Un fantasma recorre Perú, el fantasma de la corrupción. Parafraseando este viejo cliché, podemos decir que la corrupción se ha puesto de moda, en un país con una precariedad institucional que no deja de sorprendernos a diario, con cada nueva revelación por el Caso Odebrecht (y otros), que involucra a toda nuestra élite política desde el retorno a la democracia en el 2000.

Alfonso Quiroz, notable historiador peruano, nos dejó para la posteridad un formidable libro: “Historia de la corrupción en el Perú”. En seiscientas páginas, hace una radiografía de todo un proceso histórico, desde la Colonia hasta nuestra historia contemporánea, con un acucioso uso de fuentes y documentación, de cómo el mal uso del poder burocrático en gobiernos militares, dictaduras y civiles, parece haber sido parte de una gran política de Estado desde inicios de nuestra vida republicana. Mal endémico y viejo conocido, la corrupción siempre ha estado ahí, atentando esos intentos por institucionalizar la reglamentación y transparencia hacia nuestros representantes. En estos días, atenta contra el desarrollo nacional.

Las recientes acusaciones contra Alejandro Toledo al haber recibido sobornos por casi 20 millones de dólares, por parte de las transnacionales Odebrecht y Camargo Correa, de capital brasileño, parece haber puesto un punto a final a la carrera política, de quien desde finales de los 90’s, representó esa imagen de lucha contra la corrupción. Parece que la caída de este paladín de la democracia, que luchó incansablemente contra el autoritarismo del fujimorismo y marcó un hito con la “Marcha de los 4 suyos” como movilización que simbolizó una transición democrática, está a la vuelta de la esquina y podría llevarlo a la cárcel.

Los delitos son graves: Jorge Barata, que actuó como un emprendedor de políticas para Odebrecht, ha develado que se le otorgó sobornos para favorecer a la transnacional brasileña en el Tramo 2 y 3 de la Carretera Interoceánica – Sur, que forma parte de este megaproyecto de integración IIRSA. Del mismo modo, es acusado por recibir coimas por parte de la brasileña Camargo Correa, a través de Joseff Maiman, amigo de la familia Toledo, para obtener la licitación en el tramo IV de la Interoceánica Sur.

Toledo, actualmente de viaje en Europa y ante pruebas que han llegado desde Brasil y Estados Unidos por los casos antes mencionados, ya está en la mira del fiscal a cargo del caso, Hamilton Castro, y tendría las horas contadas para su detención internacional y retorno al Perú. Ahora, Toledo no es el único involucrado en estas prácticas de corrupción. Alan García también está en la mira de la fiscalía. Los recientes informes apuntan a que García y funcionarios de su entorno durante su gobierno, habrían recibido coimas por más de 1 millón de dólares por favorecer a Odebrecht en la concesión del Tramo 1 del Metro de Lima, que siempre estuvo bajo la lupa, al develar irregularidades en el comité evaluador, así como el extraño decreto de urgencia 032. Finalmente, Ollanta Humala no escapa de las especulaciones: recientes informes desde Brasil, develan que el líder nacionalista recibió más de 3 millones de dólares para financiar su campaña electoral en el 2011. ¿A través de qué empresa? Si, Odebrecht.

Enarbolar las banderas de lucha contra la corrupción, debido a estos recientes sucesos, no es más potestad de líderes como Toledo, García y Humala, que construyeron un discurso hegemónico contra la herencia del fujimorismo de los 90’s, con quien asociaban el origen de esas de prácticas de corrupción llevadas a cabo por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

La percepción ciudadana, siempre tan valiosa en estas coyunturas críticas, reafirma lo anterior. Una reciente encuesta elaborada por CPI sobre la percepción de la corrupción, en base en un puntaje del 1 al 10, siendo 1 menos corrupto y 10 más corrupto, revela un problema estructural: Nadine Heredia (8.6), Alan García (8.6), Alejandro Toledo (8.3), Ollanta Humala (8.0) y Alberto Fujimori (7.3). Las cifras ponen en evidencia que el los gobiernos democráticos son duramente cuestionados y, sorprendentemente, se considera menos corrupto a Alberto Fujimori. ¿Es un augurio del retorno del fujimorismo en el 2021? Tal vez, pero la lectura principal sería que el mal de la corrupción es transversal a los gobiernos, sean democráticos y autoritarios, y lo que existiría es una herencia de instituciones débiles que no han contribuido en la rendición de cuentas.

Mirando la coyuntura actual y con todas estas persecuciones a ex – presidentes por delitos asociados a la corrupción, en el tablero de ajedrez de la política peruana, el ganador es uno solo: el fujimorismo. El lastre que ha significado para Keiko Fujimori disociarse de los males del gobierno de su padre, con dos campañas presidenciales perdidas y un anti-fujimorismo latente, han encontrado una válvula de escape. Pasarían de “perseguidos” a “perseguidores”, de ser estigmatizados por la corrupción a ser fiscalizadores del actual gobierno. Con un gobierno tecnócrata de Pedro Pablo Kuczynski, con limitada capacidad de gobernar y el Parlamento controlado por la mayoría fujimorista y, como lo sentenció el periodista César Hildebrant, PPK “le está haciendo la camita” a Keiko Fujimori para tener todas las condiciones necesarias para su triunfo el 2021. Este es el escenario menos esperado por Keiko Fujimori, que de seguro retornará a la escena política, para cuestionar sagazmente la credibilidad “anti-corrupción” de nuestra clase política.

Las instituciones democráticas están siendo socavadas por la corrupción y a cuatro años del Bicentenario de la República, no encontramos la fórmula para contrarrestar lo que nos impide el salto cualitativo hacia el desarrollo. La corrupción se proyecta sobre un sistema político con débiles esfuerzos por fiscalizar a sus representantes, producto de una crisis de la cultura política de la ciudadanía. En un país sin un sistema de control eficiente, partidos políticos en crisis y una clase gobernante y empresarial velando por intereses propios, los valores democráticos son sometidos ante este mal endémico. Hoy, la corrupción es un problema público, necesitamos un mayor accountability y reescribir esa relación “representante – representado” para ejercer una fiscalización eficiente de nuestros gobernantes. He ahí el reto.

* Original en Alainet.