Atrapados en Masvida: El negro escenario para los afiliados bajo el «corralito»

Para los afiliados la alerta masiva llegó el 2 de febrero a sus correos electrónicos. “Isapre Masvida no está en proceso de quiebra, así como tampoco está siendo intervenida por la Superintendencia de Salud”, decía el mensaje.

La comunicación fue motivada por una noticia publicada en el Diario Financiero que advertía la crisis de la institución de salud. Desde entonces todo fue cuesta abajo. Dos días después del correo se supo que varias clínicas como Santa María, Dávila y Alemana  habían informado oficialmente que estaban bloqueando la compra de bonos de Masvida.

El 22 de febrero la Superintendencia de Pensiones rechazó el Plan de Ajuste y Contingencia (PAC) de la «isapre de los médicos», criticando desde las deficiencias para acreditar sus estados financieros hasta la falta del estándar legal de garantía de $20 mil millones, pasando por la falta de antecedentes concretos para argumentar su reestructuración.

Luego, el miércoles 1 de marzo el superintendente de Salud Sebastián Pavlovic anunció que Masvida sería intervenida parcialmente. Ello implicó que la autoridad tomó custodia de sus inversiones, aprobará las transacciones, exigirá el cambio de la composición de activos, destinará parte del fondo de garantía para el pago de obligaciones, y suspenderá, por un mes, las afiliaciones y desafiliaciones, y restringir las capitalizaciones con entidades relacionadas.

La medida fue rápidamente calificada como «corralito», en una analogía a la polémica medida del otrora presidente argentino Fernando De la Rúa de restringir de los flujos de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros el 3 de diciembre de 2001.

Pero las personas no son sólo fondos y la medida planteó un sinnúmero de problemas para el acceso al derecho a la salud.

La judicialización de la salud

«Andrea» está llegando al término de su segundo embarazo. Desde el sexto mes en adelante empezó a tener problemas para comprar bonos en la Clínica Atacama, de Copiapó. Afiliada hace más de seis años, prefiere no dar su nombre real, porque trabaja en el servicio público de la ciudad nortina.

Hoy ya no podrá tener el parto de su segundo hijo en donde lo había programado gracias a sus años de aporte previsional, sino que está intentando liberar un cupo en el Hospital Regional de Copiapó.

Los afiliados a Masvida corresponden al 20 por ciento de los cotizantes en el sistema de institutos de salud previsional. Son medio millón de personas, y, de ellas, 150 mil tienen «preexistencia». Es decir, alguna enfermedad crónica o muy costosa que los vuelve «caros» para las isapre.

En 2010, un dictamen del Tribunal Constitucional estableció que el reajuste de factores de riesgo tanto por edad como por sexo eran inconstitucionales. Estos, al igual que las instituciones de salud previsional, fueron creados por un decreto con fuerza de ley de la dictadura. Desde el fallo del TC de hace siete años, las isapres modifican la prima global de sus planes informando a los usuarios y ellos pueden generar recursos de protección ante la justicia. 

Mientras el superintendente Sebastián Pavlovic anunció la intervención parcial de Masvida, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, llamó en su segunda cuenta pública consecutiva a terminar con la judicialización de los planes de isapre.

«(La ciudadanía acude a los tribunales) a buscar protección frente a lo que considera es una vulneración a sus derechos, que por cierto es precisamente el rol del Poder Judicial», recalcó.

En tanto, el senador Guido Girardi (PPD) anunció este jueves, en reunión con el superintendente Pavlovic, que como próximo presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta pondrá en tabla la reforma a las isapres, proyecto inspirado en el informe de la Comisión Asesora Presidencial sobre el tema cuyo avance en el congreso está congelado desde el 2015.

Los usuarios cautivos

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

Para el ex integrante de la Comisión Asesora Presidencial y miembro de la Fundación Equidad, Tomás Lagomarsino, la situación indica que las personas que no tengan preexistencia o carga de morbilidad alta van a poder llevarse su siete por ciento de cotización voluntaria a otra isapre.

No obstante, personas que tienen preexistencia, cargas o enfermedades crónicas van a tener que migrar a Fonasa o a un plan con menos cobertura. 

«Probablemente los jóvenes, hombres, sin preexistencia o con baja morbilidad van a poder mantenerse en el sistema privado cuando se levante el ‘corralito‘. Para las mujeres en edad fértil y quienes tienen morbilidad o preexistencia no será tan fácil. Son los cautivos y serán los perjudicados por Masvida», explicó.

Alejandra Zúñiga (43) es abogada y docente de derecho constitucional de la Universidad de Valparaíso. Cuando empezó a notar que ninguno de los prestadores de salud a los que acostumbraba acudir admitía bonos de Masvida tomó la decisión de migrar.

Alcanzó a hacerlo antes del «corralito» de la Superintendencia y lo logró. «Por suerte no era una usuaria cautiva», comentó a El Desconcierto. «Tengo cargas, pero mi plan ahora es más barato».

Como jurista, Zúñiga considera que la medida tomada por Pavlovic es inconstitucional y recomienda a los usuarios perjudicados recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva.

«La Constitución dispone que cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado. Eso implica derecho a cambiar de sistema de salud cuando se desee, según el artículo 19.9 de la Constitución», dijo.

No todos los expertos están de acuerdo. Hay quienes argumentan que el bien público se antepone al derecho a cambiar de sistema de salud cuando se desee, y que en este caso el bien público sería evitar la quiebra de Masvida previniendo una fuga masiva de afiliados.

La fuga se veía venir, especialmente durante el último mes cuando vendedores de la competencia acechaban tan sólo al salir de los edificios de Masvida.

«Graves efectos»

Para el médico Tomás Lagomarsino el «corralito» se explica sólo para mantener la solvencia de Masvida. «Una quiebra no sólo causaría graves efectos en la salud pública y privada, sino que pondría en jaque a todo el sistema y a todo el arco político que se ha negado a reformarlo», apuntó.

Y si bien aún no se dispone de estadísticas respecto a cuántos afiliados alcanzaron a cambiar de isapre, para Lagomarsino es muy probable que la mayoría deba pagar un costo adicional. «Esto aumentará el gasto del bolsillo de los chilenos, que ya es un 26 por ciento siendo que a nivel internacional se recomienda un 10 por ciento. Se verán perjudicados financieramente y deberán gastar extra por sus preexistencias o factores como ser mujer», concluyó. 

Como si no fuera suficiente con el impacto en el medio millón de afiliados de Masvida, existe otra duda que la Superintendencia de Salud tuvo en cuenta para decretar el cierre temporal de los traspasos: la incertidumbre respecto al estado de la salud pública.

«Si es que Masvida estalla no sabemos en qué tramos de Fonasa van a quedar sus usuarios ‘cautivos’, es decir, los ‘menos atractivos’ para el mercado de la salud, como mujeres en edad fértil, personas con alta morbilidad o preexistencia», explicó Tomás Lagomarsino.

Masvida recibió dos propuestas desde el fondo internacional Nexus Partner y de ICC Farma (del ex Cruz Verde, Guillermo Harding), que serán votadas hoy.

En el análisis de Lagomarsino, el 20 por ciento del total de afiliados del sistema privado que tiene Masvida «no son cifras menores y seguramente un porcentaje caerá a letras bajas de Fonasa, agravando la situación de la salud pública», según él.

«Esta inyección de nuevos usuarios de la red pública entrará a engrosar la lista de espera en los hospitales, por ejemplo. Todo esto es el mejor ejemplo de que el sistema de salud es perverso y privilegia a los privados, dándole mejor cobertura además a los jóvenes y hombres, mientras que el sistema público atiende la mayor carga de personas enfermas y también a mujeres», ahondó.