Entre 1973 y durante 13 años, el centro Providencia fue el principal recinto clandestino de detención política y tortura de la Región de Antofagasta, en el que operaron agentes de la DINA y la CNI, quienes hacían trabajos de análisis y seguimiento de organizaciones, militantes de izquierdas y dirigentes de la oposición, y por donde pasaron más de cien detenidos.

Actualmente, el edificio tiene la categoría de Monumento Histórico y en el lugar funciona una comisaría; por eso, desde hace varios años, el Ministerio de Bienes Nacionales y Carabineros trabajaban en una mesa técnica para destinar 500 metros del recinto para que fueran administrados por organizaciones de Derechos Humanos como un espacio dedicado a la memoria, instancia en la que los uniformados se habían mostrado favorables a la iniciativa.

Sin embargo, las buenas intenciones quedaron solo en eso ahora que Carabineros anunció que se retractaría de la decisión y que se niega a ceder esa parte del edificio, lo que despertó la molestia de Nivia Palma (Izquierda Ciudadana), la titular de dicha cartera, y que calificó la decisión como “incomprensible”.

“Estábamos pidiendo la exclusión de sólo 500 metros cuadrados, sin tocar a la comisaría, permitiendo que perfectamente pudieran continuar con sus funciones, y ahora nos dicen que no, luego de un trabajo de años de la mesa técnica, con todos los actores: Carabineros, Justicia, Bienes Nacionales, Intendencia, y la agrupación”, señaló.

El trabajo comenzó luego de que en noviembre de 2016 el edificio fuera declarado como Monumento Histórico, por lo que debía ser entregado a través de una concesión gratuita para que fuera administrado como un Sitio de Memoria por la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia- Antofagasta, integrada por víctimas y familiares de las violaciones a derechos humanos ocurridas ahí en dictadura.

Sin embargo, ante la negativa de Carabineros, la posibilidad de que dicho sector del edificio –que fue construido en 1910 por la Congregación de Hermanas de la Divina Providencia y que fue apropiado por agentes militares en 1973– se ve ahora truncada.

Palma recordó que “desde que asumimos como gobierno, y como parte de la política que nos planteó la Presidenta Michelle Bachelet en materia de Derechos Humanos, ese inmueble fiscal fue identificado como parte del trabajo desarrollado por el Ministerio de Bienes Nacionales para recuperar sitios de memoria”.