A comienzos de los noventa, el empleo público aún sostenía una gruesa capa de trabajadores que se encontraban en circunstancias medianamente ventajosas en materia de estabilidad laboral, salarios y posibilidades de establecer relaciones laborales formales. Con el tiempo la situación fue cambiando, la estabilidad se fue degradando y ya casi a fines de los 2000 el personal civil a contrata superaba al de planta. Junto con esto, quienes trabajaban como prestadores de servicios o “a honorarios” comenzaban a ser un ingrediente cada vez más contundente de la fórmula precarizadora.

Quien trabaja a honorarios en el Estado cumple las condiciones para ser un trabajador dependiente. En la mayoría de los casos, estas personas firman un contrato o convenio, se someten a órdenes de un superior y deben cumplir horarios y metas establecidas por la jefatura. Cuestiones que no son características de quien se desempeña de manera libre o independiente en su trabajo. A pesar de cumplir los requisitos formales para ser considerados trabajadores dependientes, el Estado prefiere no reconocerlos así y ceder algunos derechos a goteras, por ejemplo, días administrativos o viáticos, pero por lo general asuntos individuales y no colectivos, como el derecho a negociar o a huelga.

Según los últimos datos disponibles en la Dirección de Presupuesto (DIPRES), el neto de personas en situación a honorarios, en el gobierno central, dependientes de ministerios pasó de 29.830 en diciembre de 2006 a 46.475 en diciembre de 2016, si se comparan ambos años, tenemos que el 2016 la cantidad de personas en esta situación representa un 64,1% más que en 2006. Más allá de una medida de ajuste de empleo utilizada por cada gobierno, este formato se ha convertido en una característica estructural del empleo público, pues no corresponde a trabajadores que desempeñan labores puntuales o simples prestadores de servicios.

El Ministerio de Salud es el que cuenta con mayor cantidad de trabajadores en calidad a honorarios. La misma DIPRES, consigna que la cifra llega a las 21.787 personas en diciembre del año 2016. Estas personas se encontrarían principalmente en los Servicios de Salud.

En relación con los demás ministerios y cantidad de personas trabajando a honorarios, tenemos: Educación (4.358), Economía, Fomento y Turismo (3.604), Vivienda y Urbanismo (2.933) y del Interior y Seguridad Pública (2.764) al año 2016.

Las cifras de la DIPRES resultaron insuficientes para la Unión Nacional de Trabajadores a Honorarios del Estado (UNTHE), por lo que esta organización solicitó información complementaria al SII vía transparencia. Con estos datos sobre la mesa, se llega a la cantidad de 350.255 trabajadores a honorarios considerando ministerios, municipalidades, hospitales, universidades y otras instituciones fiscales, al año 2014. La enorme disparidad de cifras entre los datos del SII y DIPRES, llama la atención y muestra abandono institucional sobre la calidad del empleo en el sector público y su medición.

Los grados mínimos de protección a los trabajadores a honorarios han sido ratificados vía acción de la Corte Suprema y luego de varias instancias judiciales. En el máximo tribunal del legislativo, se ha dado lugar a algunas reclamaciones de fuero maternal o pagos vinculados con la relación laboral. Generalmente estas acciones son posteriores al despido, por lo tanto, la paradoja es que para defender sus derechos laborales los trabajadores a honorarios han tenido que ser despojados de su trabajo.

La desprotección llega a ser tal que el empleo con calidad de “contrata” en el Estado, es la nueva forma de “seguridad laboral” a la que pueden aspirar quienes trabajan en el sector público. La contrata es una forma de contratación que consiste en que la persona tiene relación laboral hasta diciembre del año en curso, es algo así como un contrato fijo. La Corte Suprema ratificó hace unos días que estas personas luego de haber tenido renovación por más de dos periodos se entenderían en calidad de relaciones indefinidas por el Estado. Esto mermaría intenciones de poner fin a los contratos sin detallar el motivo.

En décadas pasadas se consideraba que el Estado era “un buen empleador”. Gran parte del mérito sobre esa etiqueta se debió a los propios funcionarios públicos, es decir, trabajadores del Estado, quienes constituyeron sus organizaciones y demandas logrando establecer grados de seguridad laboral y beneficios sociales muy superiores a quienes se desempeñaban como asalariados privados. Esto se ve en la creación de las plazas de planta o el esquema previsional propio, este último otorgaba mejores pensiones para funcionarios del Estado que para obreros privados, aunque esta misma fragmentación era uno de los grandes problemas del esquema previsional pasado.

La organización de quienes trabajan a honorarios y su resistencia ante la inestabilidad laboral, a la prohibición de las relaciones laborales formales, al modelo de AFP y la cotización obligatoria, se puede entender como un conjunto de manifestaciones por la disminución del yugo que el modelo capitalista les impone, no solo a los honorarios, sino a los demás trabajadores, bajo distintas formas y obligaciones que se impulsan mediante la acción de sus empleadores, en este caso el Estado.

Las diversas organizaciones de trabajadores y trabajadoras a honorarios han apostado por el debate abierto con las autoridades y por la acción colectiva. En esta línea, es que, han convocado a una movilización nacional para el día 25 de abril , instancia que una vez más tendrá como protagonista al “boletariado” aquella masa de personas que trabaja, y que en algunos casos se ha organizado para negociar, persiguiendo el objetivo de frenar, desde su espacio laboral cotidiano, la estrategia capitalista de degradación estructural del empleo que se ha venido dando hace algunas décadas en Chile tanto en el sector público como privado.


Investigador Fundación SOL