Proceso independentista catalán: ¿El fin de los pactos de la transición española?

La Constitución del 1978 se ha convertido en los últimos meses en la piedra angular sobre la que el Estado español justifica la imposibilidad de llevar a cabo un referéndum legal y vinculante en Cataluña para dar respuesta a una demanda que hoy respalda el 80 por ciento de la sociedad catalana: el derecho a decidir seguir siendo o no una región de España.

El conflicto entre ambas partes, hoy más escalado que nunca, pone en jaque los acuerdos que sellaron las fuerzas políticas españolas que emergieron como las grandes garantes de la transición tras la dictadura de Francisco Franco. A partir de los años ’80 el Parido Popular (PP), hoy liderado por Mariano Rajoy y en aquel entonces conocido como Alianza Popular, y el Partido Socialista, encabezado entonces por Felipe González, se encargaron de mantener el pacto transicional del ’78 amparados por la dinámica del bipartidismo.

En Cataluña, el acuerdo de la transición se forjó entre las élites españolas y sus homólogas catalanas: grandes empresarios, la banca, la Iglesia, etc. Los poderes fácticos regionales y centrales sellaron la fórmula para amarrar una Constitución que protegiera sus intereses y silenciara las atrocidades de la dictadura. A través de una amnistía que dio carta blanca a los violadores de derechos humanos y altas dosis de amnesia histórica, se puso en marcha un nuevo régimen para caminar hacia una democracia que mantuvo el orden económico, judicial y político. Una forma de hacer que en Chile resulta muy familiar.

Después de 17 años de pinochetismo, las fuerzas políticas de la Concertación también aceptaron una transición pactada y asumieron como propia la institucionalidad impuesta por la dictadura, basada en la impunidad, la continuidad del modelo y las políticas neoliberales. La herencia de este período se mantuvo en la mercantilización de la salud, las pensiones y la educación; la destrucción de los derechos laborales y del sindicalismo; las dificultades para modificar la Constitución, sólo posible con el aval de dos tercios de los diputados; o la recolocación de Pinochet al frente del ejército durante otros ocho años, tras los que asumiría como senador vitalicio.

¿Es casual que ambas experiencias postdictatoriales siguieran procesos tan similares? El experto en Derecho y Relaciones Internacionales Celestino del Arenal Moyúa en su libro “Política Exterior de España y Relaciones con América Latina” (Fundación Carolina y Siglo XXI, 2011), da pistas de los vínculos que se establecieron entre ambos países: “El apoyo español a la recuperación democrática de Chile se puso especialmente de manifiesto con la visita que Felipe González [entonces presidente de España] realizó a este país, los días 11 y 12 de marzo de 1990, para asistir a la toma de posesión del presidente Patricio Aylwin y en el hecho de que firmase con el nuevo presidente chileno una carta de intenciones que preveía la conclusión de un Tratado General de Cooperación y Amistad”, escribe.

De hecho, el caso español no fue un modelo sólo para Chile, sino que sirvió de ejemplo en toda América Latina para dejar atrás las dictaduras militares que golpearon la región a partir de mediados del siglo XX. En un artículo publicado en El País este fin de semana, varios académicos e intelectuales latinoamericanos expresaban esta idea:

“La transición española fue el modelo que siguieron las latinoamericanas. Si España podía nosotros podemos, nos dijimos”, decía el historiador mexicano Enrique Krauze. “La transición española fue un ejemplo para América Latina, queríamos hacer los Pactos de la Moncloa acá, teníamos una visión fantástica de ese proceso. Coincidió con una política muy activa de Felipe González hacia Latinoamérica”, señalaba la intelectual argentina Beatriz Sarlo.

Una crisis en toda España

¿Hasta qué punto el conflicto entre Cataluña y el Estado español cuestiona el régimen del 78? ¿Qué tan terminal es el punto en el que se encuentran hoy las relaciones entre ambas partes? ¿Es un no retorno al llamado sistema de las autonomías (tal y como se conoce la organización territorial de España, basado en cierta autonomía y competencias para las nacionalidades y regiones que la integran)?

El Desconcierto, desde Barcelona, conversó con dos reconocidas voces que vivieron de primera mano el proceso de la transición española para tratar de dar respuesta a estos interrogantes.

Marina Subirats es catedrática emérita de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Durante parte del mandato de Felipe González (1993-1996) dirigió el Instituto de la Mujer y más tarde fue concejala en la Municipalidad de Barcelona.

/ Captura Youtube

En su opinión, los acontecimientos de los últimos días cuestionan claramente la Constitución del 78. “Tenemos unas generaciones nuevas que crecieron en democracia y que no se sienten comprometidas con la transición porque cuando ellas llegaron esto ya había pasado, no saben lo que costó”, opina Subirats.

Para ella, esa objeción, que en Cataluña se da “por la vía de la independencia”, se replica también en toda España, donde “se canalizó a través del 15-M y luego con Podemos”.

La académica considera que el conflicto catalán evidenció el “proceso de envejecimiento biológico” del Partido Socialista y criticó su “giro hacia la derecha”, pese a presentarse como “el partido del cambio y la democracia”. Según ella, la socialdemocracia española “muestra hoy incapacidad para negociar, al igual que Mariano Rajoy”, lo que a su juicio es un síntoma más del agotamiento de los partidos tradicionales. Sin embargo, asegura que “al corto plazo, este régimen no desaparecerá porque en España aún existe mucha gente de generaciones más mayores que siguen votando al PP o al PSOE”.

El “sacro” texto

August Gil Matamala es un abogado referente en el ámbito del derecho y el activismo por los derechos civiles. Con una dilatada trayectoria de militancia en la izquierda más social, incluso durante los años más duros del franquismo, fue impulsor de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE). Su análisis se enfoca mucho más en el camino que –a su parecer– transita hoy Cataluña.

/ Captura Youtube

El abogado observa el momento actual como la “culminación de un proceso que ha puesto en cuestión la Constitución del 78 de forma paulatina”. Según él, una parte mayoritaria de la población considera que la Carta Magna “perdió autoridad y que no es legítima”.

Habla de la desafección vivida por una parte importante de la sociedad catalana. Una antipatía que partió en 2010, cuando el Tribunal Constitucional (TC), a través de un recurso presentado por el PP, recortó el Estatuto Catalán previamente aprobado tanto por el Parlamento catalán como por el Congreso español, y posteriormente refrendado por el conjunto de la ciudadanía catalana. “Cataluña vive hoy bajo una situación legal de un Estatuto que no votó”, resume.

El abogado plantea que la legalidad española vigente no puede dar salida a las demandas de autodeterminación porque la Carta Magna no permite la convocatoria de un referéndum sobre la cuestión territorial. Acerca de la posibilidad de modificar el texto para dar respuesta a la demanda catalana, indica que “el texto admite una posibilidad de modificación que en la práctica es absolutamente irrealizable considerando que tiene que pasar por un referéndum de toda España y que el pueblo catalán representa sólo el 15 por ciento del total de la población del Estado”.

Sin embargo, el activista recuerda muy bien como en 2011 el PP y el PSOE acordaron el primer cambio de la norma fundamental en 30 años, que se hizo en un mes, por vía de urgencia y sin referéndum. ¿El motivo? Fijar la estabilidad presupuestaria y sacar pecho ante el Banco Central Europeo que, en plena crisis, había amenazado con una intervención económica. “La Constitución española se toca cuando hay intereses comunes; si no, es como las tablas de la ley grabadas en piedra que recogió Moisés: algo inmutable, imposible de modificar y que está por encima del pueblo y de la voluntad de la gente”, espeta.

«Volver a perder Cuba»

Salvando las distancias, August Gil Matamala compara la respuesta que hoy da el Estado español ante el conflicto en Cataluña con la independencia de Cuba: “España nunca admitió que la isla tuviera ni siquiera una autonomía y mantuvo el principio de que era España”, afirma.

“El gobierno español concedió la autonomía a Cuba al final de todo el conflicto, cuando los cubanos ya se habían declarado independientes y no había forma para imponer la autoridad por vía militar”, relata el experto. Y añade: “Ahora, ante una sociedad que trata de autodeterminarse, se produce una situación similar, tratando de imponer el criterio de la unidad, sin pactos ni diálogo hasta el último momento”.

Matamala destaca la cantidad de gente no independentista que se sumó a las movilizaciones de los últimos días porque quieren romper con “un régimen caducado” y participar de la creación de algo nuevo. “Ven como España se está yendo para atrás en libertades, derechos y garantías; como se convierte en un estado a la turca, autoritario y donde será cada vez más difícil la disensión”, argumenta.

Ante un panorama tan desalentador, el abogado asegura que “la capacidad de autoorganizarse y tomar las calles de forma pacífica llaman la atención de muchos”. De hecho, reconoce que eso mismo termina siendo “peligroso para el estatus quo, la Unión Europea y sus gobiernos de derecha, que ven en la cuestión catalana algo absolutamente nuevo en Europa”.

Al final, para el abogado, la conclusión es una, y va más allá del conflicto territorial que estalló definitivamente en los últimos días: “Tomar decisiones colectiva y pacíficamente preocupa más que la propia independencia de Cataluña”.