Desde 2013, año en que el sector de Aseo y Ornato protagonizó una manifestación a nivel nacional, nuestro sindicato en Valdivia ha ido acumulando experiencia en torno a una de las problemáticas más importantes del mundo laboral chileno: el subcontrato. Como muchos y muchas trabajadores y trabajadoras en Chile, quienes nos desempeñamos en Aseo y Ornato de Valdivia lo hacemos bajo esta figura, específicamente, mediante el sistema de provisión de personal, donde la infraestructura e indumentaria del servicio pertenece a la Municipalidad. Sin embargo, el personal es “provisto” por una empresa contratista, y en el caso particular nuestro, a cargo del empresario Fernando Hales Chabán.

Si bien Hales es nuestro empleador directo, en innumerables ocasiones hemos recurrido a la municipalidad para resolver problemáticas de nuestras condiciones laborales. Esto se ha transformado en una constante realización de negociaciones entre el sindicato y la municipalidad (la mandante) de forma directa, por ejemplo, para incidir en las bases de la licitación. El último caso ocurrido de este fenómeno es bastante decidor, por lo que vale la pena detallarlo.

El 27 de septiembre de 2016 nuestro sindicato interpuso una demanda laboral por despido injustificado de 5 trabajadores, esta fue dirigida en contra del empleador y en forma solidaria o subsidiaria en contra de la Municipalidad de Valdivia. En primera instancia el Juzgado de Letras del Trabajo dictaminó que al regirse la relación laboral de los trabajadores por un contrato de plazo fijo y al estar este vencido, correspondía dar lugar al despido justificado. A pesar de esto, junto a nuestro abogado impusimos un recurso de nulidad en la Corte de Apelaciones de Valdivia, la que falló a favor de los/as trabajadores/as. Esta argumentó que, si bien los contratos eran a plazo fijo, las obligaciones de los trabajadores se habían seguido ejecutando posterior a la fecha de término de estos. Transformándose así automáticamente en indefinidos por aplicación del principio de la continuidad de la relación laboral, y por tanto, declarando el despido como injustificado. De esta manera, el fallo obligó a la empresa contratista y a la municipalidad como subsidiaria, a pagar las indemnizaciones por concepto de aviso previo, años de servicio, feriados proporcionales y los aumentos legales por haber mal invocado la causal de despido.

Esto marca un precedente en el escenario nacional de las relaciones laborales. Reconoce la responsabilidad del municipio con trabajadores externalizados, sentando una línea jurisprudencial asumida por los máximos tribunales del país de protección hacia la parte más débil en una relación de flexibilización laboral. Este aspecto podría estudiarse en el caso de trabajadores externalizados del servicio público, con contratos a honorarios y a plazo.

Ahora bien, el municipio gasta alrededor de 100 millones de pesos al mes para que una empresa externa “administre” sus camiones, indumentaria, infraestructura y contrate gente para utilizarla. Si a esto agregamos que debemos negociar con la municipalidad las mejoras salariales en condiciones laborales que nuestro empleador se niega a proveer, y que esto además es algo que el mismo empleador propicia cada vez que se le exige algo ¿Quién es realmente nuestro verdadero empleador? El empresario recibe fuertes sumas de fondos públicos para hacer muy poco y además la municipalidad se encarga de interceder económicamente a su favor para evitar conflictos laborales con sus trabajadores. La situación, a lo menos, llama a estudiar la vinculación de la municipalidad con la empresa contratista, ya que la relación fraudulenta entre política y empresarios no ha estado exenta del “negocio” de la basura.

Hoy nuestro sindicato se encuentra en una huelga legal. Esta medida se tomó tras no llegar a acuerdo con Fernando Hales, quien solo ofreció el piso de la negociación anterior como última oferta. Al regir este proceso el recientemente reformado libro cuarto del Código del Trabajo, la ley faculta a la empresa mandante (la municipalidad en este caso) para contratar los servicios de una empresa distinta en el caso de que los trabajadores de la empresa contratista original llevan a cabo una huelga, ejerciendo esta como rompehuelgas de las y los trabajadores movilizados. Así el plan de contingencia de la municipalidad ha llamado incluso por los medios a gente cesante a acercarse a las oficinas de la OMIL, con el fin contratar personal para realizar nuestras labores. Con esto, no solo se elimina o merma la presión ejercida por la huelga con el cese de la recolección de basura, sino que además la ley exime a la empresa de las multas por no cumplir con el contrato de prestación de servicios.

En este adverso escenario y a pesar de que la ciudadanía ha manifestado un fuerte apoyo a nuestro sindicato, la negociación se mantiene congelada. Hales se niega a proponer una nueva oferta. En este contexto donde la legislación exacerba las asimetrías de las relaciones laborales en favor de los empresarios, será necesario evaluar medidas que vayan cercando los problemas de fondo. Si el 2013 se pensó que el horizonte de batalla era lograr acuerdos para que las municipalidades aumentaran los salarios vía bases de licitación, hoy creemos que esto no es sino seguir subsidiando el negocio de unos pocos. Queremos terminar con el subcontrato, ser funcionarios funcionarios públicos, pues es lo que realmente somos. Pero si nuestras condiciones laborales hoy dictaminan que es la empresa contratista nuestra real empleadora, entonces es tiempo que don Fernando Hales asuma sus responsabilidades y deje de lucrar a costa de fondos que pertenecen a todos los chilenos y chilenas.

Por el fin del Subcontrato

¡Arriba las y los que luchan!