En medio de la polémica de las asesorías copy-paste descubiertas en el Senado y la Cámara de Diputados, hoy una nueva información da cuenta de cómo los parlamentarios operan sin rendir cuentas a nadie.

Eso porque el presidente y el vicepresidente del Senado disponen de $18 millones de pesos para contratar asesorías adicionales, las que no tienen que rendir cuentas ni informes. Es decir, son asesorías adicionales al equipo parlamentario y a las asesorías externas, que sí tienen que dar cuenta de informes. Esas son precisamente lo que el Senado se niega a entregar a la Fiscalía.

Esto es así desde una circular emitida el 25 de septiembre de 2011, cuando la presidencia del Senado estaba en manos de Guido Girardi (PPD). “El presidente y el vicepresidente del Senado pueden contratar personal de apoyo para el desempeño de sus funciones, con un límite máximo mensual de $10.013.290, para la presidencia y de $ 7.986.011 para la vicepresidencia”, dice el documento, citado en La Tercera.

“Para los efectos de la determinación de las asignaciones parlamentarias, se precisa que no constituyen gastos asociados a ellas: a) los recursos que se destinan para el funcionamiento de la Presidencia y Vicepresidencia del Senado, por constituir ellos gastos propios del desempeño de representación, de dirección y de funcionamiento de esa Corporación”, continúa.

Es decir, estas personas firman un contrato para ser remunerados, pero no deben presentar informes que respalden sus servicios ni son sujeto a auditorías del Comité de Auditoría Parlamentaria.

Se trata de asesores “primer nivel”. Uno de ellos fue el actual subsecretario de Interior Mahmud Aleuy (PS), quien figuró en dicha posición mientras el senador Camilo Escalona (PS) lideró la corporación.

“Cuando yo fui presidente del Senado, necesitaba a alguien que me ayudara en la gestión política de mi gran esfuerzo en ese tiempo, que fue abrir un diálogo sobre la desigualdad, un diálogo sin exclusiones y que debía incluir al empresariado. Para hacer ese esfuerzo político de primer nivel, para abrir puertas, para redactar las bases, yo contraté a Aleuy. Estando en la oposición los partidos tenían posibilidades. No había ninguna razón para financiar una estructura con la plata de Ponce Lerou”, dijo el propio Escalona en una entrevista con La Tercera el año 2015, a propósito del caso SQM.

Otro asesor estrella fue Robinson Pérez, ex jefe de asesores del ex ministro de Interior Rodrigo Peñailillo. En su caso, trabajó con el ex vicepresidente del senado Jaime Quintana (PPD), justo después de que salió de su cargo en el gobierno por el caso SQM.

Cámara critica silencio del Senado

La polémica de las asesorías externas generó un inédito conflicto entre ambas ramas del poder legislativo.

Ayer, el presidente de la Cámara de Diputados Fidel Espinoza (PS), instó al Senado a entregar toda la información requerida por la Fiscalía. El parlamentario citó a la Nueva Reforma Procesal Penal, la que establece “que nosotros, como entes del Estado nos vemos en la obligación, cuando el Ministerio Público requiere información como esta que tiene un carácter público, de entregarla”.

“Nosotros actuamos en sintonía con aquello. Bajo la premisa de que el que nada hace nada tema, si hay parlamentarios que hayan mal utilizado recursos de las asesorías externas, tendrán que responder“, aseguró.

Además, anunció que eliminarán del Registro de Consultores “a todos aquellos asesores de consultorías externas que hayan cometido actos de falta a la probidad o de falta de ética”.

Presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza (PS)