Justicia falla a favor de hermanos Juan Carlos y Javier Mariñan por porte ilegal de armas

En fallo unánime, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete resolvió absolver a los hermanos Juan Carlos y Javier Mariñan, comuneros de la comunidad María Colipi, por la acusación de porte ilegal de armas que sostenía la Fiscalía en su contra desde hace 10 meses. Desde entonces estaban en prisión preventiva.

Ambos fueron absueltos del supuesto porte municiones y Juan Carlos fue absuelto de la acusación de tenencia y porte de armas. «Se da la paradoja en que en la medida que se endurece la ley de control de armas, más comuneros aparecen con armas y sorprendidos por efectivos de la Sipolcar, los mismos que siempre salen a patrullar curiosamente encuentran comuneros con armas. Nuestros representados en ningún caso andaban con municiones ni armas», asegura a El Desconcierto Javier Pereira, su abogado.

Por su parte, Javier Mariñan sí fue condenado por la tenencia de un arma hechiza. «No creen en lo de municiones, tampoco se acredita el porte de uno de los peñi, y sin embargo sale condenado un peñi por el hecho del arma hechiza, que a todo esto tiene una pena más alta por la Ley de Control de Armas. Hay una paradoja”, dijo Nelson Miranda, abogado de Javier a El Ciudadano. 

La defensa, eso sí, presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, por lo que solo quedará con la medida cautelar mínima de arresto domiciliario nocturno.

Una situación polémica que se vio en el juicio tuvo relación con los efectivos del Servicio de Inteligencia Policial de Carabineros (Sipolcar), principales testigos de la Fiscalía. Tras el rechazo a la petición de declarar tras el biombo, lo hicieron caracterizados: con peluca y lentes.

«Fue una solicitud de la Fiscalía aludiendo entre otras cosas la honra de los funcionarios a raíz de las publicaciones en redes sociales. Dentro de sus competencias, Fiscalía puede caracterizar a sus testigos. Nosotros lo creemos innecesario, sin duda», comenta Javier Pereira.

Los funcionarios son los tenientes David Gaete y el cabo Víctor Jara. El oficial que realizó el supuesto incautamiento de armamento, Nicolás Concha, no se presentó a declarar. Todos ellos han sido acusados por distintas comunidades de un constante abuso policial y torturas.