A través de un extenso reportaje en La Tercera se conocieron varios conflictos de interés al interior del Consejo de Defensa del Estado, el organismo que tiene como misión defender, representar y asesorar jurídicamente al Estado de Chile en sus intereses patrimoniales y no patrimoniales. Así, aunque legalmente quien preside el consejo tiene prohibido por ley “ejercer la profesión de abogado en la defensa de particulares en juicios”, los otros 10 abogados que componen el consejo no tienen esta obligación: están autorizados para ejercer privadamente la profesión, pueden formar sus propios estudios jurídicos, integrar directorios de empresas y realizar otras actividades laborales.

Las inhabilidades, en caso que se crucen los intereses públicos y privados, quedan a discreción de cada consejero según las normas que establece el Código de Etica del Colegio de Abogados, presidido por Olga Feliú, defensora de Colonia Dignidad y senadora designada por la Corte Suprema de Justicia.

Entre los casos de conflictos de interés en el reportaje está el del abogado Rodrigo Quintana (PS), quien desde 2011 es socio del bufete Bofill Mir & Álvarez Jana (BMAJ) estudio que tiene varios litigios vinculados al Estado. BMAJ asesoró a la empresa Mitsui & Co en la disputa entre Anglo American y Codelco, por la cual el Senado pidió la intervención del CDE. En este caso, Quintana representó a Mitsui en 2012. Otros casos del buffet fueron los casos SQM, Inverlink, La Polar y la minera Exeter.

Pero no es el único antecedente: según La Tercera, además, Quintana es director de comunicación estratégica en la empresa de asesorías de Enrique Correa, Imaginacción. Conocida por ser una de las principales agencias de lobby del país, Imaginacción asesoró a Hendaya S.A., una empresa proveedora involucrada en el escándalo de sobreprecios del Programa de Alimentación Escolar de la Junaeb, caso en el cual el CDE es querellante.

Otro caso es el de la abogada Clara Szczaranski, quien en su desempeño privado representó al ex oficial del Ejército Virgilio Cartoni, proveedor de armas y equipamiento militar, todo esto mientras que la semana pasada la Corte Suprema ordenó el cierre de las cuentas bancarias del ex militar. El banco Itaú estimó en un informe que “podría estar vinculado a ciertos hechos ilícitos que se imputan actualmente al ex comandante en Jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba”, en el marco del caso Milicogate, otro caso en el que el Consejo de Defensa del Estado del que Clara Szczaranski participa paralelamenta. Según se detalla en el texto, Szczaranski comparte oficina con el abogado Darío Calderón, amigo y asesor directo del empresario y controlador de SQM Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet investigado por financiamiento irregular de la política a través de esa empresa.

En cuanto a la también consejera Paulina Veloso (PS), además de defender al estado a través del CDE le presta servicios: con su estudio jurídico Veloso, Flores y Reyes, se adjudicó entre 2012 y 2014, por la vía del trato directo según Mercado Público, tres contratos con Corfo para prestar “asesorías jurídicas” por un total de $ 81,8 millones.