-Hola, buenas.
-¿Acumula puntos?
-No.
-¿Desea donar el 5% de su cotización adicional que le pagara su empleador? ¿El 5% que le corresponde a su fondo de pensiones, para entregárselo a otro pensionado, que debiera ser responsabilidad de los políticos y no la suya, políticos que están preocupados de cualquier hueá, menos de usted?
-Pfff, soy afiliadado, pero no soy hueón.

Este breve diálogo corresponde a la transcripción de un video viral publicado la semana pasada, el que -junto con la publicación de una página web- sirvió como lanzamiento de la campaña #tucreísquesoyweon, iniciativa del economista Bernardo Fontaine para defender el ahorro individual y las AFP como único mecanismo previsional posible, invalidando cualquier eventual esquema que implique reparto o solidaridad entre los afiliados.

Si bien una de las herramientas preferidas de la derecha para incidir en políticas públicas es la defensa de lo técnico, de la mesura, del estatus quo y la preocupación por las cifras macroeconómicas como la inversión y el crecimiento, en otras oportunidades el recurso preferido es la política del terror, la desinformación y, muchas veces, la mentira descarada. Es el caso de la campaña de Fontaine, quien tras sendas iniciativas contra la reforma tributaria y laboral, cambia de estrategia y apunta al uso de lenguaje coloquial y “buena onda” para defender al actual sistema previsional de cualquier posible cambio estructural.

El video, además de desagradable debido al uso injustificado de un lenguaje vulgar y formas violentas, es una mañosa apelación al miedo de los actuales contribuyentes al sistema. Fontaine y su equipo consideran un robo al afiliado el que el destino del eventual 5% de cotización a pagar por el empleador vaya a reparto o a cualquier esquema solidario, en cuanto ese 5% sería propiedad de cada uno. Tal afirmación, que encuentra eco en las más radicales posturas de la derecha del siglo XIX, para quienes cualquier tributo era básicamente un robo, apunta en contra de la experiencia internacional, las recomendaciones de organismos internacionales, y el desarrollo de sistemas de seguridad social a lo largo de casi un siglo.

El “movimiento” olvida que el acceso a mecanismos de seguridad social financiados colectivamente no es un asalto a los cotizantes, sino la manera en que la mayoría de las sociedades financia las políticas públicas que permiten otorgar garantías de ingreso y salud a sus miembros en casos de enfermedad, incapacidad, vejez, embarazo, etc. Aunque Fontaine prefiere omitirlo, la seguridad social está claramente definida en los convenios de la OIT y en los instrumentos de la ONU como un derecho fundamental, y son muchos los países que actualmente están trabajando para ampliar y robustecer sus sistemas. No son locuras extremistas, son paradigmas que cada vez más países están adoptando en pos de avanzar hacia sociedades más justas, equitativas y humanas.

La campaña, según lo que afirma en su página web, es también falaz en aseverar que un reparto financiado con el nuevo 5% no podría aumentar las pensiones actuales de manera relevante. Un cálculo simple arroja como resultado que destinar este 5% a un reparto podría significar la recaudación de hasta $180 mil millones mensuales, lo que podría financiar un incremento de $150 mil en la pensión de cada jubilado actual del sistema AFP. Si bien para Fontaine esta cifra podría parecer baladí, es claro que, dados los promedios que reciben actualmente los pensionados, este sería un aumento más que significativo.

Fontaine aplica nuevamente la desinformación cuando atribuye al sistema de AFP una transparencia única debida al hecho de que en éste “las pensiones se calculan por Ley” y, por el contrario, en los sistemas colectivos los “operadores políticos” tienen total libertad para asignar recursos repartiendo fondos según su conveniencia o voluntad. De esta manera, se desconoce la existencia de un Estado de Derecho y la manera que el Estado, al igual que las AFP, está limitado por el cumplimiento de todas las leyes, regulaciones y normativas existentes. Se contrapone así antojadizamente al sistema privado como confiable, casi desinteresado, versus la figura del poder estatal corrupto, injusto y despreocupado de los intereses de la sociedad.

La preocupación de Fontaine por las bajas pensiones es nula, limitándose a mencionar que el encargado de hacerse cargo de este problema es el Estado, ente al que al mismo tiempo califica como profundamente corrupto. Su preocupación mayor es dejar en claro que no es un problema de los afiliados, separándolos del Estado, que debe limitar su rol a proveer pensiones a aquellos que, por ahorrar poco, obtienen bajas pensiones. Así, la campaña aleja al Estado del núcleo del esquema, dejando al sistema previsional básicamente como un contrato privado entre AFP y trabajador, en el cual se deben enmarcar todas las transferencias monetarias. Cualquier otra transferencia, entre trabajadores o entre trabajadores y el Estado, es un robo, una interrupción dañina en una relación justa entre el cliente (afiliado) y el proveedor de un servicio (AFP), lo que se refleja muy claramente cuando compara al actual sistema con una cuenta de BancoEstado.

Queda en evidencia así la profunda raíz ideológica detrás de esta iniciativa que, para impedir el avance de eventuales reformas profundas al sistema, pretende a través de la desinformación denostar al Estado y especialmente generar miedo en los afiliados hacia cualquier sistema con componentes colectivos. Porque Fontaine sabe que sigue existiendo una gran dificultad para avanzar, la concepción individualista de la previsión que el sistema de AFP ha implantado en los afiliados, las que son fáciles de exacerbar con campañas como esta, especialmente cuando el mensaje perpetuo de las administradoras ha sido la propiedad de cada trabajador sobre lo aportado.

La campaña de Fontaine muestra la férrea defensa que realizará la derecha de uno de los pilares de su modelo, el sistema de AFP, y una de las herramientas a la que apelará, el individualismo como contraposición de lo colectivo. Frente a ello, tenemos la dura tarea de lograr que el sentimiento expresado en la calle por el movimiento “No más AFP” se refleje también en la renovación de la fe en lo colectivo, en el consenso en que la solidaridad no es que “te están cagando” y finalmente en el entendimiento de que la seguridad social sí implica costos en términos individuales, pero que se compensan con creces con la generación de garantías de bienestar para todos los miembros de nuestra sociedad.


Magíster en Análisis Económico