Gastos injustificados, pagos excesivos, contratos con falta de respaldo, compras fuera del mercado público y errores en los registros contables son algunas de las 65 irregularidades que detectó la Contraloría General de la República luego de realizar una auditoría a la Universidad de Aysén, y que en total se traducen en cifras que superan los 400 millones de pesos.

La administración del plantel ha generado polémica desde sus inicios. Luego de su creación, en 2014, su primera rectora, Roxana Pey, fue destituida de su cargo a fines de julio de 2016 por sus grandes diferencias con el Mineduc –antes de que la universidad comenzara sus actividades académicas, que se iniciaron en marzo de este año–, y actualmente la rectora de la entidad es María Teresa Marshall.

Sin embargo, Pey no se ha mantenido al margen del desarrollo del organismo, y se refirió a la serie de irregularidades que salieron a la luz. “Me parece preocupante y penoso el resultado que ahora conocemos y creo que la ciudadanía regional debiera exigir mayor corrección y rigurosidad de procedimientos, altos estándares éticos, más transparencia y participación en las decisiones”, señaló a Viento Patagón.

La actual candidata a senadora por la región de Aysén (con apoyo del PC) criticó la decisión de la nueva administración de cambiar el diseño inicial de recibir a 300 estudiantes en nueve carreras y el arriendo de un ex colegio que tenía “un valor muy razonable”, y por el contrario bajar el número de estudiantes y elegir otro espacio para funcionar.

“Fue una decisión muy equivocada. Ese arriendo era un lugar amplio donde había funcionado anteriormente un colegio y cumplía con toda la normativa de infraestructura educativa. Por cierto que era necesario hacer reparaciones y mejoras las que estaban presupuestadas. En cambio, decidieron no usar ese lugar y arrendar otro, por un valor de arriendo altísimo y que no cumple con los estándares de educación”, señaló Pey.

De este modo, la ex rectora afirmó que “donde ‘la U’ funciona actualmente no se debieran realizar actividades con estudiantes y francamente, no sé cómo han conseguido el permiso para hacerlo”. 

“Además, cometieron el gravísimo error –que la Contraloría cuestiona–, de poner fin anticipado a ese contrato del ex colegio sin ir a juicio o avenimiento, donde el juez pudo haber evaluado e interpretado en buena fe un cambio de condiciones. Optaron por un camino improcedente pagando una cifra exorbitante de 92 millones que ahora está cuestionada, con toda razón”, continuó.

El Estatuto de la Universidad de Aysén considera un Consejo Social, que está formado por representantes de la sociedad organizada y que funciona como el principal vínculo entre el establecimiento y la comunidad. Por eso, Pey realizó un llamado a que sus integrantes estén “activos y alerta”. “Es urgente poner atajo a este actuar que puede tener nuevos episodios en lo que se avecina, que es la construcción definitiva del campus de la Universidad de Aysén y que está ya generando cuestionamientos”, afirmó.