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No sólo Ricardo Rincón: 5 candidaturas parlamentarias de la DC en las que se debería haber aplicado el «estándar ético»

Por: Paula Aguilera | Publicado: 03.08.2017
No sólo Ricardo Rincón: 5 candidaturas parlamentarias de la DC en las que se debería haber aplicado el «estándar ético» |
Ante el anuncio del veto de Carolina Goic a la candidatura de Ricardo Rincón a la Cámara de Diputados a causa de su condena por violencia intrafamiliar, en El Desconcierto recordamos otras postulaciones al Congreso que han puesto en entredicho a la Democracia Cristiana.

Luego de la expectación que generó su «período de reflexión», que duró varios días, la mañana de este jueves la candidata presidencial Carolina Goic confirmó que continuará en su carrera a La Moneda, y anunció que como presidenta del partido vetará la candidatura de Ricardo Rincón. 

La polémica estalló el fin de semana pasado. La Democracia Cristiana realizó su Junta Nacional y, en el encuentro, a través de una votación, el partido decidió respaldar la repostulación del diputado Rincón al Congreso, a pesar de la condena de 2002 en contra del parlamentario por violencia intrafamiliar hacia su ex pareja.

Su candidatura se encontraba cuestionada, especialmente por Goic, quien en reiteradas ocasiones señaló que prefería que «diera un paso al costado» y apuntaba al estándar ético y moral de los representantes del partido.

La decisión del fin de semana del partido desató una serie de renuncias, como la del diputado Sergio Espejo, quien dejó la vicepresidencia y militancia del partido; de María Luisa España, quien se desempeñaba como subdirectora del Sernameg y que aseguró que con la decisión el partido demostró «no valorar los derechos y la dignidad de las mujeres»; y los diputados de la coalición (excepto Ricardo Rincón) pusieron sus puestos a disposición de Carolina Goic.

De este modo, Goic explicó que su decisión se basa en que «hoy hemos elevado el estándar ético y ese es un triunfo de la ciudadanía (…) Debemos ser intolerantes a los abusos y las malas prácticas». Además, nombró al abogado Patricio Zapata para asesorar a la mesa del partido en el análisis de las listas parlamentarias.

Ricardo Rincón no es el único parlamentario o aspirante al Congreso de la Democracia Cristiana que se encuentra cuestionado, y en El Desconcierto te mostramos 5 casos al interior del partido que se han visto en vueltos en procesos judiciales y cuyo estándar ético se encuentra en duda.

1. Jorge Pizarro

El representante de la circunscripción 4 (Coquimbo) es el que enfrenta el panorama judicial más complicado, luego de que el pasado 12 de julio el fiscal Pablo Gómez presentara una solicitud de formalización contra él y el senador Fulvio Rossi (ex PS), en el marco de las investigaciones del caso SQM. Ante ese escenario, Pizarro decidió congelar su militancia en el partido.

La Fiscalía le atribuye delitos tributarios reiterados durante los años 2011 y 2012, realizados para recibir dineros de parte de la minera no metálica y que siguieron el esquema de triangulación de recursos a través de la empresa de sus hijos, Ventus Consulting. Se señala que en ese período, Jorge y Sebastián Pizarro Cristi emitieron 11 boletas falsas –por servicios no realizados– a SQM por $45 millones, dinero que tenía como propósito financiar de forma irregular la campaña del senador.

Sobre Jorge y Sebastián Pizarro ya existe una querella del SII. El último fue formalizado el 31 de agosto de 2016 por delitos de emisión y facilitación de facturas ideológicamente falsas, además de omisión maliciosa en la declaración de impuestos. En el caso del senador, su audiencia de formalización está fijada para el próximo 16 de agosto.

2. Roberto León

El diputado, quien representa al distrito 36 (Región del Maule), también está involucrado en el caso de financiamiento irregular de la política. En la investigación del caso SQM figuran 63 boletas por un total de $157 millones emitidas entre 2009 y 2014 a la minera por su hijo, Roberto León Araya, quien fue formalizado en agosto de 2016 por delitos tributarios junto con los hijos de Pizarro.

Roberto León Araya reconoció que SQM le realizó pagos mensuales de $2.500.000 durante el período señalado por trabajos inexistentes, pero que los usó «para los gastos que generó la enfermedad de mi señora» (Diana Ricketts), quien estuvo afectada de un cáncer y que finalmente falleció en marzo de 2014, y que no tenían relación con la campaña de su padre.

En esa oportunidad, León Araya además explicó que quien fue clave en su vínculo con la minera fue el diplomático Marcelo Rozas, quien es militante DC y era asesor permanente de Julio Ponce Lerou y Patricio Contesse -entonces controlador y gerente general de SQM respectivamente-. «Rozas hacía asesorías a SQM (…) Yo presté ese servicio los 2 primeros meses, los meses de junio y julio del 2009, y después dejé de prestarle los servicios», dijo, y agregó que le llamó la atención que la minera continuara con los pagos, pero pensó que tenía relación con la enfermedad de su esposa.

Sin embargo, las indagatorias del caso SQM hacia el parlamentario no han finalizado y en febrero de este año, la fiscal Carmen Gloria Segura envió tres oficios a los bancos Santander, BBVA y Scotiabank para que remitieran antecedentes del diputado León sobre los tipos de productos y operaciones que tiene.

3. Marcela Labraña

La ex directora del Servicio Nacional de Menores (Sename) busca ser candidata a diputada por el nuevo distrito 12, que une a La Pintana, Puente Alto y La Florida. Sin embargo, su postulación está en cuestión debido a su paso por la institución y su salida, que se gatilló luego de la muerte de Lissette Villa en uno de los centros del servicio, cuando afirmó que la menor había «muerto de pena» y descartó que las maniobras de las funcionarias tuvieran alguna relación.

Hoy Labraña enfrenta un proceso judicial por las muertes de menores mientras dirigía el organismo y, además, fue señalada en el informe de la comisión investigadora del Sename II como una de las responsables de la profundización de la crisis del organismo.

4. Iván Fuentes

El diputado se hizo conocido como vocero de las manifestaciones del movimiento social de Aysén en 2012, y luego se convirtió en uno de los representantes de la zona en el parlamento. Sin embargo, en junio de 2016 se reveló que mientras se desempeñaba en dicho rol y al lanzar su candidatura en 2013, Fuentes recibió financiamiento de Fipes, la principal agrupación de pesqueras industriales de la zona.

El pago ascendió a $1.500.000 mensuales desde mayo a diciembre de 2012 y parte de 2013, además de pasajes para viajar desde Coyhaique hacia Santiago para asistir a sesiones en el Congreso. A esto se suman los pagos que habría gestionado el senador Patricio Walker para la posterior candidatura a diputado del dirigente. Esta entrega de fondos se dio en medio de la discusión de la Ley de Pesca, donde el actual diputado Fuentes participó de la discusión en su calidad de líder gremial.

Frente a estos antecedentes, la Fiscalía Nacional abrió una investigación para indagar presunto cohecho en la tramitación de la Ley de Pesca y delitos tributarios por los aportes de las pesqueras. Sin embargo, el pasado miércoles 2 de agosto el fiscal regional de Aysén, Pedro Salgado, comunicó su decisión de cerrar las indagatorias contra Fuentes –y así sobreseer la causa– debido a que no se encontraron antecedentes suficientes para levantar cargos en su contra.

5. Patricio Walker

Walker comenzó a ser indagado luego de que se conociera el caso de Iván Fuentes, y se le atribuye la gestión de aportes pesqueras en favor del diputado. De este modo, las investigaciones buscaban determinar si el senador por Aysén había estado involucrado en un caso de presuntos aportes ilegales en el caso Fipes.

En enero, la Corte de Apelaciones de Coyhaique anunció su decisión de sobreseer a Patricio Walker, es decir, finalizar las indagatorias sin levantar casos en su contra ya que –según detalla el fallo– los hechos que se le imputaban no tenían carácter de delito, y el sobreseimiento luego fue ratificado por la Corte Suprema.

Sin embargo, la sentencia fue cuestionada por la contraparte.»El tribunal de Aysén no agotó la investigación en contra del senador Walker», sostuvo Hernán Cortés, presidente de Fenaspar Chile, organización querellante en el caso Fipes.

El dirigente afirmó que aún existían importantes diligencias pendientes, como el peritaje de la cuenta de mail de Walker. En diciembre de 2016 el senador denunció que hace algunos meses «alguien» ingresó a su cuenta de Gmail y borró casi la totalidad de los correos electrónicos allí contenidos. 

Según consta en la carpeta investigativa, el parlamentario se contactó con Google el 14 de julio de 2016, para recuperar sus correos y la empresa remitió un formulario. Sin embargo, Walker no respondió a la compañía.

Foto: Agencia Uno

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