a_uno_lorenza cayuhan | /Agencia Uno
Los gendarmes formalizados habrían incumplido una orden expresa del director regional de Gendarmería y del personal médico para liberar a la comunera mapuche durante el parto. Esto no se habría realizado porque dos funcionarias que salieron a comprar por más de 50 minutos tenían la llave de los grilletes.
Los gendarmes Christian Pino, Andrea Concha y Cristina Segundo fueron formalizados por el delito de vejación impropia, tras no retirar las medidas de inmovilización a la comunera mapuche Lorenza Cayuhan durante el parto.
Los tres imputados quedaron con prohibición de acercarse a la mujer, quien dio a luz a su hija Sayén en octubre de 2016 en presencia de un gendarme y con grilletes en una pierna en la maternidad del Sanatorio Alemán. El hecho provocó un sumario en Gendarmería y la investigación del Ministerio Público.
El fiscal Nelson Vigueras explicó que los acusados incumplieron órdenes superiores y tampoco obedecieron la petición de los médicos de retirar los implementos que portaba la mujer. Además, explicó que el gendarme Cristian Pino, a cargo de la custodia de Lorenza, no pudo retirar los grilletes porque las funcionarias Andrea Concha y Cristina Segundo habían salido de la clínica para comprar y ellas tenían las llaves, según consignó Diario Concepción.
«Los funcionarios de gendarmería que custodiaban a la interna que tenía una salud grave, con riesgo para su vida y la de su hijo, incumplieron una orden expresa del director regional de Gendarmería y del personal médico, pero no se realizó porque el cabo pino no tenía las llaves, ya que sus dos colegas salieron por 50 minutos a comprar a un supermercado», sostuvo.
Además, el fiscal descartó el delito de tortura, ya que no habría intención: «Acá lo que ocurrió fue que cuando se pidió retirarle el grillete no se pudo, ya que los funcionarios no tenían la llave a disposición», dijo.
La orden de liberar a Cayuhan durante el parto llegó 45 minutos antes y existe un instructivo de Gendarmería que ordena retirar los grilletes en estas ocasiones. Por su parte, los gendarmes formalizados arriesgan la suspensión del cargo y multas.
Por su parte, el abogado César Ramírez señaló que ellos son inocentes y acotó que «pasó bastante tiempo en que presuntamente llegara una orden para que ellos retiraran las medidas de resguardo, por lo que no hay ningún ilícito. Quienes incumplieron fueron los superiores jerárquicos y no mis representados, acá se está nuevamente cortando el hilo por lo más delgado».
La jefa regional del Instituto de Derechos Humanos, Carolina Chang, aseguró que debería haber más personas formalizadas por el caso y adelantó que solicitarán nuevas diligencias a la Fiscalía.
