo así a los establecimientos educativos posicionarse en el mercado educativo a partir de los resultados obtenidos. Asimismo, estas evaluaciones son utilizadas como un mapa para orientar la matrícula de los futuros alumnos en busca de buenos resultados. Así, los colegios particulares pagados, con altos aranceles, son los preferidos por las familias que tienen mayores recursos y, por lo tanto, mayor posibilidad de pagarlos. Esto se ve profundizado por el abandono sistemático y generalizado por parte del Estado a la educación pública en sus distintos niveles. Esto ha agudizado la precarización de sus establecimientos y ha contribuido a la reproducción de lógicas mercantiles en nuestro sistema educativo, castigando y destinando a familias al fracaso por no poseer los recursos necesarios para acceder a una educación que garantice las mismas oportunidades de aprendizaje para todos y todas.

Nuestra universidad no queda exenta de la desigualdades reproducidas por estas pruebas. Si bien durante los últimos años se han implementado programas como Talento e Inclusión, PACE o Penta UC que han permitido que estudiantes con menos posibilidades puedan acceder a la UC, estas son oportunidades que valoramos y agradecemos considerando que han significado que jóvenes de menores ingresos puedan ingresar a nuestra casa de estudios, son alternativas que no solucionan la profunda desigualdad del sistema educativo y que funcionan como medias parche ante las abismales diferencias en el ingreso a la Educación Superior y nuestro sistema educativo en su conjunto. Estas alternativas no funcionan como una solución de fondo puesto que, aun así, la mayor parte de los estudiantes que se matriculan en la UC provienen de colegios particulares pagados y que, por lo tanto, han podido obtener altos puntajes en la PSU.

Durante los últimos años el ingreso a nuestra Universidad ha estado marcado por el nivel socioeconómico de los postulantes. Sin ir más lejos, reportes de nuestra casa de estudios señalan que alrededor del 70% de la matrícula de la UC provenía del quintil V, el más rico del país[3]. Al mismo tiempo, al año 2011 un 64% de los estudiantes provenía de colegios particulares pagados mientras que solo un 13%, de colegios municipales[4]. Por otra parte, según datos expuestos por el Demre, este 2016 solo 473 estudiantes de establecimientos de dependencia municipal se matricularon en la UC, versus los 3.062 provenientes de establecimientos particulares pagados[5]. Esta realidad no es sino un reflejo más de los problemas estructurales de nuestro sistema educativo y de cómo solo unos pocos tienen el privilegio de poder acceder a la institución de educación superior que desean y que sus privilegios les han permitido.

Sin duda se hace urgente un cambio profundo a nuestro sistema de acceso a la Educación Superior. Esto debe implicar el fin a la PSU y avance hacia un modelo en que nuestra condición socioeconómica, género o etnia no nos niegue nuestra posibilidad y oportunidad de acceder a la educación. Pero, por sobre todo, se hace urgente avanzar en la transformación profunda y estructural de nuestro modelo educativo, terminando con el mercado en los distintos niveles del sistema y eliminando el lucro como un factor decisivo en la calidad de los aprendizajes. Asimismo, consideramos necesario que se logren eliminar las brechas que se originan mucho antes que esta prueba sea rendida, poniendo así en el centro a la Educación Pública, entendiéndola como un derecho social, como un espacio de encuentro de frente a las necesidades de nuestro país y construyendo de una vez por todas un sistema educativo que no se centre en una mera acumulación y repetición de contenidos. Hoy, como Movimiento Estudiantil tenemos importantes desafíos para la construcción de una educación gratuita, de calidad y no sexista, por lo que se hace fundamental la articulación con otros sectores de nuestra sociedad, a través de la movilización y el trabajo conjunto, entendiendo los problemas y desigualdades de nuestro sistema educativo como un aspecto más de las injusticias de nuestro modelo de sociedad.