Fiscalía en picada contra Jaime Orpis: Pide 21 años de cárcel efectiva, la pena más alta solicitada para un político

La mañana de este jueves 15, la Fiscalía Regional del Biobío presentó ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago una acusación contra el ex senador UDI Jaime Orpis con una solicitud de 21 años de presidio efectivo, la pena más alta solicitada contra una ex autoridad del país.

Orpis está involucrado en casos de financiamiento ilegal de la política, específicamente en el caso Corpesca que se inició hace tres años, luego que un asesor de la ex diputada Marta Isasi confesara haber emitido boletas falsas a la pesquera que es propiedad del grupo Angelini.

De este modo, la investigación de la Fiscalía arrojó que entre los años 2009, 2010 y 2013, mientras el senador se encontraba en ejercicio en el Congreso, pidió al entonces gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, un beneficio económico que consistía en una constante entrega de distintas sumas de dinero, que se le hacía llegar a través de boletas falsas emitidas por terceros.

A cambio, Orpis habría comprometido favorecer los intereses de la empresa en las discusiones sobre normativas que se dieran en el Congreso, especialmente en lo relacionado a la tramitación de la Ley de Pesca. En total, los aportes que el ex parlamentario recibió suman más de $233 millones, divididos en pagos mensuales de $4.500.000.

La pena que solicitaron el fiscal regional Contardo y la Jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, se divide en tres partes: por el cohecho se solicitó 6 años de cárcel, por delitos tributarios reiterados 3 años y 1 día, y por fraude al fisco reiterado 12 años de cárcel. Así, la suma de la condena suma 21 años de cárcel efectiva.

Los fiscales además anunciaron que durante el juicio presentarán 228 testigos y 1.100 documentos que sustentan sus acusaciones, y como pena accesoria, además pidieron que se inhabilite de por vida al ex parlamentario para ejercer cargos públicos.

Orpis ejerció como diputado y senador entre 1990 a 2016, año en que fue desaforado por la Corte Suprema tras lo cual el Ministerio Público lo formalizó por cohecho, delitos tributarios y fraude al fisco.